Cumplirle a la gente con el (los) Acuerdos de Paz

Colombia sigue siendo un laboratorio sobre conversaciones, estilos de negociación e implementación de procesos y Acuerdos de Paz. Sólo en los últimos 30 años han habido desmovilizaciones exitosas como la del M-19 y el EPL, procesos fallidos como el del Caguán con las FARC, y otros con resultados agridulces como el de Justicia y Paz con las AUC y el Acuerdo de 2016 con las FARC.

La experiencia agregada como país en este sentido es innegable y hay lecciones aprendidas que deben hacer parte de las conversaciones y negociaciones de la política de Paz Total del gobierno nacional, empezando por la inclusión del sector privado en los diálogos y en la implementación de los potenciales acuerdos.

Este año que comienza será determinante para la construcción de paz en Colombia en dos frentes muy específicos. El primero tiene que ver con la línea de implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón por parte del gobierno. El segundo es la reglamentación de lo que es la Paz Total, la metodología de negociación con grupos armados, cómo y quienes harán parte de la implementación y cuáles son los resultados esperados, sobre todo en las regiones.

Lo primero que hay que destacar es la voluntad de avanzar en la implementación del Acuerdo por parte del gobierno. Sin embargo, es prioritario que se defina la línea de política que seguirá la implementación, particularmente de los compromisos suscritos en los 170 municipios PDET, cuáles serán las alternativas de vinculación para actores del sector privado y de la cooperación internacional y si habrá incentivos para que se vinculen. Más allá de facilitar el trabajo del gobierno en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, vía proyectos de inversión y de responsabilidad social, el sector privado hace más sostenibles las iniciativas de paz e inclusión social en las regiones, así como la oferta de bienes y servicios públicos.

Por otro lado, en la línea de Paz Total, se espera que se defina pronto cuáles son las prioridades y el alcance de lo que se ha propuesto. En principio, si nuevas conversaciones de paz incidirán en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo con las FARC y las implicaciones que esto tendría para las comunidades donde se han creado importantes expectativas en materia de inversión pública y proyectos productivos. En este sentido, también hay que ser claros sobre qué es y cuál será el rol de la “economía popular”, del tejido empresarial y, en general, del sector privado en esta política de Estado.

La clave en los mensajes para las comunidades, de cara a nuevos procesos de paz, es cumplir con lo que han pedido y se les ha prometido en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Así mismo, promover la sostenibilidad propia de las regiones vía actividades productivas y generación de nuevos negocios y no mediante subsidios u otras alternativas con enfoque de asistencia y no de inversión, por ejemplo, explorando y promoviendo que haya inversión privada que también permita la creación y formalización de negocios y empleos. Esto sólo será posible si el gobierno sabe tender puentes con todo un ecosistema de aliados para el desarrollo de los territorios y su gente.

Durante las negociaciones del Acuerdo de La Habana con las FARC se habló de las víctimas del conflicto como la prioridad en las conversaciones, y la gente debería seguir siendo la prioridad en los diálogos que promueva la Paz Total. Estos espacios, en los que se le dará voz y voto al sector privado, deberán partir de la obligación de cumplir por parte del Estado con el Acuerdo de Paz. De la inclusión de diversos actores en las negociaciones depende que la construcción de una Paz Total quede bien hecha y, sobre todo, que se le cumpla a la gente con las promesas de los acuerdos. Y en esa medida, el sector privado será un actor relevante para garantizar la vigencia y complimiento de los nuevos acuerdos.