¿Dónde quedó el sector privado?

Recientemente el Gobierno Nacional anunció los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) como instrumentos de planeación para superar la pobreza y la desigualdad y así cerrar brechas entre el campo y la ciudad, mejorando el bienestar de la población rural. Si bien los esfuerzos se han concentrado en la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la focalización en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza ha dejado por fuera algunas regiones igualmente necesitadas. Ahora bien, aunque los PNS y el PDET son ambos producto de la implementación del primer punto de Acuerdo de Paz, que hace referencia a una Reforma Rural Integral (RRI), parece como si en su diseño, con casi cinco años de diferencia, hubieran sido pocas las lecciones aprendidas.

Para la implementación del Acuerdo, este gobierno expidió la Política de Paz con Legalidad, un documento que traza la ruta de las prioridades en materia de construcción de paz y que determina cómo sería el cumplimiento del acuerdo entre 2018 y 2022. Entre ellas, el PDET y los PNS plantean los elementos para dar cumplimiento a los estipulado como RRI. Sin embargo, estos son ejercicios de planeación a mediano y largo plazo en los que no se cuenta con una participación o un rol más destacado del sector privado.

Un primer análisis de PNS dejan ver que la en el largo plazo se espera mejorar condiciones de infraestructura, adecuación de tierras, electrificación, conectividad, salud, educación, vivienda y agua potable y saneamiento básico, y garantía del derecho a la alimentación. Todos elementos importantes en términos de cierre de brechas. Ahora, a la hora de pensar en la sostenibilidad y crecimiento de estás regiones como mercados hay elementos también hay elementos destacados que incluyen estímulos a la producción agropecuaria y asistencia técnica, crédito, subsidios, generación de ingresos, mercadeo, asociatividad y formalización laboral. Aún cuando esto es un objetivo de los PNS, igual que en el PDET, no es claro cómo el sector privado puede impulsar su implementación.

Teniendo en cuenta que, pese a la crisis por la pandemia sostenida durante 2020, en los municipios PDET el crecimiento en la creación de empresas fue de 0,25% entre 2016 y 2020. Un crecimiento marginal pero positivo. Mejor aún resulta que en ese mismo periodo el recaudo de impuesto de industria y comercio (ICA) creció 25,3% pasando de recaudar $328.10 millones de pesos en 2016 a $411.236 en 2020. Es importante señalar que en la medida en que se impulse al tejido empresarial y que haya nuevos negocios en las regiones, las regiones podrán contar con los recursos para financiar, por lo menos en parte, iniciativas consignadas tanto en el PDET como en los PNS.

La incluir al sector privado en la ejecución de los planes de implementación del acuerdo, desde las regiones, no solo facilitaría la tarea del Gobierno Nacional, también promovería el fortalecimiento de los territorios. Esto teniendo en cuenta que, si bien el PDET se construyó desde las regiones, incluso a nivel veredal, los PNS por su parte se configuran más como compromisos de instituciones nacionales como ministerios, consejerías y agencias del Gobierno. Si bien ya hay PNS adaptados por la vía de resoluciones ministeriales, para el Gobierno Nacional se recomienda considerar la disposición del sector privado para involucrarse en iniciativas de construcción de paz.

Lo anterior considerando en que en la medida en que se fortalezca el tejido empresarial en las regiones, aumentan las posibilidades lícitas de generación de ingresos tanto para las personas como para las administraciones locales, mejorando las posibilidades de participar de las inversiones en sus procesos de estabilización. Por su parte las empresas grandes, con rubros de inversión social y que también han manifestado su intensión de ser parte de estos procesos, requieren de un acompañamiento para explorar los PDET como mercados. La transferencia de conocimientos, iniciativas productivas y la posibilidad de generar encadenamientos son parte del aporte en aras de cumplir con el objetivo de cierre de brechas de los PNS.

Así las cosas, pensando en la planeación de implementación de la RRI, consignada en el PDET y en los PNS, ¿qué esperaría el Gobierno del sector privado? ¿Qué alternativas tienen las empresas para involucrarse? Asumiendo una implementación efectiva durante los próximos 15 años, ¿serán las regiones PDET mercado productivos, sostenibles y atractivos para la inversión privada?