La paz es posible con el sector privado
Uno de los lanzamientos que se produce en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá es la obra “Después del Acuerdo, ¿Cómo va la paz en Colombia?”[1]. Dicho libro, que incluye interesantes miradas sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, tiene un título que reflexiona sobre el sector privado y la implementación. Según sus autores, tras cinco años del Acuerdo, “cuando la implementación requiere de un sector privado activo y comprometido, el empresariado colombiano ha reducido el perfil que lo había caracterizado” (Rettberg, Medina y Miklian (2023)).
Dicha hipótesis encuentra explicación, según estos autores, en que el dividendo de la paz se cobró antes de la firma del Acuerdo, así como por la polarización política del país y la tendencia histórica del empresariado a evitar antagonizar con el gobierno.
El Observatorio de Inversión Privada promueve conversaciones informadas sobre el rol transformador del sector privado en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia, y el pasado 21 de abril se presentaron los más recientes resultados de los indicadores de tejido empresarial, actividad económica, condiciones habilitantes para hacer negocios e involucramiento de las grandes compañías en los territorios PDET.
Justamente, estos años de monitoreo a la inversión privada han permitido evidenciar cómo, desde 2014, el número de empresas nuevas por cada 100.000 habitantes en los municipios PDET ha crecido desde las negociaciones de paz. Así, para 2016 había aumentado en un 67% el número de empresas por cada 100.000 habitantes en comparación con los datos registrados en 2015, y la tendencia creciente se mantuvo hasta 2020. Para 2022, el número de empresas nuevas creció un 14% en estas regiones (pasando de 288 empresas nuevas por cada 100.000 habitantes en los municipios PDET en 2021, a 328 en 2022), y en las subregiones donde más creció este indicador fueron Sierra Nevada- Perijá y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.
Esta medición de resultados del Observatorio también da cuenta de importantes avances en los territorios PDET. Por ejemplo, el recaudo por impuesto predial crece más en estos territorios que en los otros municipios, debido en parte a los esfuerzos por formalizar la tierra y la cultura de pago, a pesar de las bajas que se registran desde 2019. Por el lado del recaudo del impuesto de industria y comercio, que es un indicador de transacciones comerciales formales, también se registra un mayor crecimiento en estos municipios que a nivel nacional.
Sin embargo, la dinámica empresarial debe analizarse en atención a otras consideraciones como la tasa de supervivencia empresarial y la seguridad, que desafortunadamente vienen deteriorándose en el tiempo. Y, aunque no se tiene aún el reporte a 2022 de inversión social para el desarrollo que se extrae del Índice de Inversión Social Privada (IISP) que calcula Jaime Arteaga & Asociados (JA&A), se percibe que las empresas han venido perdiendo interés en invertir en los PDET.
Durante el pasado mes de abril, el país y la comunidad internacional pudieron evidenciar la preocupación que persiste en torno a las cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz en diferentes escenarios[2]. Pero, ¿por qué no buscar alianzas con un aliado estratégico como lo es el sector privado?
Como indican Rettberg, Medina y Miklian (2023), “El empresariado colombiano ha sido un aliado clave para la construcción de la paz en Colombia (…) ha financiado iniciativas de paz de la sociedad civil, ha promovido la capacitación y contratación de población víctima y desmovilizada, ha participado en la construcción de estándares de derechos humanos, ha facilitado y apoyado negociaciones de paz y ha intervenido con proyectos innovadores para estimular la producción y el crecimiento en regiones vulnerables de Colombia”[3].
No solo estamos de acuerdo con esta afirmación, sino que desde su creación, el Observatorio ha llevado a diferentes escenarios el rol clave del sector privado para la paz. El sector privado, como lo muestran los indicadores y las recomendaciones del Observatorio, ha contribuido y está en capacidad de apoyar la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. La importancia del mecanismo de obras por impuestos, que ha representado un aumento tanto en el número de proyectos como de montos invertidos en los municipios PDET, es apenas una muestra de ello.
En esa medida, qué oportuno resulta que cada vez más se llegue a acuerdos sobre la importancia del empresariado en las discusiones sobre la paz en Colombia. Como lo mencionó la Dra. Gloria Cuartas[4] en el marco de la presentación de resultados del Observatorio hace unos días, el gobierno tiene la misión de repensar la implementación, y esto implica un balance colectivo, que considere el acumulado de tensiones territoriales y a todas las fuerzas económicas y sociales, donde el sector privado tiene mucho que aportar.
[1] Betancur- Restrepo, L. & Rettberg, A. (2023), Después del Acuerdo, ¿Cómo va la paz en Colombia?. Volumen 1. Universidad de Los Andes.
[2] Ver, por ejemplo: La Silla Vacía, Las cuentas financieras de la paz: ¿dónde está el punto 6? (2023), disponible en: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/las-cuentas-financieras-de-la-paz-donde-esta-el-punto-6/ ; El Espectador, “Los recursos de la paz son sacrosantos”: Cepeda en el debate de control político (2023), disponible en: https://www.elespectador.com/politica/los-recursos-de-la-paz-son-sacrosantos-cepeda-en-el-debate-de-control-politico/ y El Espectador, ‘Esperamos que se busquen recursos porque el Acuerdo de Paz se debe implementar’ (2023), disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/mision-de-verificacion-de-onu-sobre-dinero-para-acuerdo-de-paz-consejo-de-seguridad-carlos-ruiz-massieu/
[3] Ibidem.
[4] Gloria Cuartas es la Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
