¡Todos los sectores a participar por el enfoque de Soluciones Duraderas para víctimas del desplazamiento!
Por: Paulina Duque Gómez, asesora de relacionamiento del programa Suma Social de USAID y FHI 360.
El próximo año se cumplen 20 años de la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, la cual declaró el Estado de Cosas Inconstitucional para la población desplazada por el conflicto armado. Después de casi dos décadas, y una arquitectura institucional que ha puesto a la reparación y restauración de las víctimas del conflicto en el centro de la discusión (como las leyes 975 de 2005, la 1448 de 2011, y la 1592 de 2012), la población víctima desplazada, equivalente a más de 8.2 millones de personas, sigue siendo la población más vulnerable del país, aún, comparada con sectores sociales que tienen ingresos bajo líneas de pobreza.
Investigaciones lideradas Luis Jorge Garay desde la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, señalan que, la vulnerabilidad histórica que han experimentado las víctimas de desplazamiento se ha exacerbado con coyunturas como la del COVID-19: “señalan nuevos ámbitos de retroceso expresados en la disminución de empleo e ingresos, el aumento de la pauperización económica, la insuficiencia alimentaria, las deficientes condiciones de salud, las restricciones para el acceso a la educación, incluida la brecha digital, entre otros aspectos”. [1]
Frente a esta situación, Naciones Unidas ha hecho un llamado para generar acciones en el marco de Soluciones Duraderas a víctimas del desplazamiento. Desde este enfoque, se propone que las necesidades en materia de Derechos Humanos de los desplazados no desaparecen al cesar un conflicto, si no, que las víctimas de desplazamiento, enfrentan problemas que persisten a través del tiempo y que por ende requieren de la coordinación de todos los actores del desarrollo (Gobierno, Sociedad Civil, Empresa, Cooperación Internacional). [2]
Si bien la entidad llama la atención sobre la responsabilidad del Estado y los Gobiernos por lograr la mejora sustancial de las condiciones de los desplazados, así como su participación para la incidencia en toma de decisiones, el rol del sector privado empresarial es clave para que, este sector de la población pueda recomponer sus medios de vida de una manera sostenible en el tiempo.
¿Cuáles son las tendencias de inversión social voluntaria de las empresas y las fundaciones empresariales frente a las víctimas del conflicto armado y la construcción de paz?
Las tendencias frente a la Inversión Social Privada voluntaria[3] evidencia que actualmente, las empresas priorizan en sus intervenciones temáticas como el Desarrollo Socioeconómico, la Infraestructura y el Desarrollo Rural. Las temáticas relacionadas con Derechos Humanos, Gobernabilidad, Construcción de Paz y Reconciliación no representan rubros donde se invierten los aportes voluntarios de las empresas y fundaciones empresariales. Asimismo, desde una perspectiva poblacional, la Inversión Social Privada focaliza mayoritariamente a personas en condición de pobreza (30%), mientras que las víctimas del conflicto representan un 3%.
Asimismo, en un estudio realizado por la Asociación de Fundaciones Empresariales -AFE- en 2018[4] se puede identificar que las fundaciones empresariales que tienden a priorizar mayoritariamente su foco de acción en relación a los lugares donde tienen operación sus empresas financiadoras, y que, frente a la focalización poblacional, predomina un criterio de ciclo de vida (Niños, Niñas y Jóvenes), más que un criterio social (situación de pobreza, víctimas, entre otras) en las intervenciones.
Estos hallazgos señalan que sigue existiendo la oportunidad de generar incentivos para que las empresas puedan vincular activamente sus inversiones con el enfoque de soluciones duraderas para víctimas del desplazamiento. Hasta el momento, mecanismos exitosos que aportan a la construcción de paz con el apoyo empresarial como lo son las Obras por Impuestos en municipios PDET evidencian que: 1. El aporte que dan las empresas a la construcción de paz y a la superación del conflicto excede (y debe exceder) inversiones voluntarias que estén alineadas al core del negocio: la generación de incentivos tributarios y económicos desde el gobierno es clave para lograr este cometido. 2. Aunque se entiende el criterio para focalizar las inversiones sociales en territorios con alta pobreza e incidencia del conflicto y pocos bienes públicos, es clave pensar en mecanismos que permitan focalizar recursos con un criterio poblacional, para priorizar así a las víctimas de desplazamiento, entendiendo que estas son mayoritariamente reasentadas en centros urbanos.
Todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, tienen la oportunidad de contribuir a la recomposición de medios de vida de personas desplazadas a través de su vinculación económica y laboral, ya sea anclándolas a sus cadenas de valor, haciéndolas parte de modelos de empleo inclusivo, y/o partícipes de sus aportes filantrópicos. En este contexto, los gobiernos pueden generar mecanismos para incentivar estos modelos donde se focalicen recursos con criterios poblacionales. La sociedad civil debe seguir incidiendo para que hayan espacios de interlocución con la población víctima de desplazamiento, y así integrar los esfuerzos y conocimientos técnicos de las organizaciones sociales para mantener el enfoque de soluciones duraderas.
[1] Garay Salamanca Luis Jorge, et. Al. 2023, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado (CSPPDF). “El Reto Ante la Tragedia Humanitaria del Desplazamiento Forzado”. No de colección 20.
[2] Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010. Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos.
[3] Jaime Arteaga y Asociados, Índice de Inversión Social Privada 2023, https://www.iisp.com.co/publicaciones/iisp-22
[4] Rodrigo Villar, 2018. “Las fundaciones en Colombia: Características, tendencias y desafíos”. Publicado por la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE).
