Nuevo balance y mismas preocupaciones sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz

El equipo del Observatorio de Inversión Privada ha participado activamente en diferentes espacios de encuentro sobre la implementación del Acuerdo de Paz, a propósito del aniversario de la firma de este hito en 2016. Por esto, recibimos con interés el informe de control político multipartidista “Del Capitolio al territorio” realizado por el Congreso de la República. 

Entre los puntos a destacar de la implementación, el informe incluye el mayor control social a los grupos armados y la aceleración en la formalización de la tierra, que se ha servido de acciones como la aprobación de la jurisdicción agraria. Como Observatorio, destacaríamos además que el Plan Nacional de Desarrollo ha incluido aspectos como el fortalecimiento de los esquemas asociativos territoriales para el cierre de brechas socioeconómicas, la promoción de la economía campesina y la economía popular, así como la ampliación de la participación de los empresarios en las compras públicas.   

Pero también, el informe señala que el balance de la implementación no es el esperado. Por ejemplo, se evidenció que, aunque se han incrementado los presupuestos de entidades como la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, la ejecución es baja (menos del 20% en cada una).  

En esa misma línea, las condiciones para la reincorporación se encuentran con diferentes obstáculos, como las dificultades que han reportado los excombatientes para desarrollar sus proyectos de vida en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Sobre este asunto, los indicadores del Observatorio demuestran que el 68,5% de los municipios PDET no tuvieron ningún crédito de vivienda aprobado en 2022 y otro 10,7% de los municipios solo tuvo 1 crédito de vivienda aprobado en 2022. Por la participación que el equipo del Observatorio tiene en Comités Técnicos, así como las validaciones con grupos de interés en territorio, sabemos que las condiciones de precariedad impiden también desarrollar sus proyectos productivos, contar con condiciones de seguridad y tener espacios de cuidado que promuevan la independencia y estabilidad económica con un enfoque de género.  

De igual forma, se consignó en los hallazgos del informe que ha habido un aumento en la violencia en los territorios y persisten las dificultades para reparar a las víctimas y para la reincorporación.  

En el Observatorio hemos llamado la atención sobre el deterioro de la seguridad en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde según nuestros indicadores para 2022, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es del 52,65 frente a 27,09 nacional, siendo Arauca la subregión PDET con los resultados más preocupantes. En lo que respecta a la tasa de extorsiones por cada 100.000 habitantes, el total PDET es de 18,6 frente a 16,9 nacional, y los mayores reportes se registran en las subregiones de Pacífico Medio y Macarena Guaviare.  

Esta información, calculada excluyendo del análisis a los municipios de Valledupar y Santa Marta por el comportamiento diferencial que aportan en los datos de la subregión de Sierra Nevada- Perijá, es consistente con lo documentado por los Congresistas, pero además, refleja una preocupante realidad en las subregiones PDET. 

En una reciente columna de Laura Bonilla de la Fundación PARES1, indicaba la autora que había unas mayores expectativas en el actual gobierno respecto al logro de la paz, y que desafortunadamente, la política de Paz Total no ha contribuido seriamente a la disminución de la violencia. Coincidimos con esta afirmación, y con el llamado a la acción de la columna para tomar decisiones, pues la implementación del Acuerdo no puede quedar diluido en los actuales esfuerzos de negociación con los grupos armados ilegales.  

Deben hacerse más cosas: debe trabajarse con el sector privado como aliado clave en la construcción de paz (que, por cierto, invierte en los PDET cerca de medio billón de pesos en inversión social privada voluntaria y le ha apostado decididamente a mecanismos como obras por impuestos, demostrando su compromiso y potencial transformador para el cierre de brechas en los territorios) y mantenerse la priorización de los PDET para desarrollar acciones diferenciadas de construcción de condiciones habilitantes.  

Solo así, tendremos un verdadero cambio.