Por un 2024 lleno de oportunidades para las regiones y de avance en la construcción de paz.

Concluyó un 2023 marcado por varios momentos propiciados por una nueva agenda de gobierno: el anuncio de una nueva política de “Paz Total” y la revisión de la Corte Constitucional a la Ley 2272 de 2022; los decretos de cese al fuego con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas y las de la Sierra Nevada; la negociación con las disidencias de las antiguas FARC; los diálogos con bandas en el Chocó, Valle de Aburrá y Buenaventura; las discusiones por la implementación del Acuerdo de Paz; el anuncio del ELN y el Estado Mayor Central de suspender el secuestro con fines extorsivos en el país; o los cambios en la estructura de las entidades a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz, por mencionar algunos casos.

Es claro que el gobierno tiene una agenda ambiciosa en temas de paz, lo cual celebramos, y por eso hacemos un llamado a seguir trabajando en la consolidación del ecosistema para la construcción de paz en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia.

Desde su creación, el Observatorio ha trabajado incansablemente para visibilizar el rol transformador del sector privado (que no solo se refiere a las grandes empresas sino a la vasta mayoría de micro y pequeñas empresas en las regiones y a la economía popular) en el cierre de brechas y la construcción de paz. Nuestros indicadores así lo demuestran, y a través de iniciativas como el Índice de Inversión Social Privada de Jaime Arteaga & Asociados (JA&A) hemos podido hacer sinergia para promover diálogos informados alrededor de la inversión social que realizan las empresas más grandes del país en regiones como los municipios PDET y otros territorios. 

Por esto, el llamado a la unión que se extendió en el debate público en 2023, también es aplicable y necesario para el 2024. La paz, que es un anhelo común, es una apuesta en la que se pueden aprovechar y potenciar esfuerzos que desde varios sectores se vienen haciendo. 

En particular, desde el sector privado son múltiples las oportunidades para promover alianzas, iniciativas, buenas prácticas y recursos que permitan impactar positivamente a las regiones. Un ejemplo de ello se encuentra en el hito alcanzado por el mecanismo de obras por impuestos, que logró una ampliación del cupo por 1,1 billones de pesos para 2024 vinculando a 108 empresas en 157 proyectos en municipios PDET y ZOMAC.

Un régimen tributario de reconstrucción para las regiones más afectadas por la violencia en la pobreza sería una muy buena recomendación para la transformación territorial, así como la promoción de inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, lo cual ha sido parte de las recomendaciones del Observatorio. Detrás de recomendaciones como esta, o la promoción de las compras públicas en los municipios PDET y el apoyo a sistemas de logística y la asociatividad, se encuentran años de validaciones con nuestros grupos de interés en los territorios.

Por esto, esperamos que el mensaje que hemos logrado canalizar desde el Observatorio siga permitiendo forjar alianzas y tender puentes con el gobierno en 2024, aprovechando también el relacionamiento estratégico de esta iniciativa con otros actores del sector privado, la academia, la cooperación internacional y la sociedad civil.