Empresas para la ‘Paz Total’
Durante su reciente visita al PDET de Sur de Bolívar, específicamente desde el municipio de San Pablo, el presidente Gustavo Petro señaló que el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC-EP será integral. Así mismo, sobre los municipios PDET, aseguró que, tanto los procesos de planificación como los fondos destinados para inversión en zonas priorizadas se mantendrán.
Pero, sobre todo, el presidente destacó la relevancia de la participación fundamental de las comunidades que habitan estas regiones para lograr prosperidad social, que es la base de la paz.
La buena noticia es que, atendiendo a la recomendación formulada en el marco de la quinta presentación de resultados del Observatorio, se va a mantener la priorización de los 170 municipios PDET y de las iniciativas para fortalecer la presencia del Estado y la oferta de bienes públicos.
Sin embargo, poco se ha hablado sobre el rol de las empresas en el marco de esos espacios de participación, lo que se ha llamado diálogos sociales vinculantes. Este es un aspecto a considerar para lograr una aproximación integral y una transformación real de los territorios, pues la creación y supervivencia de empresas en las regiones PDET, así como la creación de empleos formales y la llegada de nuevas empresas a invertir en estos territorios contribuyen a determinar si hay un impacto en términos de oportunidades para prosperar en las regiones.
Ahora que el gobierno nacional ha abierto la puerta a nuevas negociaciones con grupos armados y de delincuencia orientadas a una ‘Paz Total’, es necesario considerar lo que se ha hecho y mantener la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Como mencionaron Juanita Goebertus y Juan Pappier, de la División para las Américas de Human Rights Watch en carta abierta el presidente Petro sobre el camino hacia una ‘Paz Total’, hay que diferenciar con quién, cómo y qué se puede negociar. Goebertus y Pappier señalan que nuevas negociaciones, por ejemplo con el ELN, deben asegurarse de no duplicar o socavar lo que ya ha sido consignado en el Acuerdo con las FARC -como la priorización de los 170 municipios PDET-.
La lección aprendida es que el sector privado debe ser parte de las conversaciones sobre futuros acuerdos. Más allá de ser un vehículo para la prosperidad, el gobierno debe ver en el sector privado una garantía para los acuerdos futuros en pro de una ‘Paz Total’. No solo porque las empresas trascienden los periodos presidenciales, sino porque el empresariado ha demostrado su disposición para involucrarse en la implementación de las iniciativas para la construcción de paz. Ejemplo de esto es que desde 2018 las empresas han ejecutado casi $1 billón de pesos a través del mecanismo de Obras por Impuestos, llevando proyectos para la provisión de bienes y servicios públicos en las zonas más afectadas por el conflicto. Así mismo, entre 2019 y 2021, según el Índice de Inversión Social Privada -IISP-, las empresas destinaron cerca de $851 mil millones de pesos en proyectos de inversión social voluntaria en zonas PDET.
Tanto el involucramiento de las grandes empresas, como la posibilidad de crecimiento de las MiPymes en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza , serán determinantes para que haya prosperidad donde hoy hay pobreza, para que haya empleo donde hoy no hay equidad social, y para que haya empresas formales donde hoy hay informalidad. Después de todo, las empresas son parte de la comunidad en las regiones y también a ellas hay que cumplirles de forma integral, como señaló el presidente desde el PDET de Sur de Bolívar.
