Las empresas poseen el potencial de convertirse en agentes activos en la promoción de la paz

El reciente anuncio sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y la Unión Europea en temas fundamentales como la paz, la migración y el medio ambiente representa un paso significativo hacia la consolidación de un proceso vital para el futuro del país. Este respaldo, con una asignación de 2,5 millones de euros destinados a respaldar los diálogos en el marco de la política de Paz Total, subraya la importancia de forjar alianzas internacionales sólidas para avanzar en la construcción y sostenibilidad de la paz en Colombia. 

La construcción de la paz es un proceso en evolución que demanda un compromiso constante y la participación de diversos actores sociales. Aunque el Acuerdo de Paz con las FARC representó un hito histórico, sus años posteriores también han puesto de relieve la necesidad de acciones continuas para garantizar su efectividad a largo plazo. Esta responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino en toda la sociedad colombiana y en los sectores de desarrollo, incluyendo el empresarial. 

Es crucial reconocer que el sector privado desempeña un papel esencial en el proceso de construcción de la paz, pero para que pueda hacerlo efectivamente, necesita un gobierno que apoye y fomente su participación.  

Más allá de la función tradicional del sector privado en la economía, las empresas poseen el potencial de convertirse en agentes activos en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible, como lo destaca la ex ministra de Justicia, Mónica de Greiff. Sin embargo, este papel solo puede ser plenamente realizado si el gobierno crea un entorno propicio que ofrezca incentivos para que el sector privado invierta en proyectos que promuevan la paz y el bienestar social. 

El sector privado debe ser parte de las conversaciones sobre el desarrollo de Colombia. Más allá de ser un vehículo para la prosperidad, el gobierno debe ver en el sector privado una garantía para los acuerdos futuros en pro de una ‘Paz Total’. No solo porque las empresas trascienden los periodos presidenciales, sino porque el empresariado ha demostrado su disposición para involucrarse en la implementación de las iniciativas para la construcción de paz. Un ejemplo es el avance que se ha registrado desde 2018 en la ejecución de recursos por parte de las empresas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, alcanzando una cifra de mas de 2 billones de pesos. Estos fondos se han dirigido hacia la realización de proyectos para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos en las áreas más golpeadas por el conflicto. 

La implicación tanto de las grandes empresas como del potencial de crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) en las áreas más afectadas por la violencia y la pobreza será crucial para promover la prosperidad donde actualmente impera la carencia. Esto conllevará a la generación de empleo en zonas donde la equidad social es escasa y a la formalización de empresas en lugares donde la informalidad prevalece.

¿Será el 2024 el año de la implementación del Acuerdo de Paz?

El país recibe por estos días la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la instancia más importante de la organización internacional para, entre otras cosas, hacer seguimiento a los avances en la implementación del Acuerdo con las FARC y la Política de Paz Total del gobierno nacional.

De acuerdo con lo que trascendió de la rueda de prensa ofrecida por Presidencia, se ha perdido mucho tiempo en cada gobierno para la implementación del Acuerdo. En específico, el Presidente Petro evidenció su preocupación frente a cuatro grandes temas: i) el muy lento avance de la Reforma Rural Integral; ii) que no se haya cumplido con el compromiso de verdad judicial, lo cual redunda en más impunidad; iii) no se está realizando una verdadera transformación de los territorios, donde no hay cierre de brechas en temas como tasa de mortalidad infantil, desigualdad social y territorial; y iv) que se reactivó una nueva violencia en los territorios, que ya no tiene que ver con la política sino con las economías ilícitas, lo cual impacta en las cifras actuales de 419 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados.

Al cierre de dicha rueda de prensa, el Presidente Petro indicó que este balance es un llamado de atención para que todo el gobierno, con todo el presupuesto disponible, debe trabajar para reducir la desigualdad social. Y dijo, además, que es el Presidente de la República el “gran coordinador de la paz”.

 Todo esto sucede en medio de un contexto de gran volatilidad política, donde además se presentaron tres hechos importantes:

1. De un lado, el anuncio del gobierno y del ELN de extender el cese al fuego por seis meses y suspender los secuestros con fines económicos.

2. La audiencia pública convocada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en la que las instituciones encargadas de ejecutar el Acuerdo de Paz rindieron cuentas de su gestión.

3. El más reciente evento organizado por el Observatorio de Inversión Privada, en alianza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), sobre incentivos tributarios para la paz y la transformación territorial.

Sobre el primer hecho, celebramos cualquier esfuerzo que en el marco de las negociaciones con el ELN se produzca y permita proteger la vida e integridad de los colombianos. A pesar de las dificultades, la apuesta por la construcción de paz no debe desfallecer y esperamos que recomendaciones como las formuladas por el Observatorio para incorporar al sector privado en las negociaciones puedan tener cabida y llevarse a feliz término.

En esa misma línea, celebramos el monitoreo a la implementación del Acuerdo de Paz que realizan los legisladores, pero también las entidades tanto del sector público como privado, academia y sociedad civil. En ese escenario, desde estas orillas habíamos respaldado el llamado urgente a crear la Alta Consejería para el Acuerdo de Paz, como lo manifestó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Pero también es preciso resaltar que no basta con la entrada en operación de dicha dependencia, sino en que efectivamente se materialicen resultados, para lo cual deben asignarse recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informaba que se está actualizando el Plan Marco de Implementación y se está creando un sistema de interoperabilidad de los recursos, lo cierto es que en diferentes escenarios ha trascendido que se requieren más fondos para alcanzar las metas propuestas. 

Para esto es clave el rol del sector privado, como lo ha manifestado el Observatorio.

Y es justamente este tema el que motivó el reciente encuentro sobre incentivos tributarios para la paz y la transformación territorial, desarrollado en alianza con el DNP el pasado 31 de enero de 2024. Desde el Observatorio hemos recomendado la formulación de un régimen tributario para la reconstrucción de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza, aprovechando experiencias nacionales (como la Ley Páez en el Cauca, el mecanismo de obras por impuestos y las exenciones de impuestos a los municipios ZOMAC, entre otros) e internacionales (como los realizados en Alemania e Irlanda del Norte, por ejemplo).

Este evento, al que acudieron importantes lideres y contó con transmisión en vivo a nuestra amplia audiencia en las regiones PDET[1], promovió una conversación constructiva alrededor de aspectos como la importancia del apalancamiento de recursos y esfuerzos, la generación de transformaciones cuyo impacto pueda efectivamente medirse, la promoción de medidas tributarias que favorezcan la creación y desarrollo de empresas, la descentralización administrativa, la sustitución de economías y la vinculación de empresas y proyectos ancla en las regiones.

El 2024 arranca con bastantes retos y noticias alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual es positivo y permite que continúe siendo un tema presente en la agenda nacional. Sin embargo, lo importante es que dicha importancia se traduzca en acciones efectivas y concretas en los territorios, donde las comunidades perciban los dividendos de la paz y haya un cierre de brechas a nivel social y económico. Desde el Observatorio, empezamos otro año con ese propósito.

[1] Para revivir este encuentro, ver: Observatorio de Inversión Privada (2024), Incentivos Tributarios para la paz territorial, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=REjbYFVHVFE&list=PLnNQ6gEFGjKF4dX4p5Pl4gP5AI3HsKqCh&ab_channel=JaimeArteagayAsociados

Por un 2024 lleno de oportunidades para las regiones y de avance en la construcción de paz.

Concluyó un 2023 marcado por varios momentos propiciados por una nueva agenda de gobierno: el anuncio de una nueva política de “Paz Total” y la revisión de la Corte Constitucional a la Ley 2272 de 2022; los decretos de cese al fuego con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas y las de la Sierra Nevada; la negociación con las disidencias de las antiguas FARC; los diálogos con bandas en el Chocó, Valle de Aburrá y Buenaventura; las discusiones por la implementación del Acuerdo de Paz; el anuncio del ELN y el Estado Mayor Central de suspender el secuestro con fines extorsivos en el país; o los cambios en la estructura de las entidades a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz, por mencionar algunos casos.

Es claro que el gobierno tiene una agenda ambiciosa en temas de paz, lo cual celebramos, y por eso hacemos un llamado a seguir trabajando en la consolidación del ecosistema para la construcción de paz en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia.

Desde su creación, el Observatorio ha trabajado incansablemente para visibilizar el rol transformador del sector privado (que no solo se refiere a las grandes empresas sino a la vasta mayoría de micro y pequeñas empresas en las regiones y a la economía popular) en el cierre de brechas y la construcción de paz. Nuestros indicadores así lo demuestran, y a través de iniciativas como el Índice de Inversión Social Privada de Jaime Arteaga & Asociados (JA&A) hemos podido hacer sinergia para promover diálogos informados alrededor de la inversión social que realizan las empresas más grandes del país en regiones como los municipios PDET y otros territorios. 

Por esto, el llamado a la unión que se extendió en el debate público en 2023, también es aplicable y necesario para el 2024. La paz, que es un anhelo común, es una apuesta en la que se pueden aprovechar y potenciar esfuerzos que desde varios sectores se vienen haciendo. 

En particular, desde el sector privado son múltiples las oportunidades para promover alianzas, iniciativas, buenas prácticas y recursos que permitan impactar positivamente a las regiones. Un ejemplo de ello se encuentra en el hito alcanzado por el mecanismo de obras por impuestos, que logró una ampliación del cupo por 1,1 billones de pesos para 2024 vinculando a 108 empresas en 157 proyectos en municipios PDET y ZOMAC.

Un régimen tributario de reconstrucción para las regiones más afectadas por la violencia en la pobreza sería una muy buena recomendación para la transformación territorial, así como la promoción de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, lo cual ha sido parte de las recomendaciones del Observatorio. Detrás de recomendaciones como esta, o la promoción de las compras públicas en los municipios PDET y el apoyo a sistemas de logística y la asociatividad, se encuentran años de validaciones con nuestros grupos de interés en los territorios.

Por esto, esperamos que el mensaje que hemos logrado canalizar desde el Observatorio siga permitiendo forjar alianzas y tender puentes con el gobierno en 2024, aprovechando también el relacionamiento estratégico de esta iniciativa con otros actores del sector privado, la academia, la cooperación internacional y la sociedad civil.

Nuestra lista de deseos para 2024

Empiezan las festividades que anuncian la culminación de 2023, y mirando hacia atrás, vemos complacidos que cumplimos otro año fortaleciendo al Observatorio de Inversión Privada, llevando nuestros datos y experiencia a los territorios, y promoviendo conexiones y alianzas a diferentes niveles para mantener la apuesta y atención sobre el rol del sector privado como constructor de paz en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia.

Este año, por ejemplo, llegamos a nuevos territorios promoviendo espacios colaborativos de la mayor relevancia para regiones como Arauca, visibilizando sus necesidades y demandas ante el gobierno nacional; participamos activamente en diversos espacios temáticos como la “Cumbre de Inversión Social Privada” y “Soluciones Duraderas para víctimas del conflicto armado”; así como en numerosos encuentros para promover una de las mayores apuestas del gobierno nacional: el mecanismo de Obras por Impuestos.

Todo este despliegue buscaba difundir los datos que en estos años de trabajo hemos consolidado y analizado para producir recomendaciones que permitan la transformación de los territorios de la mano de un actor clave: las empresas, de todos los sectores y tamaños. 

Por eso, para 2024, queremos que como país podamos unirnos en torno a la construcción de paz y la superación de brechas, para lo cual proponemos:

1. Trabajar en una visión estratégica de desarrollo para los territorios:

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz publicó recientemente un informe sobre la Política de Paz Total, en el cual mencionan que, aunque se ha desescalado el conflicto armado, han aumentado los secuestros y las extorsiones, así como los asesinatos y amenazas a reclamantes, líderes de restitución de tierras y de la reforma agraria en regiones como Córdoba, que es uno de los epicentros de la Reforma Agraria. 

Esta situación nos hace temer que el discurso de la paz se enfoque en las cuestiones de seguridad que, si bien son apremiantes, restan atención al desarrollo de acciones diferenciadas de construcción de condiciones habilitantes en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza. 

Una verdadera transformación implica priorizar los ecosistemas productivos y fortalecer capacidades como las de logística y de abastecimiento, para que dichos territorios puedan avanzar en el cierre de brechas. Esperamos que con acciones como la reciente actualización del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), se avance no solamente en el mejoramiento de la infraestructura, sino en aspectos como la conectividad, la competitividad y la reindustrialización.

2. Promover más acciones de fomento diferenciado:

La situación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza en Colombia, sean estos ZOMAC, PDET o territorios de paz, debe abordarse con un enfoque personalizado. Que el Acuerdo de Paz, por ejemplo, haya incluido el capítulo étnico como una dimensión central para entender las raíces del conflicto armado, es un ejemplo tangible de la trascendencia de este llamado a la diferenciación.

Por ello, en dichas regiones deben implementarse acciones diferenciadas para el fomento de sus economías, como nuevas formas de crédito, unificarse la oferta de programas de apoyo empresarial y facilitar las compras públicas con empresas que se encuentren radicadas en el territorio, por mencionar algunos casos. 

3. Generar un régimen tributario para la reconstrucción:

¡Qué gran aporte y cuán beneficioso sería para las regiones que se desarrollara un régimen tributario especial para ellas, pensado en que puedan disponer de alivios y recursos que permitan su reconstrucción! 

Sabemos que desde entidades como el Departamento Nacional de Planeación se promueve la misión de descentralización y que la institucionalidad para la implementación del Acuerdo de Paz busca fortalecer la participación del sector privado, por lo que tiene todo el sentido que se promuevan medidas con un verdadero efecto transformador como mecanismos tributarios que incentiven y compensen los costos a empresas que hacen presencia en las regiones, diseñar un mecanismo de flexibilización y/o apoyo parafiscal a trabajos formales de mipymes en los municipios, fortalecer mecanismos como Obras por Impuestos y Obras por Regalías, o modificar las reglas de compensaciones e inversión ambiental obligatoria para promover soluciones basadas en la naturaleza en territorios en reconstrucción.

Queremos que el 2024 sea un año hito en la implementación del Acuerdo y la construcción de paz para Colombia. Desde el Observatorio seguiremos apostando por la promoción de la inversión privada en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, el diálogo y la concertación para el cese de la confrontación con los grupos armados y el empoderamiento de las comunidades alrededor de proyectos que respondan a sus necesidades y promuevan la transformación de realidades que, tras siete años de la implementación, siguen dolorosamente recordando la urgencia de la paz. 

Políticas, estrategias y proyectos con enfoque de género y priorización de los PDET: un llamado a los nuevos gobiernos locales

A comienzos de octubre, la Real Academia de las Ciencias de Suecia informaba al mundo que la economista estadounidense Claudia Goldin sería galardonada con el Premio Nobel en Economía, por ser pionera en los estudios económicos con enfoque de género. 

Dentro de sus investigaciones, la Profesora Goldin encontraba que en el tiempo abundan los casos que demuestran que, aunque las mujeres están más y mejor educadas que los hombres, persiste la brecha salarial con éstos últimos. Entre sus explicaciones, está la carga mental, la maternidad y los trabajos de cuidado no remunerado, que impiden que las mujeres –que históricamente han tenido a su cargo las labores del hogar- puedan asumir otras actividades o jornadas más extensas.  

Esta investigación ha orientado otros esfuerzos en la región, que refuerzan la necesidad de promover políticas públicas que cierren brechas y promuevan mayores oportunidades para las mujeres.  

Esta demanda ha sido confirmada por el equipo del Observatorio de Inversión Privada en diferentes escenarios y visitas al territorio. Las mujeres son una fuerza dinamizadora de las economías en territorios como los PDET y, sin embargo, la oferta de programas no es diferenciada ni ha logrado producir una verdadera transformación en estas dinámicas. Solo en los PDET, por ejemplo, el Observatorio de Inversión Privada documentó que en 2022 el 52,3% de los microcréditos se otorgaron a mujeres en estas regiones, correspondientes al 44,4% de los montos aprobados.   

En épocas electorales como las actuales, encontramos con sorpresa y a propósito de este tema, que ni la participación femenina en las elecciones regionales es significativa, ni los PDET hacen parte de las agendas programáticas de los candidatos.  

De una parte, de los más de 132.000 candidatos a las elecciones regionales de 2023 en todo el país, menos del 40% son mujeres1. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM/OEA) “se ha constatado que las dificultades que las mujeres enfrentan para acceder al financiamiento de sus campañas electorales es el mayor obstáculo que ellas perciben para una participación política efectiva”2. Esta situación afecta la democracia y perpetúa la discriminación, desigualdad estructural y falta de oportunidades de las mujeres. 

Por otro lado, como lo documentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), de la revisión de 45 programas de gobierno para las elecciones a la gobernación de siete departamentos con alrededor del 60% de municipios PDET, “la implementación de los PDET es ampliamente ignorada por los departamentos”3. Este desconocimiento o falta de interés es una clara señal de alarma para la implementación del Acuerdo de Paz, si se considera que se avecina la revisión de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y que los esfuerzos de las entidades a cargo de la implementación le apuestan a dinamizar los proyectos para estos municipios con recursos que provienen en gran medida del Sistema General de Participaciones. 

Ante la preocupación que generan ambas situaciones, esperamos que la agenda de empoderamiento femenino pueda seguir fortaleciéndose en las regiones, aprovechando experiencias exitosas que el mismo sector privado puede aportar en dimensiones como el favorecimiento de su autonomía económica. Para ello, y para seguir trabajando en la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza, el Observatorio seguirá conversando con las administraciones locales y sus grupos de interés en la promoción del rol del sector privado como actor relevante en la ecuación de la paz local y nacional.  

Pero también, esperamos que los nuevos mandatarios reciban y acojan herramientas como los lineamientos que ha desarrollado el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el marco del Sistema de Planeación Territorial, para que la implementación del Acuerdo de Paz y la política de Paz Total hagan parte de los Planes de Desarrollo Territorial y las apuestas de construcción de paz en el nuevo período que comienzan.  

Nuevo balance y mismas preocupaciones sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz

El equipo del Observatorio de Inversión Privada ha participado activamente en diferentes espacios de encuentro sobre la implementación del Acuerdo de Paz, a propósito del aniversario de la firma de este hito en 2016. Por esto, recibimos con interés el informe de control político multipartidista “Del Capitolio al territorio” realizado por el Congreso de la República. 

Entre los puntos a destacar de la implementación, el informe incluye el mayor control social a los grupos armados y la aceleración en la formalización de la tierra, que se ha servido de acciones como la aprobación de la jurisdicción agraria. Como Observatorio, destacaríamos además que el Plan Nacional de Desarrollo ha incluido aspectos como el fortalecimiento de los esquemas asociativos territoriales para el cierre de brechas socioeconómicas, la promoción de la economía campesina y la economía popular, así como la ampliación de la participación de los empresarios en las compras públicas.   

Pero también, el informe señala que el balance de la implementación no es el esperado. Por ejemplo, se evidenció que, aunque se han incrementado los presupuestos de entidades como la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, la ejecución es baja (menos del 20% en cada una).  

En esa misma línea, las condiciones para la reincorporación se encuentran con diferentes obstáculos, como las dificultades que han reportado los excombatientes para desarrollar sus proyectos de vida en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Sobre este asunto, los indicadores del Observatorio demuestran que el 68,5% de los municipios PDET no tuvieron ningún crédito de vivienda aprobado en 2022 y otro 10,7% de los municipios solo tuvo 1 crédito de vivienda aprobado en 2022. Por la participación que el equipo del Observatorio tiene en Comités Técnicos, así como las validaciones con grupos de interés en territorio, sabemos que las condiciones de precariedad impiden también desarrollar sus proyectos productivos, contar con condiciones de seguridad y tener espacios de cuidado que promuevan la independencia y estabilidad económica con un enfoque de género.  

De igual forma, se consignó en los hallazgos del informe que ha habido un aumento en la violencia en los territorios y persisten las dificultades para reparar a las víctimas y para la reincorporación.  

En el Observatorio hemos llamado la atención sobre el deterioro de la seguridad en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde según nuestros indicadores para 2022, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es del 52,65 frente a 27,09 nacional, siendo Arauca la subregión PDET con los resultados más preocupantes. En lo que respecta a la tasa de extorsiones por cada 100.000 habitantes, el total PDET es de 18,6 frente a 16,9 nacional, y los mayores reportes se registran en las subregiones de Pacífico Medio y Macarena Guaviare.  

Esta información, calculada excluyendo del análisis a los municipios de Valledupar y Santa Marta por el comportamiento diferencial que aportan en los datos de la subregión de Sierra Nevada- Perijá, es consistente con lo documentado por los Congresistas, pero además, refleja una preocupante realidad en las subregiones PDET. 

En una reciente columna de Laura Bonilla de la Fundación PARES1, indicaba la autora que había unas mayores expectativas en el actual gobierno respecto al logro de la paz, y que desafortunadamente, la política de Paz Total no ha contribuido seriamente a la disminución de la violencia. Coincidimos con esta afirmación, y con el llamado a la acción de la columna para tomar decisiones, pues la implementación del Acuerdo no puede quedar diluido en los actuales esfuerzos de negociación con los grupos armados ilegales.  

Deben hacerse más cosas: debe trabajarse con el sector privado como aliado clave en la construcción de paz (que, por cierto, invierte en los PDET cerca de medio billón de pesos en inversión social privada voluntaria y le ha apostado decididamente a mecanismos como obras por impuestos, demostrando su compromiso y potencial transformador para el cierre de brechas en los territorios) y mantenerse la priorización de los PDET para desarrollar acciones diferenciadas de construcción de condiciones habilitantes.  

Solo así, tendremos un verdadero cambio.  

Más allá de ser muchos pensando en los mismos problemas, somos muchos en capacidad de aportar a la construcción de paz

Recientemente, la Doctora Gloria Cuartas, Directora de la Unidad de la Implementación del Acuerdo de Paz, mencionaba en una entrevista1 con el diario El Tiempo que la importancia del Acuerdo implicaba que todos los ministerios, las agencias, gobernaciones, alcaldías y demás entidades respondieran mancomunadamente al desafío de la paz, lo cual implicaba -por ejemplo- entender que su cumplimiento necesitaba no solamente un plan de trabajo o billones de pesos, sino agilizar compromisos técnicos y metodologías para colocarlas al servicio de la implementación del Acuerdo.  

Su oportuna reflexión apuntaba a considerar como un error eliminar la Consejería para la Estabilización y Consolidación, en su momento alegando un “exceso de institucionalidad”, pues ahora se reconoce que el Alto Comisionado para la Paz no puede tener a su cargo la implementación del Acuerdo de Paz y los diálogos con grupos armados ilegales. 

Luego de casi siete años de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de la suscripción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), comenzamos un nuevo mes con una necesaria reflexión sobre la implementación del Acuerdo de Paz y las recomendaciones que hemos difundido desde el Observatorio de Inversión Privada, a propósito de esta reveladora entrevista.  

En diferentes escenarios, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha mencionado la necesidad de recuperar la confianza, de hacer un balance de la implementación, de retomar los PATR y fortalecer la colaboración entre la institucionalidad a cargo de la implementación del Acuerdo, pero también de las organizaciones, cooperación internacional y demás actores que llevamos años haciendo seguimiento y recomendaciones al gobierno nacional. Todos estos son puntos de convergencia con lo que hemos planteado desde el Observatorio de Inversión Privada desde diferentes escenarios, tanto a nivel nacional como local, pues creemos que más allá de ser muchos pensando en los mismos problemas, somos muchos en capacidad de aportar a la construcción de paz y la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza en Colombia. 

Por eso, que “mejorar la articulación en los distintos niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la cooperación internacional” sea un aspecto dentro del Plan Estratégico 2023- 2026 de la ART, es para nosotros muy valioso y un llamado a unirnos alrededor de la implementación del Acuerdo. Cada organización, desde su experiencia, tiene insumos para aportar desde la evidencia al cierre de brechas.  

Desde el Observatorio, por ejemplo, hemos promovido conversaciones alrededor de la necesidad de promover la presencia del Banco Agrario en las regiones, priorizar los ecosistemas productivos que ya existen en los territorios, fortalecer la asociatividad y promover la participación de empresas en los PDET en las compras públicas. Y vemos con agrado que todos estos insumos responden al desarrollo de propuestas planteadas por el mismo Presidente Petro alrededor de la transformación del Banco Agrario, el acceso al crédito y la política de reindustrialización, por citar unos casos. 

Pero además, porque creemos que la paz debe hacerse con el sector privado, donde por tal acepción debe entenderse también al trabajador de la economía popular.   

Sabemos que en este balance de la implementación, el asunto de los recursos es medular. Según la misma ART, “el costo estimado para la implementación de los PDET representaría el 62% de los recursos para la implementación de la totalidad del Acuerdo calculado por el mismo CONPES en $129,5 billones”. Pero de acuerdo con los últimos resultados del Índice de Inversión Social Privada (IISP) de Jaime Arteaga & Asociados, el sector privado ya invierte voluntariamente 489 mil millones de pesos al año. Esta cifra merece mayor atención en la conversación sobre la implementación, pues es un indicador no solo en término de recursos, sino de compromiso e involucramiento de las empresas en territorios como los PDET.   

Por esto, el llamado no es solo a construir sobre lo construido, sino a integrar al sector privado efectivamente en la implementación. Pero no solo en términos de financiación, sino bajo la lógica de que no competimos con la institucionalidad, sino que podemos ser aliados en la desactivación de las causas estructurales de la violencia y el conflicto en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia. 

El storytelling llamado “paz” en la nueva legislatura que comienza

Un ensayo de Omar Rincón, recientemente publicado por la Universidad de Los Andes en la obra “Después del Acuerdo, ¿Cómo va la paz en Colombia?”1, empezaba diciendo que el “Acuerdo de Paz significa la “fundación” del nuevo relato de nación colombiana” y, sin embargo, "no hemos sido comunicativamente capaces de contar ese nuevo storytelling llamado la paz”.

El storytelling, entendido como técnica de comunicación a través de la cual se cuentan historias para transmitir un mensaje, funciona bajo la premisa de que un buen discurso capta mejor la atención del interlocutor. De hecho, según la profesora Jennifer Aaker de la Universidad de Stanford, las personas recuerdan 22 veces más una buena historia que mensajes basados en cifras o hechos[1].

Estamos cerca de cumplir siete años de la firma del Acuerdo de Paz y esta nueva legislatura que comienza debería movernos a materializar ese storytelling llamado “paz”. No solo desde el reconocimiento de los esfuerzos y avances de los gobiernos anteriores y el presente, sino a partir de un balance colectivo que considere el acumulado de tensiones territoriales y a todas las fuerzas económicas y sociales, como lo ha manifestado Gloria Cuartas -directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP).

Esta legislatura comienza con desafíos importantes derivados de las conversaciones con el ELN y las disidencias de las FARC, las apuestas regionales alrededor de la política de Paz Total y el sorpresivo anuncio de nombrar como gestor de paz a un exjefe paramilitar, por citar unos ejemplos, pero también con novedades como el establecimiento de la jurisdicción agraria y rural y el reconocimiento al campesinado como sujeto de derecho y de especial protección constitucional.

Otro balance viene dado por cuenta del primer informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad presentado el pasado 26 de julio en el Centro de Paz, Memoria y Reconciliación en Bogotá. Las recomendaciones son importantes, entre otras, porque son eje central de entidades como la UIAP para aportar a la construcción de la “geografía de la vida y la esperanza” en Colombia[2].

Según el Comité de Seguimiento, hay un cumplimiento parcial de las recomendaciones (se han incorporado 14 recomendaciones, es decir, algo más del 20% del total), empezando por el hundimiento del texto del Plan Nacional de Desarrollo que buscaba que las entidades del gobierno acogieran “progresivamente” las recomendaciones del Informe Final. También indica que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es la institución que tiene a su cargo el mayor número de recomendaciones del Informe Final por implementar, seguido de los Ministerios del Interior y de Defensa.

Por el lado positivo, el Comité destaca la priorización y voluntad del gobierno de poner fin a la confrontación armada a través de la política de Paz Total, los avances en los temas de restitución de tierras, la discusión en el Congreso de iniciativas como la regularización del cannabis de uso adulto, la creación del Ministerio de la Igualdad y el interés por proteger a firmantes del Acuerdo de Paz.

Hacemos un llamado para que el Congreso de la República, como representante de los colombianos, promueva una agenda de reconciliación y paz, de garantías de no repetición e impunidad, de protección de las víctimas y el empoderamiento social y económico de las comunidades que llevan décadas en condiciones de conflicto y pobreza.

Pero el llamado sigue siendo a que, como país, nos unamos alrededor de la convicción de que la paz es no solo un anhelo, sino la oportunidad para que el país sane sus heridas y promueva las grandes transformaciones sociales y económicas que se requieren. Desde el Observatorio de Inversión Privada, creemos que nuestros datos contribuyen a la democratización de la información para todos nuestros grupos de interés y contribuimos así a la implementación del Acuerdo de Paz.

[1] VMware Women's Leadership Innovation Lab de la Universidad de Standford, Harnessing the Power of Stories, disponible en: https://womensleadership.stanford.edu/resources/voice-influence/harnessing-power-stories

[2] Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, La geografía de la vida y la esperanza, el reto de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, disponible en: https://portalparalapaz.gov.co/la-geografia-de-la-vida-y-la-esperanza-el-reto-de-la-unidad-de-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz/12/

Transformación productiva en clave de economía campesina

El pasado 2 de junio se celebró el día del campesino, una fecha para conmemorar la importante contribución e incidencia del campesinado en aspectos como el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad alimentaria, la transformación productiva y la justicia social, por citar unos ejemplos.  

En Colombia existen distintas disposiciones del orden nacional y territorial para proteger la labor de las diversas organizaciones campesinas. Ejemplos de normas del orden nacional son la Ley 160 de 1994, que establece las zonas de reserva campesina como herramientas para la planificación del uso del territorio y la promoción de la economía campesina, o la Ley 731 de 2002, que incluye disposiciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres rurales. 

Más recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 estableció la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, la cual será una instancia de interlocución y concertación para la articulación de políticas públicas con el gobierno nacional, y el apoyo para el fortalecimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, entre otras territorialidades campesinas. 

El Plan también dispone otras cuestiones de interés para el campesinado, como que las entidades estatales pueden celebrar Asociaciones Público - Populares con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria, y que la entidad contratante deberá apoyar y acompañar trámites como, por ejemplo, la facturación electrónica y los registros y certificados fitosanitarios. Adicionalmente, se establece que, en situaciones de emergencia y desastres, las entidades públicas podrán comprar de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Celebramos que este Plan incorpore disposiciones en favor de la transformación productiva y el desarrollo económico de las organizaciones populares, comunitarias y sociales en el campo colombiano. Sin embargo, las acciones que se emprendan deben considerar algunos aspectos que el Observatorio de Inversión Privada también ha recogido a manera de recomendaciones: 

• Hemos insistido en la necesidad de promover mecanismos para ampliar la participación de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, como los municipios PDET, en las compras estatales. Disposiciones como las mencionadas representan una oportunidad para dinamizar las economías de estos territorios y, de hecho, en los encuentros realizados por el Observatorio en los territorios se han expuesto los esfuerzos que realizan los empresarios con entidades como el SENA y las universidades para atraer talento y promover la investigación en temas agrícolas, principalmente.  

• Es preciso el desarrollo de capacidades para el trabajo en la ruralidad y el apoyo institucional para que se conviertan en opciones atractivas para los jóvenes y las empresas que pueden vincularlos. En esa medida, hemos recomendado acciones en ese sentido, como promover esquemas que permitan aliviar la carga parafiscal de las empresas en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. 

• Si bien el desarrollo de ecosistemas productivos tiene una valiosa oportunidad en las actividades agropecuarias, las nuevas generaciones tienen derecho a desarrollarse profesionalmente en áreas distintas que representan una oportunidad para los territorios, como las relacionadas con la industria de servicios (salud, comunicaciones, turismo, transporte, logística, entre otros).  

Para el Observatorio, la economía campesina es un aspecto de interés y estudio por el análisis que realizamos al rol del sector privado como transformador de las realidades en los territorios con la implementación del Acuerdo de Paz y la reforma rural integral, y adicionalmente, por la importancia del campesinado en la política pública de Paz Total. Seguiremos resaltando que las diversas organizaciones populares, comunitarias y sociales en el campo colombiano, y en general la asociatividad territorial, son determinantes para lograr la transformación efectiva de territorios y el cierre de brechas económicas y sociales. 

Diálogos de empresas y paz para el gobierno del cambio

El pasado 21 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del cese al fuego bilateral y temporal en los departamentos de Meta. Caquetá, Guaviare y Putumayo establecidos en el Decreto 2656 de 2022, como consecuencia de lo que se consideró una falta de voluntad de construir paz por parte del EMC- FARC. Con esta decisión, la Paz Total afronta un nuevo desafío, que pone de presente la urgencia de pensar esta política pública con enfoque territorial.

Desde su creación, el Observatorio de Inversión Privada ha insistido en la importancia de implementar la paz desde las regiones y con todos los actores involucrados, particularmente, el sector privado. Por esto, el 2023 empezó para el equipo con el reto de llevar al gobierno nacional, a manera de recomendaciones, el sentir de los empresarios sobre la construcción de paz.

Los Diálogos y la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, otorgaron a departamentos como Arauca un panorama esperanzador, pero la disputa por el control del territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC llevó a un recrudecimiento del conflicto. Precisamente, según los datos del Observatorio y del Monitor de Desarrollo Territorial de Jaime Arteaga & Asociados (JA&A), en Arauca las condiciones de seguridad se han deteriorado al punto que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 fue más del doble de lo reportado en el año 2021. Además, se reporta una cifra alarmante de asesinatos de líderes sociales y la tasa de secuestros también aumentó significativamente para el mismo período.

Hace unos días, El Espectador publicaba una nota sobre el departamento de Arauca y su relevancia en las negociaciones de paz con el ELN, por ser un bastión que desde la década de los ochenta tiene este grupo armado en el territorio[1]. De acuerdo con el mismo medio, los empresarios han evidenciado el hastío de la confrontación entre las FARC y el ELN, el olvido del Estado y las difíciles condiciones estructurales. Según un empresario consultado por el diario, “Si el presidente quiere pacificar el país, eso pasa por Arauca, no hay otra fórmula”.

En el Observatorio coincidimos con esta afirmación.

Bajo la figura de los “Diálogos de Paz entre Empresas”, el equipo del Observatorio inició en Arauca un espacio consultivo y constructivo con el sector privado, que espera replicar en otras regiones del país. Allí, a partir de los datos del Observatorio, se promueven conversaciones informadas para identificar retos y oportunidades y generar recomendaciones para la construcción de paz en el departamento. Dichos diálogos, desarrollados en sus primeras ediciones en los meses de marzo y abril, permitieron documentar recomendaciones a la oficina del Alto Comisionado de Paz, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Directora de la Unidad de la Implementación del Acuerdo de Paz, para que el departamento no quede en las sombras del olvido y se construya el cambio también con los empresarios.

Estos espacios han mostrado la necesidad de una mesa regional y específica para el sector privado que aborde las realidades y dinámicas de todo el departamento para llevarlas a espacios como el de las negociaciones con el ELN. Un resiliente y unido sector empresarial araucano quiere tomar un rol activo en la conversación sobre la Paz Total, y está dispuesto a trabajar por la reconstrucción del territorio, exigiendo garantías de no repetición al gobierno nacional.

Es preciso, como se menciona en el Manifiesto por la Paz Total firmado por académicos y ex negociadores de Paz como Rafael Pardo, Juan Camilo Restrepo, Eduardo Pizarro León-Gómez, Enrique Santos Calderón, entre otros[2], que el Estado garantice el orden público y la no afectación de la población civil, que se implemente integralmente el Acuerdo de Paz, y que continue el apoyo de la cooperación internacional. Los “Diálogos de Paz entre Empresas” representan un espacio valioso para construir consensos y promover soluciones, desde la lógica del sector privado, para acompañar al gobierno en su apuesta por el cambio.

La Paz que soñamos se construye colectivamente, y como menciona el mismo texto del Manifiesto por la Paz Total, “los acuerdos de paz tienen que servir para aglutinar a la Nación, no para fracturarla”.

[1] El Espectador (Mayo, 2023), Arauca: ¿por qué el bastión del ELN podría enredar la Paz Total de Petro?, disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-de-gustavo-petro-por-que-parar-guerra-entre-eln-y-disidencias-en-arauca-es-clave/

[2] Manifiesto por la Paz Total, ver: https://twitter.com/RafaelPardo/status/1656480599610216450?cxt=HHwWhMC-0YaVgP0tAAAA y https://www.elespectador.com/politica/el-manifiesto-de-20-academicos-y-exnegociadores-como-rafael-pardo-juan-camilo-restrepo-para-la-paz-total-de-petro/

La paz es posible con el sector privado

Uno de los lanzamientos que se produce en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá es la obra “Después del Acuerdo, ¿Cómo va la paz en Colombia?”[1]. Dicho libro, que incluye interesantes miradas sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, tiene un título que reflexiona sobre el sector privado y la implementación. Según sus autores, tras cinco años del Acuerdo, “cuando la implementación requiere de un sector privado activo y comprometido, el empresariado colombiano ha reducido el perfil que lo había caracterizado” (Rettberg, Medina y Miklian (2023)). 

Dicha hipótesis encuentra explicación, según estos autores, en que el dividendo de la paz se cobró antes de la firma del Acuerdo, así como por la polarización política del país y la tendencia histórica del empresariado a evitar antagonizar con el gobierno.

El Observatorio de Inversión Privada promueve conversaciones informadas sobre el rol transformador del sector privado en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia, y el pasado 21 de abril se presentaron los más recientes resultados de los indicadores de tejido empresarial, actividad económica, condiciones habilitantes para hacer negocios e involucramiento de las grandes compañías en los territorios PDET.

Justamente, estos años de monitoreo a la inversión privada han permitido evidenciar cómo, desde 2014, el número de empresas nuevas por cada 100.000 habitantes en los municipios PDET ha crecido desde las negociaciones de paz. Así, para 2016 había aumentado en un 67% el número de empresas por cada 100.000 habitantes en comparación con los datos registrados en 2015, y la tendencia creciente se mantuvo hasta 2020. Para 2022, el número de empresas nuevas creció un 14% en estas regiones (pasando de 288 empresas nuevas por cada 100.000 habitantes en los municipios PDET en 2021, a 328 en 2022), y en las subregiones donde más creció este indicador fueron Sierra Nevada- Perijá y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.

Esta medición de resultados del Observatorio también da cuenta de importantes avances en los territorios PDET. Por ejemplo, el recaudo por impuesto predial crece más en estos territorios que en los otros municipios, debido en parte a los esfuerzos por formalizar la tierra y la cultura de pago, a pesar de las bajas que se registran desde 2019. Por el lado del recaudo del impuesto de industria y comercio, que es un indicador de transacciones comerciales formales, también se registra un mayor crecimiento en estos municipios que a nivel nacional.

Sin embargo, la dinámica empresarial debe analizarse en atención a otras consideraciones como la tasa de supervivencia empresarial y la seguridad, que desafortunadamente vienen deteriorándose en el tiempo. Y, aunque no se tiene aún el reporte a 2022 de inversión social para el desarrollo que se extrae del Índice de Inversión Social Privada (IISP) que calcula Jaime Arteaga & Asociados (JA&A), se percibe que las empresas han venido perdiendo interés en invertir en los PDET.

Durante el pasado mes de abril, el país y la comunidad internacional pudieron evidenciar la preocupación que persiste en torno a las cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz en diferentes escenarios[2]. Pero, ¿por qué no buscar alianzas con un aliado estratégico como lo es el sector privado?

Como indican Rettberg, Medina y Miklian (2023), “El empresariado colombiano ha sido un aliado clave para la construcción de la paz en Colombia (…) ha financiado iniciativas de paz de la sociedad civil, ha promovido la capacitación y contratación de población víctima y desmovilizada, ha participado en la construcción de estándares de derechos humanos, ha facilitado y apoyado negociaciones de paz y ha intervenido con proyectos innovadores para estimular la producción y el crecimiento en regiones vulnerables de Colombia”[3].

No solo estamos de acuerdo con esta afirmación, sino que desde su creación, el Observatorio ha llevado a diferentes escenarios el rol clave del sector privado para la paz. El sector privado, como lo muestran los indicadores y las recomendaciones del Observatorio, ha contribuido y está en capacidad de apoyar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. La importancia del mecanismo de obras por impuestos, que ha representado un aumento tanto en el número de proyectos como de montos invertidos en los municipios PDET, es apenas una muestra de ello.

En esa medida, qué oportuno resulta que cada vez más se llegue a acuerdos sobre la importancia del empresariado en las discusiones sobre la paz en Colombia. Como lo mencionó la Dra. Gloria Cuartas[4] en el marco de la presentación de resultados del Observatorio hace unos días, el gobierno tiene la misión de repensar la implementación, y esto implica un balance colectivo, que considere el acumulado de tensiones territoriales y a todas las fuerzas económicas y sociales, donde el sector privado tiene mucho que aportar.

[1] Betancur- Restrepo, L. & Rettberg, A. (2023), Después del Acuerdo, ¿Cómo va la paz en Colombia?. Volumen 1. Universidad de Los Andes.

[2] Ver, por ejemplo: La Silla Vacía, Las cuentas financieras de la paz: ¿dónde está el punto 6? (2023), disponible en: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/las-cuentas-financieras-de-la-paz-donde-esta-el-punto-6/ ; El Espectador, “Los recursos de la paz son sacrosantos”: Cepeda en el debate de control político (2023), disponible en: https://www.elespectador.com/politica/los-recursos-de-la-paz-son-sacrosantos-cepeda-en-el-debate-de-control-politico/ y                 El Espectador, ‘Esperamos que se busquen recursos porque el Acuerdo de Paz se debe implementar’ (2023), disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/mision-de-verificacion-de-onu-sobre-dinero-para-acuerdo-de-paz-consejo-de-seguridad-carlos-ruiz-massieu/

[3] Ibidem.

[4] Gloria Cuartas es la Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Turismo en armonía con la Paz

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Colombia ha venido aumentando el número de turistas extranjeros no residentes que la visitan[1]. Las cifras consolidadas del año pasado dan cuenta del ingreso de 4.606.915 turistas, lo que representa un incremento del 114,7 % respecto a las cifras de 2021. Pero, además, a enero de 2023 el país recibió 454.727 turistas extranjeros, lo cual representa un crecimiento del 63,5 % frente a las cifras reportadas en enero de 2022.

El reconocimiento de las oportunidades que tiene el país por concepto de servicios turísticos son una de las apuestas que han tenido los últimos gobiernos.

Así, por ejemplo, durante el gobierno Santos aumentó el ingreso de divisas por turismo derivado del incremento en el número de viajeros (lo cual estuvo asociado a la firma del Acuerdo de Paz), hubo inversión extranjera directa en comercio, hoteles y restaurantes, y hubo una importante apuesta por desarrollar el ecoturismo[2]. En el gobierno Duque fue sancionada la Ley de Turismo 2068 de 2020, que perseguía fortalecer la sostenibilidad, formalización y competitividad y promover la reactivación del turismo, así como medidas transitorias como la reducción del IVA en los tiquetes aéreos, la suspensión del pago de la sobretasa a la energía para los prestadores de servicios turísticos, la reducción del impuesto al consumo, y la eliminación del pago de la sanción para la reactivación del Registro Nacional de Turismo (RNT)[3].

El Observatorio de Inversión Privada, que promueve el rol del sector privado en la construcción de paz y el cierre de brechas en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, también monitoreó este interés y oportunidad para los municipios PDET. De hecho, en 2021 desarrolló la encuesta de turismo en los PDET, que consultó la opinión de más de 300 operadores y prestadores de servicios turísticos domiciliados en municipios PDET.

Los resultados de esta encuesta, que puede consultarse en nuestra página web (https://observatorioinversionprivada.org/publicaciones), muestran que el tejido empresarial está compuesto por micro - emprendimientos que no hacen uso de sistemas de pago electrónico y cuentan con bajo nivel de formación, ni están conectados a las cadenas de turismo nacionales e internacionales. Además, los encuestados expresaron que el turismo de naturaleza tiene un gran potencial, pero su oferta está desconectada de los mercados nacionales (sólo muy pocos prestadores tienen una oferta de servicios en internet) y especialmente de los internacionales (por ejemplo, por la carencia de personal bilingüe). Finalmente, como barreras críticas para su operación, los operadores y prestadores de servicios turísticos encuestados señalaron la ausencia de financiamiento, la falta de apoyo del gobierno y la debilidad institucional.

En el Observatorio seguimos creyendo en las oportunidades del turismo para la dinamización de las economías regionales. Por esto, destacamos iniciativas del gobierno actual como el reciente lanzamiento del sello “Destinos de Paz”, que busca “visibilizar y dignificar la memoria histórica y fomentar una cultura de paz, reconciliación y convivencia, fortalecer los vínculos entre el turismo y la economía local y regional, incentivar la inserción de las iniciativas productivas que surgen de la población vulnerable en territorios de paz, dinamizar las economías locales y regionales en los destinos turísticos o territorios de paz, y favorecer la empleabilidad”[4].

El reconocimiento del turismo como oportunidad para los territorios más afectados por la violencia y la pobreza debe ser permanente y de largo plazo. Por esto, como lo planteó el Observatorio en su encuesta a operadores y prestadores de servicios turísticos en los PDET, debe fortalecerse a entidades y programas como FONTUR, el Fondo Emprender del SENA, iNNpulsa y Procolombia, para que su oferta institucional llegue efectivamente a los territorios. Y para ello, es fundamental el rol que pueden jugar actores como las cámaras de comercio para acercar dicha oferta con la demanda y necesidades del sector.

El turismo también debe tener espacio dentro de la gran conversación de la Paz Total. El caso del sello “Destinos de Paz”, que beneficia a población víctima, firmantes del Acuerdo de Paz, desvinculados y desmovilizados en armas, población en procesos de sustitución de cultivos ilícitos y otros actores del conflicto armado de servicios turísticos, se lee como un apoyo a las comunidades. Pero, además, deben explorarse opciones que promuevan el turismo de naturaleza y en las regiones de paz, considerando que según las cifras del MinCIT, solo entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se reportó un aumento del 33,9% solo en el número de visitantes a los Parques Nacionales Naturales, frente al mismo periodo de 2021.

El Plan Sectorial de Turismo 2022 - 2026 “Turismo en Armonía con la Vida”, reafirma a Colombia como destino de paz y le apuesta a su democratización como fuerza transformadora para una cultura de paz, al bienestar y la equidad, a la protección de la naturaleza, el fortalecimiento de las economías populares y el trabajo comunitario. Esperamos que esta política se traduzca en continuar apoyando el turismo en municipios como los PDET, lo cual sin duda permitirá empoderar a las comunidades y empresas y generar valor e ingresos para la dinamización de sus economías y promover la justicia social.

[1] Portafolio (2023), “A Colombia la visitaron más de 4,6 millones de turistas en 2022”, ver: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/turismo-colombia-recibio-a-mas-de-cuatro-millones-de-turistas-en-2022-579764?s=03

[2] Semana (2018), “El buen momento del turismo colombiano durante el gobierno Santos”, ver: https://www.semana.com/pais/articulo/balance-del-sector-del-turismo-en-colombia-2010-2018/260174/

[3] Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2020), “La nueva Ley de Turismo, Ley 2068 de 2020, fue sancionada por el presidente Duque”, ver: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/ley-de-turismo-sancionada-por-el-presidente-duque

[4] Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2023), “Destinos de Paz”, ver: https://www.destinosdepaz.gov.co/

La paz siempre está en la ecuación

Este año reflexionamos sobre los seis años de la firma del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. Han sido seis años de aprendizajes, retos y oportunidades que son necesarios en el contexto actual de la política estatal de Paz Total.  

El Observatorio de Inversión Privada surge en 2017 como una iniciativa para monitorear la inversión privada en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, bajo la premisa de que la presencia responsable del sector privado en las regiones promueve la demanda de bienes y servicios y genera condiciones para el cierre de brechas en los territorios. 

Los datos del Observatorio dan cuenta de los beneficios de la paz. Con excepción de la coyuntura de pandemia, el número de empresas nuevas, de inversión social privada, de recaudo impositivo por concepto de ICA y predial, por citar unos ejemplos, mantienen una tendencia positiva y creciente en las regiones PDET. Y cuando vamos a los territorios, en las validaciones con los empresarios recibimos siempre el mensaje urgente de llevar esta información a nuevas audiencias.  

Es necesario hacer pedagogía de la paz, y esto incluye los beneficios y la contribución de las empresas a la transformación de las realidades y dinámicas de los territorios. Justamente, este punto (un acuerdo de pedagogía y comunicaciones hacia una cultura de paz) hace parte de los acuerdos o temas sin los cuales es imposible desarrollar con claridad y firmeza el proceso de paz con el ELN.  

Los beneficios de la paz deberían hacer parte del ADN de otros proyectos institucionales, como la recientemente socializada Política de Reindustrialización. Este documento establece como “apuestas estratégicas” la transición energética, la agro industrialización y la soberanía alimentaria, la reindustrialización en el sector salud y de defensa, y un enfoque prioritario en los territorios y su tejido empresarial. 

Durante el último año, desde el Observatorio hemos promovido numerosas recomendaciones al gobierno nacional que vemos reflejadas en esta política como, por ejemplo, implementar mecanismos para facilitar las compras públicas con empresas radicadas en los PDET, fortalecer las capacidades logísticas y de abastecimiento, diseñar nuevas formas de crédito, revisar la estrategia de seguridad en las regiones priorizando los ecosistemas productivos, y mantener la priorización de los PDET para acciones diferenciadas de construcción de condiciones habilitantes para hacer negocios.   

Así, el Ministro de Comercio comentaba en la socialización que con esta política se buscaba integrar a las micro y pequeñas empresas y a la economía popular en el sistema de compras públicas, el fortalecimiento de la producción nacional y la participación activa de los territorios, el mejoramiento de las minicadenas rurales para responder a los propósitos de la soberanía alimentaria, y el establecimiento de esquemas de financiamiento para el emprendimiento y de programas de inclusión financiera para la economía popular. 

Las grandes apuestas por la paz del gobierno requieren una importante inversión. Pero no se trata de un esfuerzo exclusivo del sector público. Como lo indica el BID1, aunque un mayor y más eficiente gasto público es deseable, éste no puede por sí solo cerrar las brechas de inversión.  

Esperamos que los beneficios de la paz, que desde el Observatorio hemos documentado, sigan siendo insumos para el desarrollo de iniciativas que promuevan el bienestar de las comunidades. Cada año, nuestros datos nos llevarán a actualizar nuestros análisis y recomendaciones, pero con seguridad, mantendremos nuestra consigna de que activar económicamente a los territorios más afectados por la violencia y la pobreza en Colombia es un dividendo por la paz. 

Cumplirle a la gente con el (los) Acuerdos de Paz

Colombia sigue siendo un laboratorio sobre conversaciones, estilos de negociación e implementación de procesos y Acuerdos de Paz. Sólo en los últimos 30 años han habido desmovilizaciones exitosas como la del M-19 y el EPL, procesos fallidos como el del Caguán con las FARC, y otros con resultados agridulces como el de Justicia y Paz con las AUC y el Acuerdo de 2016 con las FARC.

La experiencia agregada como país en este sentido es innegable y hay lecciones aprendidas que deben hacer parte de las conversaciones y negociaciones de la política de Paz Total del gobierno nacional, empezando por la inclusión del sector privado en los diálogos y en la implementación de los potenciales acuerdos.

Este año que comienza será determinante para la construcción de paz en Colombia en dos frentes muy específicos. El primero tiene que ver con la línea de implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón por parte del gobierno. El segundo es la reglamentación de lo que es la Paz Total, la metodología de negociación con grupos armados, cómo y quienes harán parte de la implementación y cuáles son los resultados esperados, sobre todo en las regiones.

Lo primero que hay que destacar es la voluntad de avanzar en la implementación del Acuerdo por parte del gobierno. Sin embargo, es prioritario que se defina la línea de política que seguirá la implementación, particularmente de los compromisos suscritos en los 170 municipios PDET, cuáles serán las alternativas de vinculación para actores del sector privado y de la cooperación internacional y si habrá incentivos para que se vinculen. Más allá de facilitar el trabajo del gobierno en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, vía proyectos de inversión y de responsabilidad social, el sector privado hace más sostenibles las iniciativas de paz e inclusión social en las regiones, así como la oferta de bienes y servicios públicos.

Por otro lado, en la línea de Paz Total, se espera que se defina pronto cuáles son las prioridades y el alcance de lo que se ha propuesto. En principio, si nuevas conversaciones de paz incidirán en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo con las FARC y las implicaciones que esto tendría para las comunidades donde se han creado importantes expectativas en materia de inversión pública y proyectos productivos. En este sentido, también hay que ser claros sobre qué es y cuál será el rol de la “economía popular”, del tejido empresarial y, en general, del sector privado en esta política de Estado.

La clave en los mensajes para las comunidades, de cara a nuevos procesos de paz, es cumplir con lo que han pedido y se les ha prometido en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Así mismo, promover la sostenibilidad propia de las regiones vía actividades productivas y generación de nuevos negocios y no mediante subsidios u otras alternativas con enfoque de asistencia y no de inversión, por ejemplo, explorando y promoviendo que haya inversión privada que también permita la creación y formalización de negocios y empleos. Esto sólo será posible si el gobierno sabe tender puentes con todo un ecosistema de aliados para el desarrollo de los territorios y su gente.

Durante las negociaciones del Acuerdo de La Habana con las FARC se habló de las víctimas del conflicto como la prioridad en las conversaciones, y la gente debería seguir siendo la prioridad en los diálogos que promueva la Paz Total. Estos espacios, en los que se le dará voz y voto al sector privado, deberán partir de la obligación de cumplir por parte del Estado con el Acuerdo de Paz. De la inclusión de diversos actores en las negociaciones depende que la construcción de una Paz Total quede bien hecha y, sobre todo, que se le cumpla a la gente con las promesas de los acuerdos. Y en esa medida, el sector privado será un actor relevante para garantizar la vigencia y complimiento de los nuevos acuerdos.

Afianzar el rol del sector privado para la construcción de paz

El 2022 fue un año retador para el sector privado y, en general, para Colombia. El proceso electoral del primer semestre, las discusiones sobre las reformas propuestas por el nuevo gobierno y la incertidumbre sobre el alcance y posible impacto de la crisis económica que se avecina, han puesto a prueba la resiliencia de las empresas, pero sobre todo, las posibilidades de inversión privada en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. 

Entre otras cosas, el 2022 le permitió al Observatorio seguir facilitando el involucramiento de diferentes entidades del gobierno, así como del sector privado, las cámaras de comercio y las agencias de cooperación internacional, en la discusión en torno al tejido empresarial y la inversión privada como vehículos de desarrollo en las regiones PDET. 

Así, el Observatorio amplió sus esfuerzos para expandir la presencia y la promoción de conversaciones a nivel regional, se reforzaron las alianzas con las cámaras de comercio y otros actores estratégicos, y se avanzó en el posicionamiento como la principal –sino la única- fuente relevante de consulta sobre las realidades y dinámicas del sector privado en los municipios PDET. Ejemplo de este trabajo es el desarrollo de encuentros en territorio, la mejora continua de nuestras metodologías y el desarrollo de formatos innovadores de eventos híbridos para llegar exitosamente a nuestras audiencias en las diferentes regiones. 

Además, se llevó a cabo una intensa agenda de relacionamiento para posicionar las posibilidades y necesidades del sector privado con la nueva administración y el Congreso. Iniciando con el proceso de diálogos regionales vinculantes, que el gobierno planteó para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, así como en actividades en torno a la definición de la Política de Paz Total -ahora ley- y numerosas reuniones y presentaciones 1-a-1, el Observatorio ha mantenido su disposición para acompañar los esfuerzos del gobierno en la promoción del desarrollo y del tejido empresarial. 

Ahora bien, esperamos un 2023 igualmente retador. Los PDET ofrecen importantes oportunidades para continuar con la recuperación y fortalecimiento del tejido empresarial como generador de empleo, riqueza y productividad. Particularmente, los sectores de comercio, turismo y servicios financieros y empresariales, que según los indicadores del Observatorio, son las actividades económicas que más promueven la creación de empresas nuevas. En este orden de ideas, el Observatorio seguirá trabajando por brindar información pertinente para la toma de decisiones de todo tipo de entidades. 

Así mismo, y desde la posición del sector privado, el Observatorio acompañará la puesta en marcha de las iniciativas del gobierno, particularmente la de la ‘Paz Total’. Lo que fue una de las apuestas del entonces candidato Gustavo Petro, es ahora un pilar fundamental y un reto mayor del gobierno del cambio.  

El compromiso con el tejido empresarial y su sostenibilidad son un componente de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, y las comunidades de los territorios monitoreados por el Observatorio tienen mucho que aportar y un rol determinante en este propósito. La rica y creadora diversidad étnica y cultural de su población, territorios que albergan ecosistemas ambientales estratégicos de enorme valor para el país y el mundo, un enorme potencial para la producción de alimentos, la agro-industrialización, la transición hacia energías limpias y el ecoturismo, así como su inigualable capacidad de resiliencia para sobrevivir durante décadas en medio del conflicto, son cualidades de las zonas que hoy reclaman su espacio para crecer y aportar.  

El Observatorio de Inversión Privada mantendrá y redoblará esfuerzos para contribuir a que las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza mantengan un propósito trascendente, crezcan y se consoliden como territorios productivos de vida, paz y desarrollo.  

Un camino para la superación de la pobreza monetaria en Colombia.

Según el Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se estima que alrededor de 6.110.881 personas sufren de pobreza extrema, siendo Quibdó y Riohacha las ciudades con una mayor incidencia de esta condición. También, se ha indicado que hay 19,6 millones de personas en condición de pobreza monetaria; esto es, el 39,3 % de la población total. El departamento con mayor incidencia de pobreza monetaria es La Guajira, con el 67,4 % de su población en esta condición, seguido del Chocó (63,4 %), Magdalena (61,1 %), Córdoba (58,6 %), Cauca (58,3 %), Cesar (56 %) y Sucre (54,6 %)[1].

De acuerdo con Libertank, existe una conexión entre la presencia empresarial en las regiones y la pobreza monetaria[2]: a mayor cantidad de empresas, menor es el porcentaje de pobreza monetaria.

Según dicho centro de pensamiento, por ejemplo, los departamentos del Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena y Sucre reportan alrededor de 4.000 compañías[3], siendo éstos las que reportan también un mayor porcentaje de pobreza monetaria. Según el mismo estudio, departamentos como Antioquia, Caldas, Meta, Santander y Valle del Cauca tienen unas 100 mil empresas en sus territorios, lo que reduce significativamente el porcentaje de pobreza monetaria. En esa misma línea está Cundinamarca, que tiene más de 300 mil empresas, y es el departamento con cifras más favorables en términos de menor pobreza monetaria en sus territorios.

Desde el Observatorio de Inversión Privada creemos que se necesitan más empresas para superar no solo las condiciones de pobreza, sino las situaciones coyunturales que han incidido en el rezago de los municipios más afectados por la violencia y el conflicto. Entre las recomendaciones formuladas al gobierno nacional, hemos propuesto visibilizar el rol trascendental que tiene el sector privado como agente de cambio en municipios como los PDET, que se enfoquen los esfuerzos hacia la generación de capacidades en las empresas (particularmente, en lo que respecta a asistencia técnica) y al desarrollo productivo de las regiones, y que se implementen mecanismos de flexibilización y/o apoyo parafiscal a trabajos formales de micro y pequeña empresa en los territorios más pobres, por citar algunos ejemplos.

El gobierno nacional ha enunciado que sus esfuerzos llegarán hasta el último rincón de Colombia para la superación de las brechas de pobreza, y ciertamente, hay altas expectativas en los territorios frente a esta nueva administración. Creemos que uno de los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno es sanar esas heridas que históricamente han golpeado a todo el país, especialmente las de los departamentos más afectados por la violencia y la pobreza. Para superar los retos y lograr una vida digna en Colombia, es necesario superar las barreras que impiden la transformación social. En el Observatorio, creemos que esto se puede lograr mediante el trabajo conjunto entre lo público y lo privado.

Estamos convencidos de que la presencia responsable del sector privado en las regiones no solo promueve la demanda de bienes y servicios, sino que también transforma realidades y dinámicas, promueve el desarrollo y favorece y genera condiciones para el cierre de brechas a través de la generación de mejores oportunidades.

[1] Para ampliar información, ver: https://www.larepublica.co/economia/pobreza-monetaria-y-pobreza-monetaria-extrema-en-colombia-2021-3350792

[2] Libertank es un centro de pensamiento dedicado a la promoción y defensa de la libertad económica en Colombia. En agosto de 2022, dicha organización realizó un estudio que demostró que a menor cantidad de empresas mayor es la pobreza. La investigación encontró una serie de factores que estarían impactando en este indicador que, además de la falta de empleos y la falta de educación, estaría influyendo directamente en esta problemática social. Para ampliar información, ver: https://www.larepublica.co/economia/el-indice-de-pobreza-monetaria-aumenta-en-las-regiones-que-tienen-menos-empresas-3430471#:~:text=Un%20an%C3%A1lisis%20de%20Libertank%20del%20informe%20de%20dificultades,de%20empresas%2C%20menor%20es%20el%20%C3%ADndice%20de%20pobreza.

[3] El estudio de Libertank usa como fuente el Directorio Estadístico de Empresas (DEE) del DANE, y esta información estadística agregada presenta el número de empresas, tanto personas jurídicas como naturales, desagregada por actividad económica, utilizando la información del Registro Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), a partir de integraciones con el Registro Estadístico Base de Población (REBP). Los datos del Observatorio de Inversión Privada excluyen a las personas naturales de los estudios de tejido empresarial, lo cual puede explicar las diferencias entre algunos datos reportados por el Observatorio y los mencionados en este estudio.

El cambio es con las empresas

No hay una economía exitosa en el mundo que no cuente con un sector privado robusto, un tejido empresarial denso y una política pública que promueva el emprendimiento y su participación en negocios con grandes empresas. Así mismo, son economías que promueven mercados dinámicos, que haya transacciones comerciales entre empresas locales y foráneas, e incluso, incentivando inversiones extranjeras que impacten y promuevan diversas actividades económicas que agreguen valor en lo local.

 Hacia allá avanzan las políticas públicas de los países desarrollados y en vías de desarrollo que buscan crecer económicamente para contar con posibilidades de inversión social, y este debería ser el camino a seguir en este gobierno que se ha denominado como “del cambio”. Es decir, el cambio no puede ser posible si no se tiene en cuenta a la empresa privada.

 Algunos gremios y centros de pensamiento han manifestado que las propuestas en materia tributaria, las discusiones que hubo durante la campaña en materia laboral y pensional, y la visión de inversión social bajo la lógica de los subsidios, van en contra de la fórmula de crecimiento económico que habilita la inversión social. Por otra parte, el gobierno nacional ha señalado que quiere promover una transición productiva y una nueva industrialización en Colombia.

 Mientras en Bogotá se tienen estas discusiones, en las regiones PDET el tejido empresarial se encuentra sobre una cuerda floja, en un momento de gran vulnerabilidad, ante los pocos mensajes en favor de la priorización y desarrollo para estos municipios, más allá de la nueva política de paz total. Según los indicadores del Observatorio, la recuperación económica después de la pandemia no ha llegado a los PDET como a las ciudades y regiones menos afectadas por la violencia y la pobreza. El ritmo con el que venía creciendo la creación de empresas en los 170 municipios priorizados cayó de manera dramática en 2020 y no repuntó en 2021 como en otros territorios. De la misma manera, la tasa de supervivencia de las empresas, medida por el porcentaje de renovación de las matrículas mercantiles, se ha visto afectada por este contexto.

 Siendo las zonas más vulnerables de Colombia, los PDET son las regiones que más requieren de agentes de cambio como la empresa privada, que acoge a todas las empresas, desde las que integran lo que el gobierno ha llamado “economía popular” hasta grandes multinacionales, que generan empleo, comercio y riqueza. Sin embargo, para que haya empresas en las regiones hay que promover la oferta de bienes y servicios públicos, y mantener y mejorar permanentemente las condiciones habilitantes para hacer negocios que se comunican con las mejores condiciones de vida de las personas.

 En este sentido, la visión del gobierno nacional hacia el sector privado no debería ser únicamente como a una caja menor, pues desconoce el rol dinamizador y transformador de las empresas sobre las realidades de los territorios. Pero para que las empresas puedan seguir contribuyendo al desarrollo y transformación de las realidades y dinámicas de los territorios, necesitan apoyo. Mas aún, las que se encuentran en municipios como los PDET.

 Por ejemplo, es preciso abordar de manera diferenciada el tejido empresarial en los PDET vía mecanismos alternativos para la formalización de las empresas y los empleos, como lo ha recomendado el Observatorio de Inversión Privada al gobierno nacional, y lo ha visibilizado en diferentes escenarios y ante diversos públicos. Si se promueve que haya más personas con salarios que con subsidios, habrá un mayor desarrollo de los PDET como mercados.

 En suma, el cambio en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia pasa por incentivar y fortalecer la inversión privada. El gobierno debe brindar las condiciones mínimas para que las empresas puedan dedicarse a sus negocios, lo cual pasa por promover un entorno más competitivo y con un enfoque diferenciado, dando paso hacia economías menos informales, que busquen la recuperación del tejido empresarial de las regiones para que éste siga cumpliendo con su papel de agente de cambio.

Impacto de la reforma tributaria en los PDET

¿Qué tanto ganan y qué tanto pierden los PDET con la reforma tributaria? En principio, se puede decir que los municipios PDET se pueden contar entre quienes pierden con el proyecto de reforma presentado en agosto por el Ministro de Hacienda.

Mas allá de que no se brindan mecanismos o incentivos diferenciados geográficamente o enfocados en las micro y pequeñas empresas, que componen más del 95% del tejido empresarial en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, hay un importante efecto del articulado propuesto sobre las empresas y sectores con presencia e inversión en estos territorios.

Por una parte, el sector minero-energético, que es uno de los que mayores inversiones ha realizado en los PDET, es el que más carga asume con el proyecto de reforma. Poner en riesgo la viabilidad de las operaciones actuales y futuros proyectos tiene impactos significativos sobre las propias economías de los PDET, donde se producen importantes volúmenes de gas, petróleo, carbón y oro, entre otros. Mediante la generación de empleo (directo e indirecto), compra de bienes y servicios, inversión social y pago de impuestos y regalías, la capilaridad de los recursos del sector minero-energético dinamiza en gran medida los mercados en un importante porcentaje de municipios PDET.

Lo anterior sin mencionar que, vía Obras por Impuestos, las empresas mineras, de hidrocarburos y generadores, transportadores y distribuidores de energía, han aportado significativamente a la infraestructura para la prestación de bienes y servicios públicos.

Asimismo, la exposición de motivos del proyecto de reforma señala que se busca eliminar la “tributación asimétrica”, es decir, que haya más incentivos y estímulos tributarios para unos sectores que para otros. Sin embargo, más allá del aumento a las zonas francas, la reforma no precisa cuánto, cómo y qué sectores podrían verse beneficiados y/o afectados. Esto tiene efectos importantes sobre regiones que hasta ahora están siendo exploradas por las empresas que, en el proceso, asumen altos costos de transición por las deficiencias en conectividad, infraestructura, oferta de bienes y servicios y disponibilidad de servicios públicos.

Ahora bien, no todo es malo en lo que los PDET respecta con el proyecto de reforma.  En cuanto al impuesto al carbono, más allá de aumentar la tarifa por emisión, se entiende que la destinación específica del recaudo tendrá un enfoque ambiental, ecológico y para la sustitución de cultivos, con énfasis en los municipios del PDET. Esto presenta una oportunidad para impulsar el sector agroambiental en estos territorios, permitiendo no solo la recuperación y compensación de los ecosistemas, sino que estos puedan apalancar, entro otros, negocios en torno a los bonos de carbono y el ecoturismo. Es la única mención a los PDET en la exposición de motivos de la reforma.

Aún presentada como una reforma tributaria para la “igualdad y la justicia social”, para reemplazar la “Ley de Inversión Social” del expresidente Iván Duque, el proyecto tiene impactos significativos sobre los PDET. Bajo una presunción de otorgar subsidios y beneficios sociales, disminuirán las posibilidades para el acceso a trabajos formales, aumentarán los costos para la formalización de los negocios y los presupuestos de las empresas para inversión se verán afectados.

Desde el Observatorio de Inversión Privada hacemos un llamado al equipo económico del Gobierno Nacional para que el proyecto de reforma entienda que, así como hay asimetrías tributarias, también hay asimetrías en las posibilidades de crecer y desarrollarse según el tamaño y ubicación de las empresas. También invitamos a revisar nuevamente las proyecciones para determinar si lo que se pretende entregar vía subsidios y programas de asistencia, se les estará quitando a las comunidades de las zonas PDET en posibilidades de empleo, emprendimiento e inversión social privada.

Empresas para la ‘Paz Total’

Durante su reciente visita al PDET de Sur de Bolívar, específicamente desde el municipio de San Pablo, el presidente Gustavo Petro señaló que el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC-EP será integral. Así mismo, sobre los municipios PDET, aseguró que, tanto los procesos de planificación como los fondos destinados para inversión en zonas priorizadas se mantendrán.

Pero, sobre todo, el presidente destacó la relevancia de la participación fundamental de las comunidades que habitan estas regiones para lograr prosperidad social, que es la base de la paz.

La buena noticia es que, atendiendo a la recomendación formulada en el marco de la quinta presentación de resultados del Observatorio, se va a mantener la priorización de los 170 municipios PDET y de las iniciativas para fortalecer la presencia del Estado y la oferta de bienes públicos.

Sin embargo, poco se ha hablado sobre el rol de las empresas en el marco de esos espacios de participación, lo que se ha llamado diálogos sociales vinculantes. Este es un aspecto a considerar para lograr una aproximación integral y una transformación real de los territorios, pues la creación y supervivencia de empresas en las regiones PDET, así como la creación de empleos formales y la llegada de nuevas empresas a invertir en estos territorios contribuyen a determinar si hay un impacto en términos de oportunidades para prosperar en las regiones.

Ahora que el gobierno nacional ha abierto la puerta a nuevas negociaciones con grupos armados y de delincuencia orientadas a una ‘Paz Total’, es necesario considerar lo que se ha hecho y mantener la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Como mencionaron Juanita Goebertus y Juan Pappier, de la División para las Américas de Human Rights Watch en carta abierta el presidente Petro sobre el camino hacia una ‘Paz Total’, hay que diferenciar con quién, cómo y qué se puede negociar. Goebertus y Pappier señalan que nuevas negociaciones, por ejemplo con el ELN, deben asegurarse de no duplicar o socavar lo que ya ha sido consignado en el Acuerdo con las FARC -como la priorización de los 170 municipios PDET-.

La lección aprendida es que el sector privado debe ser parte de las conversaciones sobre futuros acuerdos. Más allá de ser un vehículo para la prosperidad, el gobierno debe ver en el sector privado una garantía para los acuerdos futuros en pro de una ‘Paz Total’. No solo porque las empresas trascienden los periodos presidenciales, sino porque el empresariado ha demostrado su disposición para involucrarse en la implementación de las iniciativas para la construcción de paz. Ejemplo de esto es que desde 2018 las empresas han ejecutado casi $1 billón de pesos a través del mecanismo de Obras por Impuestos, llevando proyectos para la provisión de bienes y servicios públicos en las zonas más afectadas por el conflicto. Así mismo, entre 2019 y 2021, según el Índice de Inversión Social Privada -IISP-, las empresas destinaron cerca de $851 mil millones de pesos en proyectos de inversión social voluntaria en zonas PDET.

Tanto el involucramiento de las grandes empresas, como la posibilidad de crecimiento de las MiPymes en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza , serán determinantes para que haya prosperidad donde hoy hay pobreza, para que haya empleo donde hoy no hay equidad social, y para que haya empresas formales donde hoy hay informalidad. Después de todo, las empresas son parte de la comunidad en las regiones y  también a ellas hay que cumplirles de forma integral, como señaló el presidente desde el PDET de Sur de Bolívar.

Más empleados y menos ocupados en los PDET

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en mayo de 2022 la tasa de desempleo nacional fue 10,6% y para 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 11,0%. Estas cifras muestran una mejora en la posibilidad de las personas de ocuparse en un escenario de postpandemia, reflejando un avance en lo que respecta a reactivación económica.

Sin embargo, este dato incluye un aumento de 1,2 millones de personas clasificadas bajo la categoría de “empleado particular”. Y es que, como se señaló en editoriales pasadas del Observatorio (ver empleo versus oficio), hay una importante diferencia entre un “oficio” y “ocupación” y un “empleo formal” propiamente dicho.

En el marco de la política pública para la implementación del Acuerdo de Paz, la promoción del empleo formal hace parte de la construcción de paz en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. A diferencia de un oficio u ocupación, los empleos formales son aquellos en lo que, además de un pago mínimo por el tiempo y habilidad de las personas, hay acceso a servicios de aseguramiento, salud y ahorro para pensión. A partir de esta definición, el resultado del DANE refleja que hay un aumento en las personas ocupadas, pero no necesariamente implica que éstas cuentan con un empleo formal.

Mientras tanto, el nivel de afiliados al régimen contributivo de salud (del que hacen parte quienes cuentan con un empleo formal), se ha deteriorado durante los últimos años en los municipios PDET.

Si bien, de acuerdo con el indicador de creación de empresas nuevas en los PDET se observa un crecimiento cercano al 30% anual desde 2014 y hasta 2019[1], el porcentaje de la población afiliada al régimen contributivo disminuyó drásticamente durante el mismo periodo (pasando de 21,2% en 2014 a 19,7% en 2019 y 18,4% en 2020)[2]. Urabá y Sierra Nevada son las regiones con mejores resultados, pues tienen tasas de afiliación cercanas al promedio nacional (38% y 32%, respectivamente), pero es preocupante el dato para regiones como Sur del Tolima, Montes de María, Sur de Bolívar, Pacífico y Frontera Nariñense, Catatumbo y Chocó, en donde no se llega al 10%. Hay además otras 6 regiones que no alcanzan el 20% de afiliados.

Si bien la ADRES tiene un rezago de más de un año en la publicación de resultados, no se espera una mejoría significativa para 2021 o lo corrido de 2022, ya que uno de los efectos de la pandemia fue la contracción del tejido empresarial en los PDET. Además, vale la pena señalar que a un empleador los costos de un empleo formal son de alrededor de 1.5 veces el salario mínimo, sumando la carga prestacional y parafiscales. Si a esto se le suma el aumento del salario mínimo en 2022 y el efecto de la inflación, en los PDET las pequeñas y medianas empresas difícilmente podrán generar más empleos formales.

Teniendo en cuenta que un empleo formal cambia la realidad de una familia, es determinante darle impulso a este tipo de plazas de trabajo en los PDET como medio para la construcción de paz. En este sentido, y teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno nacional para la protección del empleo en 2020 y 2021 ante situaciones extraordinarias como las cuarentenas y el paro nacional de más de 7 semanas, el Observatorio ha propuesto mecanismos que fomenten la creación de empleos formales en los PDET.

Por ejemplo, replicando herramientas de flexibilización y/o apoyo parafiscal a trabajos formales de las micro y pequeñas empresas en los PDET, o el diseño de incentivos a partir de experiencias exitosas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y de Apoyo a Empresas Afectadas por Paro (AEAP). Mientras que el empleador garantice el pago del sueldo de los empleados, el Estado lo apoyaría por la vía de los parafiscales y cargas prestacionales. Así, habría incentivos para mejorar el indicador de población con acceso a los beneficios del régimen contributivo, permitiendo mejores condiciones para nuevos empleados y sus familias en las regiones más vulnerables de Colombia.

[1] El indicador de creación de empresas nuevas en los PDET hace parte de la batería de indicadores que el Observatorio de Inversión Privada calcula anualmente para estos municipios.

[2] Datos calculados a partir de la información suministrada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-.