Un pacto por los PDET

El presidente electo Gustavo Petro ha señalado reiteradamente que, además de mantener el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz, también está comprometido con las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. Más allá de su discurso y promesas de campaña, y teniendo en cuenta lo mencionado en su Plan de Gobierno, se debería proponer un “Pacto por los PDET” en el marco del gran acuerdo nacional que adelanta.

Con o sin Acuerdo de Paz, el Estado tiene con las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza una deuda histórica que, según las propuestas del presidente electo, será abordada. Sin embargo, desde el Observatorio de Inversión Privada se le pide al gobierno entrante una visión más amplia de estas regiones y quienes están en ellas. En principio, alrededor de un pacto incluyente que considere al sector privado que surge en las regiones y opera en ellas, pero también por la posibilidad de explorar las regiones desde una perspectiva de inversión privada para la producción.

En este sentido, un pacto por los PDET debe abarcar a los micro y pequeños empresarios domiciliados en estas regiones, las empresas que operan en estos territorios (aunque sus oficinas principales estén en otras ciudades), a la cooperación internacional y, sobre todo, a los gobiernos locales. Tanto la cooperación internacional como el sector privado han hecho importantes apuestas en los PDET que deben, además de reconocerse, fomentarse.

Así mismo, y de cara a las elecciones de gobiernos locales que tendrán lugar en 2023, desde su posesión el nuevo gobierno debería velar por mantener la implementación de los PDET y promover un clima favorable para las alianzas. De esta manera, tanto actores públicos como privados y de cooperación, podrán mantener una alineación alrededor de proyectos que apunten a mejores condiciones para las personas y las empresas.

Como se discutió durante la más reciente presentación de resultados del Observatorio, un “Pacto por los PDET” debe promover una reforma del sector de la seguridad en las regiones, partiendo de la base que los enfrentamientos que se produjeron en el marco del conflicto armado no se gestionan de la misma manera que la conflictividad social actual. La vinculación de los territorios parte del reconocimiento de sus particularidades. En este sentido, se debe gestionar el conocimiento en torno a las áreas y políticas de sustitución de cultivos ilícitos y repensar la política pública para el desarrollo alternativo que podría evolucionar hacia nuevos negocios.

Son diversos retos los que afronta la nueva administración. Por ejemplo, la reforma tributaria debería incluir un mecanismo de flexibilización y/o apoyo parafiscal a trabajos formales de micro y pequeña empresa en los PDET o en aquellas regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, como los ejercicios exitosos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) o Apoyo a Empresas Afectadas por Paro (AEAP), pero enfocados en estos territorios.

Así mismo, se deben ampliar las alternativas para aumentar la inversión en bienes públicos en las regiones. Una manera para materializar esta demanda podría ser robusteciendo la oferta del banco de proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio -ART-, para promover el mecanismo de “Obras por Impuestos” en municipios PDET o en aquellas regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, así como la revisión de la reglamentación de “Obras por Regalías”, para diversificar y acelerar el flujo de recursos de inversión hacia estos territorios.

El Observatorio de Inversión Privada ha promovido estas y otras recomendaciones para el próximo gobierno con el fin de promover un sector privado que, en la medida en que crece y se fortalece, promueve mejores instituciones y calidad de vida en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Partiendo de la propuesta de un gran acuerdo nacional, el presidente Petro debería promover un “Pacto por los PDET” que los fortalezca y defienda su priorización, más ahora con el daño generado por los escándalos de los presuntos recursos robados del OCAD-Paz.

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