Las prioridades del gobierno
La protección del medio ambiente y la sostenibilidad del entorno se han convertido en asuntos fundamentales e integrados en la mayoría de las operaciones del sector privado. Tanto la convicción sobre el impacto en el entorno, como las exigencias de los mercados han promovido que las empresas adopten y se comprometan con el cumplimiento de estándares internacionales, en ocasiones más exigentes que las mismas regulaciones gubernamentales locales. Sin embargo, entre los estándares de adopción voluntaria y el cumplimiento de procesos institucionales hay diferencias que, en últimas, terminan por aumentar los costos indirectos de la operación que asumen los inversionistas y terminan desincentivando sus proyectos de inversión.
El Gobierno Nacional se ha esforzado por promover inversiones en Colombia como destino turístico y con un enorme potencial para aportar a la transición energética, desde la producción de minerales clave (como los metálicos) hasta la generación de energías más verdes. Así mismo, la producción agropecuaria tiene en el país potencial para la tecnificación y escalamiento con vocación de surtir los mercados locales, así como de exportar.
Tanto en turismo como en el sector minero-energético y el agroindustrial, los PDET presentan importantes oportunidades para los inversionistas. Sin embargo, y a pesar de la invitación del gobierno a invertir en estas zonas, incluso ofreciendo incentivos económicos y tributarios, las barreras institucionales limitan inversiones de gran escala y hacen que el involucramiento de las empresas en los PDET sea cada vez menos atractivo o expedito. Los procesos de consulta previa sin que estén claramente identificadas, definidas y certificadas las comunidades en los territorios; la subjetividad en los procesos para obtener licencias; y, la incertidumbre sobre los tiempos en estos procesos es determinante para que grandes jugadores se abstengan de movilizar recursos hacia nuevos proyectos. Lo anterior sin mencionar que hay regiones en Colombia en las que la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, además de la ausencia del Estado, configuran un alto riesgo que el sector privado difícilmente está dispuesto a asumir.
Un claro ejemplo de lo anterior se ve reflejado en el reciente archivo del trámite de la licencia ambiental para la explotación de cobre en el proyecto Quebradona, el cual demuestra precisamente que, aun cuando la empresa privada está alineada con los intereses del gobierno nacional, muchas veces sus esfuerzos se ven frustrados. Si bien Jericó, Antioquia, donde se desarrollaría Quebradona no es un municipio PDET, este caso sí constituye un llamado de atención para eventuales inversiones en los 170 municipios priorizados. Aun cuando institucionalmente se han realizado esfuerzos por diversificar la matriz de producción minera a través de minerales estratégicos como el cobre y otros polimetálicos; la inversión extranjera directa en el sector minero-energético; y, la exploración de nuevas oportunidades en las regiones, la propia institucionalidad pone trabas a la ejecución de proyectos clave para el país. Si bien la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- asegura que su evaluación es técnica, rigurosa e integral, también es demorada e inconclusa, pues la entidad no toma decisiones y, en lo que podría decirse que es un “lavado de manos”, archiva los trámites. Ni otorga ni niega licencias.
Más allá de casos mediáticos como el de Quebradona o el proyecto Soto Norte en Santander, para los PDET se debería definir una ruta institucional clara y con tiempos definidos a fin de agilizar los proyectos de inversión privada en estas regiones teniendo en cuenta que, además del sector minero-energético, el sector del turismo y de agroindustria tienen un potencial atractivo, pero en la medida en que se estructuran proyectos de mayor escala, se requieren más permisos, licencias, certificaciones, etc., ante diferentes entidades.
Para el sector privado, en procesos de inversión responsable, no existe la dualidad sobre si pedir perdón o pedir permiso, se pide permiso desde que exista la viabilidad económica, social y ambiental para sacar adelante un proyecto. Además, se presupone que iniciativas de inversión extranjera, alineadas con las prioridades del Gobierno Nacional, contarían con canales institucionales más expeditos y claros en sus procesos y tiempos, así por lo menos los asuntos institucionales mitigarían en cierta medida los costos asociados a los riesgos de invertir en regiones que, como los PDET, necesitan de inversión privada responsable para crecer legal y sosteniblemente. Esas deberían ser prioridades del Gobierno en aras de promover la inversión privada responsable en las regiones.
