El Observatorio de Inversión Privada participó activamente en el evento “Soluciones Duraderas para víctimas del conflicto armado”
El Observatorio de Inversión Privada participó en la organización y como panelista del evento “Soluciones Duraderas para víctimas del conflicto armado”, un espacio de diálogo entre la sociedad civil, el Estado, la cooperación internacional y representantes de empresas privadas sobre las condiciones y medios de vida sostenibles que contribuyen a la reparación integral de los derechos humanos para las víctimas del conflicto armado en Colombia, organizado por el programa Suma Social de USAID y FHI 360, con el apoyo de otras organizaciones. El evento se llevó a cabo el jueves 2 de noviembre, de 7:30 a. m. a 12:30 m., en el auditorio Cincuentenario de la Universidad de la Salle en Bogotá.
El objetivo general de este encuentro fue iniciar un proceso con actores estratégicos que visibilice la situación de las personas víctimas del conflicto armado en materia de soluciones duraderas, identificando la oferta institucional para esta población, así como las oportunidades que se presentan y pueden generarse con actores privados tales como grandes empresas e instituciones financieras, entre otras.
El Observatorio participó como panelista en el conversatorio “Experiencias del sector privado en la construcción de paz con soluciones duraderas”, junto a Catalina Martínez, Directora de la Fundación ANDI, y María Lucía Méndez, Directora de Empresas y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La moderadora del espacio, Johanna del Pilar Cortés, Profesora de la Universidad del Rosario, formuló dos preguntas principales: desde la experiencia de sus organizaciones, ¿cuáles son las tendencias del sector privado en materia de construcción de paz con un enfoque de soluciones duraderas? y ¿cuáles son los desafíos y recomendaciones para involucrar más a las empresas en iniciativas de soluciones de paz duraderas y en el cierre de brechas?
Frente a las mencionadas preguntas, el aporte del Observatorio empezó por reflexionar sobre la situación de un departamento como el Chocó, una región profundamente afectada por prejuicios de corrupción y que, a pesar de estos desafíos, ha logrado avances significativos en la última década como una tasa de acceso a la educación superior, que alcanzó el 60% entre los jóvenes graduados. No obstante, persiste la percepción en el centro del país de que en Chocó no se maneja adecuadamente el dinero, que todo lo que se lleva a cabo en la región es ilegal, cuando es imperativo superar este concepto arraigado y permitir que las regiones aprendan a gestionar sus recursos financieros.
Este ejemplo es pertinente para introducir la primera necesidad identificada por el Observatorio, y que responde también a las tendencias de inversión para la paz: tener un régimen tributario de reconstrucción en el país. Sin embargo, cada vez que se propone un cambio en el régimen tributario, la percepción general lo interpreta como concesiones otorgadas exclusivamente a los empresarios. Es importante fortalecer los sectores económicos en los territorios y reconocer que la construcción de paz en Colombia demanda un crecimiento más robusto y acelerado en el ámbito empresarial.
Dicha reflexión fue apoyada por Catalina Martínez, quien alineándose con lo planteado por Jaime, señaló que las empresas, independientemente de su tamaño, aportan soluciones en términos de sostenibilidad y desarrollo. Durante años, las empresas han transitado por la senda de la responsabilidad empresarial, comprometiéndose en una dinámica significativa de contribución.
La Directora de la Fundación ANDI también hizo énfasis en la búsqueda de estrategias para la inclusión, con el desafío de integrar a poblaciones vulnerables a través de empleo y desarrollo de proveedores. Resaltó la responsabilidad de las empresas en la modificación de políticas de gestión humana y de proveeduría, y de acompañamiento a las víctimas, pero llamó la atención sobre la necesidad de que se generen y mantengan condiciones habilitadoras para ello. De otra parte, Catalina Martínez destacó que las organizaciones más inclusivas generan hasta tres (3) veces más flujo de caja y sus empleados son más eficientes y cumplen mejor sus objetivos financieros. Por ello, y justamente en relación con lo que pueden hacer las empresas para aportar a la problemática del desplazamiento y las víctimas en Colombia, resaltó el papel de la diversidad en la innovación y el desempeño competitivo de las empresas.
Jaime Arteaga se refirió a este punto para indicar que el desafío radica en reconocer el papel crucial que desempeñan las empresas en el desarrollo, destacando que sin ellas no hay avance. Enfatizó la importancia de no demonizarlas, reconociendo que las empresas son fundamentales para el progreso, y subrayó la distinción entre contratistas y empresarios, afirmando que ser empresario es una vocación.
María Lucía Méndez, por su parte, planteó la necesidad de establecer límites claros entre las responsabilidades del sector público y privado, de abogar por una mayor implicación del sector empresarial en todos los sectores y de una articulación más efectiva en términos de recursos, de construir confianza entre el sector empresarial, la sociedad civil y el Estado para lograr soluciones duraderas, y de que el sector empresarial contribuya a la no repetición del conflicto.
