Más allá de ser muchos pensando en los mismos problemas, somos muchos en capacidad de aportar a la construcción de paz

Recientemente, la Doctora Gloria Cuartas, Directora de la Unidad de la Implementación del Acuerdo de Paz, mencionaba en una entrevista1 con el diario El Tiempo que la importancia del Acuerdo implicaba que todos los ministerios, las agencias, gobernaciones, alcaldías y demás entidades respondieran mancomunadamente al desafío de la paz, lo cual implicaba -por ejemplo- entender que su cumplimiento necesitaba no solamente un plan de trabajo o billones de pesos, sino agilizar compromisos técnicos y metodologías para colocarlas al servicio de la implementación del Acuerdo.  

Su oportuna reflexión apuntaba a considerar como un error eliminar la Consejería para la Estabilización y Consolidación, en su momento alegando un “exceso de institucionalidad”, pues ahora se reconoce que el Alto Comisionado para la Paz no puede tener a su cargo la implementación del Acuerdo de Paz y los diálogos con grupos armados ilegales. 

Luego de casi siete años de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de la suscripción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), comenzamos un nuevo mes con una necesaria reflexión sobre la implementación del Acuerdo de Paz y las recomendaciones que hemos difundido desde el Observatorio de Inversión Privada, a propósito de esta reveladora entrevista.  

En diferentes escenarios, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha mencionado la necesidad de recuperar la confianza, de hacer un balance de la implementación, de retomar los PATR y fortalecer la colaboración entre la institucionalidad a cargo de la implementación del Acuerdo, pero también de las organizaciones, cooperación internacional y demás actores que llevamos años haciendo seguimiento y recomendaciones al gobierno nacional. Todos estos son puntos de convergencia con lo que hemos planteado desde el Observatorio de Inversión Privada desde diferentes escenarios, tanto a nivel nacional como local, pues creemos que más allá de ser muchos pensando en los mismos problemas, somos muchos en capacidad de aportar a la construcción de paz y la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza en Colombia. 

Por eso, que “mejorar la articulación en los distintos niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la cooperación internacional” sea un aspecto dentro del Plan Estratégico 2023- 2026 de la ART, es para nosotros muy valioso y un llamado a unirnos alrededor de la implementación del Acuerdo. Cada organización, desde su experiencia, tiene insumos para aportar desde la evidencia al cierre de brechas.  

Desde el Observatorio, por ejemplo, hemos promovido conversaciones alrededor de la necesidad de promover la presencia del Banco Agrario en las regiones, priorizar los ecosistemas productivos que ya existen en los territorios, fortalecer la asociatividad y promover la participación de empresas en los PDET en las compras públicas. Y vemos con agrado que todos estos insumos responden al desarrollo de propuestas planteadas por el mismo Presidente Petro alrededor de la transformación del Banco Agrario, el acceso al crédito y la política de reindustrialización, por citar unos casos. 

Pero además, porque creemos que la paz debe hacerse con el sector privado, donde por tal acepción debe entenderse también al trabajador de la economía popular.   

Sabemos que en este balance de la implementación, el asunto de los recursos es medular. Según la misma ART, “el costo estimado para la implementación de los PDET representaría el 62% de los recursos para la implementación de la totalidad del Acuerdo calculado por el mismo CONPES en $129,5 billones”. Pero de acuerdo con los últimos resultados del Índice de Inversión Social Privada (IISP) de Jaime Arteaga & Asociados, el sector privado ya invierte voluntariamente 489 mil millones de pesos al año. Esta cifra merece mayor atención en la conversación sobre la implementación, pues es un indicador no solo en término de recursos, sino de compromiso e involucramiento de las empresas en territorios como los PDET.   

Por esto, el llamado no es solo a construir sobre lo construido, sino a integrar al sector privado efectivamente en la implementación. Pero no solo en términos de financiación, sino bajo la lógica de que no competimos con la institucionalidad, sino que podemos ser aliados en la desactivación de las causas estructurales de la violencia y el conflicto en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia.