¿Será el 2024 el año de la implementación del Acuerdo de Paz?
El país recibe por estos días la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la instancia más importante de la organización internacional para, entre otras cosas, hacer seguimiento a los avances en la implementación del Acuerdo con las FARC y la Política de Paz Total del gobierno nacional.
De acuerdo con lo que trascendió de la rueda de prensa ofrecida por Presidencia, se ha perdido mucho tiempo en cada gobierno para la implementación del Acuerdo. En específico, el Presidente Petro evidenció su preocupación frente a cuatro grandes temas: i) el muy lento avance de la Reforma Rural Integral; ii) que no se haya cumplido con el compromiso de verdad judicial, lo cual redunda en más impunidad; iii) no se está realizando una verdadera transformación de los territorios, donde no hay cierre de brechas en temas como tasa de mortalidad infantil, desigualdad social y territorial; y iv) que se reactivó una nueva violencia en los territorios, que ya no tiene que ver con la política sino con las economías ilícitas, lo cual impacta en las cifras actuales de 419 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados.
Al cierre de dicha rueda de prensa, el Presidente Petro indicó que este balance es un llamado de atención para que todo el gobierno, con todo el presupuesto disponible, debe trabajar para reducir la desigualdad social. Y dijo, además, que es el Presidente de la República el “gran coordinador de la paz”.
Todo esto sucede en medio de un contexto de gran volatilidad política, donde además se presentaron tres hechos importantes:
De un lado, el anuncio del gobierno y del ELN de extender el cese al fuego por seis meses y suspender los secuestros con fines económicos.
La audiencia pública convocada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en la que las instituciones encargadas de ejecutar el Acuerdo de Paz rindieron cuentas de su gestión.
El más reciente evento organizado por el Observatorio de Inversión Privada, en alianza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), sobre incentivos tributarios para la paz y la transformación territorial.
Sobre el primer hecho, celebramos cualquier esfuerzo que en el marco de las negociaciones con el ELN se produzca y permita proteger la vida e integridad de los colombianos. A pesar de las dificultades, la apuesta por la construcción de paz no debe desfallecer y esperamos que recomendaciones como las formuladas por el Observatorio para incorporar al sector privado en las negociaciones puedan tener cabida y llevarse a feliz término.
En esa misma línea, celebramos el monitoreo a la implementación del Acuerdo de Paz que realizan los legisladores, pero también las entidades tanto del sector público como privado, academia y sociedad civil. En ese escenario, desde estas orillas habíamos respaldado el llamado urgente a crear la Alta Consejería para el Acuerdo de Paz, como lo manifestó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Pero también es preciso resaltar que no basta con la entrada en operación de dicha dependencia, sino en que efectivamente se materialicen resultados, para lo cual deben asignarse recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informaba que se está actualizando el Plan Marco de Implementación y se está creando un sistema de interoperabilidad de los recursos, lo cierto es que en diferentes escenarios ha trascendido que se requieren más fondos para alcanzar las metas propuestas.
Para esto es clave el rol del sector privado, como lo ha manifestado el Observatorio.
Y es justamente este tema el que motivó el reciente encuentro sobre incentivos tributarios para la paz y la transformación territorial, desarrollado en alianza con el DNP el pasado 31 de enero de 2024. Desde el Observatorio hemos recomendado la formulación de un régimen tributario para la reconstrucción de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza, aprovechando experiencias nacionales (como la Ley Páez en el Cauca, el mecanismo de obras por impuestos y las exenciones de impuestos a los municipios ZOMAC, entre otros) e internacionales (como los realizados en Alemania e Irlanda del Norte, por ejemplo).
Este evento, al que acudieron importantes lideres y contó con transmisión en vivo a nuestra amplia audiencia en las regiones PDET[1], promovió una conversación constructiva alrededor de aspectos como la importancia del apalancamiento de recursos y esfuerzos, la generación de transformaciones cuyo impacto pueda efectivamente medirse, la promoción de medidas tributarias que favorezcan la creación y desarrollo de empresas, la descentralización administrativa, la sustitución de economías y la vinculación de empresas y proyectos ancla en las regiones.
El 2024 arranca con bastantes retos y noticias alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual es positivo y permite que continúe siendo un tema presente en la agenda nacional. Sin embargo, lo importante es que dicha importancia se traduzca en acciones efectivas y concretas en los territorios, donde las comunidades perciban los dividendos de la paz y haya un cierre de brechas a nivel social y económico. Desde el Observatorio, empezamos otro año con ese propósito.
[1] Para revivir este encuentro, ver: Observatorio de Inversión Privada (2024), Incentivos Tributarios para la paz territorial, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=REjbYFVHVFE&list=PLnNQ6gEFGjKF4dX4p5Pl4gP5AI3HsKqCh&ab_channel=JaimeArteagayAsociados
