Políticas, estrategias y proyectos con enfoque de género y priorización de los PDET: un llamado a los nuevos gobiernos locales

A comienzos de octubre, la Real Academia de las Ciencias de Suecia informaba al mundo que la economista estadounidense Claudia Goldin sería galardonada con el Premio Nobel en Economía, por ser pionera en los estudios económicos con enfoque de género. 

Dentro de sus investigaciones, la Profesora Goldin encontraba que en el tiempo abundan los casos que demuestran que, aunque las mujeres están más y mejor educadas que los hombres, persiste la brecha salarial con éstos últimos. Entre sus explicaciones, está la carga mental, la maternidad y los trabajos de cuidado no remunerado, que impiden que las mujeres –que históricamente han tenido a su cargo las labores del hogar- puedan asumir otras actividades o jornadas más extensas.  

Esta investigación ha orientado otros esfuerzos en la región, que refuerzan la necesidad de promover políticas públicas que cierren brechas y promuevan mayores oportunidades para las mujeres.  

Esta demanda ha sido confirmada por el equipo del Observatorio de Inversión Privada en diferentes escenarios y visitas al territorio. Las mujeres son una fuerza dinamizadora de las economías en territorios como los PDET y, sin embargo, la oferta de programas no es diferenciada ni ha logrado producir una verdadera transformación en estas dinámicas. Solo en los PDET, por ejemplo, el Observatorio de Inversión Privada documentó que en 2022 el 52,3% de los microcréditos se otorgaron a mujeres en estas regiones, correspondientes al 44,4% de los montos aprobados.   

En épocas electorales como las actuales, encontramos con sorpresa y a propósito de este tema, que ni la participación femenina en las elecciones regionales es significativa, ni los PDET hacen parte de las agendas programáticas de los candidatos.  

De una parte, de los más de 132.000 candidatos a las elecciones regionales de 2023 en todo el país, menos del 40% son mujeres1. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM/OEA) “se ha constatado que las dificultades que las mujeres enfrentan para acceder al financiamiento de sus campañas electorales es el mayor obstáculo que ellas perciben para una participación política efectiva”2. Esta situación afecta la democracia y perpetúa la discriminación, desigualdad estructural y falta de oportunidades de las mujeres. 

Por otro lado, como lo documentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), de la revisión de 45 programas de gobierno para las elecciones a la gobernación de siete departamentos con alrededor del 60% de municipios PDET, “la implementación de los PDET es ampliamente ignorada por los departamentos”3. Este desconocimiento o falta de interés es una clara señal de alarma para la implementación del Acuerdo de Paz, si se considera que se avecina la revisión de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y que los esfuerzos de las entidades a cargo de la implementación le apuestan a dinamizar los proyectos para estos municipios con recursos que provienen en gran medida del Sistema General de Participaciones. 

Ante la preocupación que generan ambas situaciones, esperamos que la agenda de empoderamiento femenino pueda seguir fortaleciéndose en las regiones, aprovechando experiencias exitosas que el mismo sector privado puede aportar en dimensiones como el favorecimiento de su autonomía económica. Para ello, y para seguir trabajando en la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza, el Observatorio seguirá conversando con las administraciones locales y sus grupos de interés en la promoción del rol del sector privado como actor relevante en la ecuación de la paz local y nacional.  

Pero también, esperamos que los nuevos mandatarios reciban y acojan herramientas como los lineamientos que ha desarrollado el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el marco del Sistema de Planeación Territorial, para que la implementación del Acuerdo de Paz y la política de Paz Total hagan parte de los Planes de Desarrollo Territorial y las apuestas de construcción de paz en el nuevo período que comienzan.