Empresarios para la consolidación de la paz y el desarrollo

Por: Mónica Hoyos | Directora del Observatorio de Inversión Privada


El Observatorio de Inversión Privada lleva más de cinco años haciendo un seguimiento a las dinámicas de la inversión privada en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza. En este período, que coincide con los primeros años de la implementación del Acuerdo de Paz, participamos activamente en diálogos nacionales y regionales difundiendo los resultados de los indicadores que anualmente calculamos para medir a las regiones PDET en términos de condiciones habilitantes para hacer negocios, conformación del tejido empresarial, actividad económica e involucramiento del sector privado en las regiones.

En el marco de la presentación de resultados de este año, el Observatorio produjo además una serie de recomendaciones que hemos socializado en diferentes escenarios. Por esta razón, nos complace que todas ellas hagan parte de una discusión más amplia en torno al plan de gobierno y las iniciativas que se encuentra promoviendo la nueva administración del presidente Gustavo Petro.

Hace unos días, la viceministra de desarrollo empresarial mencionaba la importancia de fortalecer a los PDET para avanzar en la política de “Paz Total”, lo cual se corresponde con la recomendación del Observatorio de mantener la priorización de los PDET, tanto como política de Estado a partir de la firma del Acuerdo de Paz, así como un compromiso con las comunidades que participaron en su formulación, y de reformar el sector de seguridad en las regiones.

Pero, además, justamente sobre nuestro reconocimiento de las cámaras de comercio como actores clave para la ruta de involucramiento del sector privado en los PDET, proponíamos establecer mecanismos para ofertar programas de apoyo empresarial orientados hacia la generación de capacidades y al desarrollo productivo de las regiones. Este tema también encuentra eco en los discursos oficiales, por ejemplo, alrededor del rol que puede jugar la institucionalidad cameral en la promoción de la digitalización y la asociatividad empresarial, en el marco del pacto por la economía popular, así como en las posibilidades que plantea la Ley 2219 de 2022 sobre asociatividad campesina.

Estos años de trabajo, enriquecidos por la experiencia con gremios, empresarios, asociaciones, cámaras de comercio y universidades, entre otros actores estratégicos, nos han permitido contrastar los datos con las realidades y dinámicas en las regiones, para sugerir la expansión del crédito campesino y de la presencia del Banco Agrario; priorizar la inversión en conectividad en zonas rurales; fortalecer las capacidades logísticas en los territorios; y promover la inversión en centros de abastecimiento local. Este conjunto de recomendaciones, validadas con empresarios en las regiones y organizaciones que promueven la competitividad en el país, tienen cabida en la apuesta del gobierno para recuperar la confianza en el Estado, reconocer el valor social y económico de la economía popular y la promoción de acuerdos asociativos para la compra de insumos y el desarrollo de encadenamientos productivos en los territorios.    

Aplaudimos el involucramiento de las comunidades en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes, y esperamos que la empresa privada participe activamente en la construcción de un proyecto más amplio para el próximo cuatrienio. Es claro, como lo menciona M. Mazzucato, que sin un liderazgo político claro, no invertirán las empresas, y sin inversiones, la productividad baja y no hay seguridad sobre los empleos.

Por esto, invitamos al gobierno nacional a seguir construyendo sobre lo construido, a seguir reconociendo la labor que diferentes organizaciones y plataformas como el Observatorio han realizado para dinamizar el crecimiento y desarrollo de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, aunar esfuerzos en torno a la construcción de paz y permitirnos apoyar este ecosistema para el desarrollo y la transformación sostenible de los territorios.

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