La paz es un negocio de largo aliento
Durante todo noviembre, sobre todo las últimas dos semanas, se han llevado a cabo diferentes eventos conmemorando los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y los 4 años de la política de Paz con Legalidad. En las regiones y en Bogotá, de guayabera y de corbata, al aire libre y en las universidades, la implementación del Acuerdo ha sido celebrada y debatida. Hay quienes señalan que no se ha hecho nada y quienes destacan avances significativos. Sin embargo, tal vez el mensaje más importante es que se ha alcanzado un hito en el proceso de implementación que, aunque todavía está en etapas tempranas, es un buen negocio para Colombia, lo que se refleja en cómo se ha visto afectado el sector privado.
Durante estos últimos 5 años, el tejido empresarial en las regiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- ha mostrado avances acelerados, incluso adelantándose a la firma del Acuerdo en 2016. El Observatorio de Inversión Privada deja ver que hasta 2019, antes de la llegada de la pandemia, el crecimiento en la creación de empresas nuevas en los PDET con respecto a 2014 aumentó en un 143%, casi triplicando la creación de empresas en tan solo 5 años. De la misma manera, en estos, los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, el recaudo de impuesto de industria y comercio -ICA- que se causa por los negocios que se dan estas jurisdicciones ha crecido 25.3% desde 2016 hasta 2019.
En cuanto a las grandes empresas, su involucramiento con estas regiones también ha mostrado avances significativos. Por una parte, y tal vez uno de los grandes hitos más destacados en cuanto inversión del sector privado, de acuerdo con el Índice de Inversión Social Privada (IISP), las empresas consultadas invirtieron en 2020 $449 mil millones de pesos en municipios PDET, incluso cuando sus ingresos disminuyeron 15%. La mayoría de estos recursos se invirtieron aliados con los pilares de reactivación económica y producción agropecuaria (28%) y Educación rural y de primera infancia (24%). Por otra parte, se ha utilizado de manera destacada el mecanismo de Obras por Impuestos en proyectos ejecutados por las empresas y financiados con un porcentaje de su impuesto de renta para la provisión de bienes públicos. Desde la entrada en vigencia del mecanismo en 2018, a través de Obras por Impuestos se han invertido $613,253 millones en 77 proyectos aprobados en 15 de las 16 regiones PDET, esto teniendo en cuenta que el mecanismo también cobija municipios ZOMAC.
Ahora bien, desde el Gobierno Nacional se han dado cuenta que mostrar avances en la implementación del Acuerdo, más allá de si desde un principio estuvieron de acuerdo con él, funciona. El pasado 18 de noviembre, “el Día PDET”, desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación afirmaron que durante estos 3 años del gobierno de Iván Duque se han ejecutado 2.800 obras para la provisión de agua potable, luz eléctrica y fotovoltaica, e infraestructura. Reiteradamente se ha señalado que las inversiones en los 170 municipios PDET han alcanzado un máximo histórico de $10.1 billones de pesos.
Así mismo, y cada vez con mejor disposición, este gobierno se ha sometido a la cuasi-auditoría sobre la implementación del acuerdo ante organizaciones multilaterales y garantes del proceso de paz. No en vano, el pasado 23 de noviembre en Apartadó, Antioquia, se llevó a cabo una rigurosa rendición de cuentas de los avances en la implementación ante Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El hecho de que el gabinete del presidente presentara cifras concretas y abiertas al escrutinio frente a representantes de la comunidad internacional, solidifica la responsabilidad del Estado colombiano frente al Acuerdo.
De cara a las elecciones de 2022, el consejero Emilio Archila ha sido reiterativo en la irreversibilidad de lo que se ha hecho por parte de este gobierno y la importancia de “construir sobre lo construido”. Sin importar el gobierno que tome posesión el próximo 7 de agosto, ya se cuenta con avances importantes en la implementación, que además de reconocerse, deberían aprovecharse. En principio, y más destacado, la priorización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza en los que ya hay expectativas creadas en el marco del PDET como un programa de 15 años.
Precisamente, durante la conmemoración de la Implementación de la Política de Paz con Legalidad en Apartadó, el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, señaló que “la paz de Colombia es su refundación”, a lo que añadió “no miren demasiado hacia atrás, no miren lo irreparable, miren hacia adelante”. Y es precisamente hacia adelante que hay que priorizar esfuerzos para que, a partir de inversiones en bienes públicos, el sector privado pueda generar riqueza en las regiones.
Si bien las empresas, de todos los tamaños, han respondido al llamado de ser aliados de la implementación del Acuerdo, desde involucrarse en grandes obras de infraestructura hasta la generación de uno o dos empleos formales en regiones de transición, los esfuerzos del sector privado han impulsado el cambio en los territorios más vulnerables. De los esfuerzos del gobierno, saliente y entrante, por promover la inversión privada en los PDET depende en gran medida que el sector privado asuma un mayor empoderamiento sobre su rol como actor determinante para la construcción de paz y Estado en donde la violencia, la pobreza y la pandemia han golpeado con mayor contundencia durante los últimos años.
Desde el Observatorio de Inversión Privada, una iniciativa del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) y Jaime Arteaga & Asociados, nos unimos y celebramos la firma e implementación del Acuerdo de Paz como un compromiso del Estado colombiano y no una política de gobierno.
