Mitigar lo ‘mitigado’ del cambio climático
Por: Simón Mejía | Subdirector de Asuntos Públicos en JA&A
Desde antes de la Declaración de Glasgow y la suscripción del Acuerdo de París, la apropiación de los ODS ha alineado a empresas y gobierno para tomar acciones sobre el calentamiento global. Nadie desconoce que el planeta se está calentando, pero hay exigencias y programas que estando pensados para otro tipo de países, se están convirtiendo en barreras para el desarrollo en Colombia.
Según el Explorador de Datos Climáticos del Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés), Colombia aporta el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. En cuanto a las emisiones per cápita, las del país están por debajo del promedio mundial. Además, durante el pasado congreso “Colombia Genera” de la ANDI, se reveló que Colombia cuenta con la novena matriz energética más limpia del planeta con “grandes oportunidades para producirla con fuentes renovables no convencionales", usando las palabras de su Presidente.
La verdadera pregunta no debería ser cómo el país mitiga su impacto en el cambio climático, sino cómo el calentamiento global está afectado al país y cómo la política ambiental debería orientarse en este sentido.
Nuestra matriz energética, que nos debería hacer sentir tan orgullosos a los colombianos, es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. En 2016, el país estuvo ad-portas de un racionamiento de energía. Debido a un fuerte fenómeno del niño (escases de lluvia), el nivel de los embalses para la generación hidroeléctrica estuvo en niveles peligrosamente bajos y las plantas térmicas para las que se destinaba el cargo por confiabilidad, no estaban listas para entregar la energía requerida.
Hoy en día, un eventual fenómeno del niño igualmente crítico como el vivido en 2015 y 2016, nuevamente obligaría a revisar la seguridad energética en Colombia pues, aunque han entrado en funcionamiento parques solares y eólicos, estos son también vulnerables a las diversas condiciones meteorológicas.
Cuando hay fenómeno de la niña (exceso de lluvia), el problema en el país va más allá de asuntos energéticos. En principio, ciudades como Bogotá no tienen la capacidad de carga en sus desagües para lluvias cada vez más intensas y extensas. Si esto ocurre en la capital, podemos imaginar lo que son las inundaciones en el resto del país. Tragedias como la de Mocoa en 2017, son cada vez más probables debido al crecimiento desordenado de las ciudades y la falta de medidas para mitigar el riesgo de desastres por desbordamiento de ríos y quebradas.
El riesgo de desastres ambientales por el exceso y la falta de lluvias es un problema en las regiones. Cada que llueve, hay regiones en las que las inundaciones son mortales, no solo por la elevación del agua sino porque por lo general se taponan o “desbarrancan” las vías de acceso por donde entraría la ayuda.
Por su parte, los gases de efecto invernadero se generan en su mayoría por el uso de combustibles fósiles, principalmente carbón e hidrocarburos (ambos bienes que Colombia produce, pero exporta). En el caso del carbón, la gran mayoría se exporta y es muy poco el que se usa en generación térmica de energía en el país. Los hidrocarburos (petróleo y gas) sí tienen demanda en Colombia, pero es apenas para garantizar nuestro funcionamiento, y aún así no es posible asegurar que el país es capaz de autoabastecerse.
El sector minero-energético es tal vez el más regulado en materia ambiental en Colombia, pues cada contrato minero o de hidrocarburos tiene una carga regulatoria para la compensación y mitigación de su impacto ambiental que la mayoría de empresas cumplen y superan con creces. De hecho, en el mercado del petróleo los “barriles compensados” tienen beneficios en precio.
Ahora bien, tanto el gobierno como la cooperación internacional han condicionado el acceso y uso de programas para el desarrollo al cumplimiento de medidas de mitigación del cambio climático. Exigencias que, en el caso de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, no tienen buena acogida porque no son una prioridad. Se exigen mejores procesos industriales, “ambientalmente amigables” donde escasamente hay producción de bienes primarios.
Por esto, el problema en Colombia, especialmente en las regiones, no son las emisiones, no son las grandes empresas a las que el mismo mercado obliga a tener prácticas más sostenibles. El problema es la falta de visión sobre el impacto del cambio climático. Por ejemplo, no es que se deba dejar de promover certificados de carbono para la compensación de emisiones, es que las necesidades en materia de reforestación están en el cuidado de cuencas hídricas y áreas inundables.
Es necesario repensar la orientación de las políticas ambientales en función de la participación de Colombia en el calentamiento global. Sin ser un gran contribuyente al calentamiento global, éste sí tiene un impacto drástico en el país. Aun existiendo necesidades de desarrollo para que las personas (naturales y jurídicas) puedan crecer de manera ordenada y generar un impacto positivo sobre su entorno, se les demanda que dejen de emitir lo que no emiten, que mitiguen lo que ya está mitigado, obstaculizando posibilidades de desarrollo.
