Juanita Goebertus, Representante por la Alianza Verde

Entrevista a:

Juanita Goebertus

Juanita Goebertus, representante a la cámara por el Partido Verde, ha sido una defensora de la priorización de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. Si bien ha criticado la falta de avances en la implementación de los PDET, también ha defendido la focalización de esfuerzos, el respeto por los recursos del OCAD-Paz, promoviendo el servicio social de estudiantes en estos municipios, entre otros.

La representante conversó con el Observatorio de Inversión Privada sobre su visión de los PDET, los avances del Gobierno Nacional en su implementación y el rol del sector privado en la trasformación de estos 170 municipios.

Todos tenemos una visión sobre los PDET, según su definición, más allá de lo legal, ¿qué es un PDET?

El PDET es un programa que busca articular la oferta del Estado, focalizándola en aquellos territorios que han sido los más afectados por la guerra, tienen los peores indicadores de pobreza, tienen una alta presencia de economías ilegales, y hay una baja capacidad institucional. Este programa plantea que, al articular la oferta y la capacidad institucional nacional en los territorios, focalizándola en esas regiones, y teniendo consumo básico la participación ciudadana y la visión de lo que los habitantes del territorio quieren que sean sus regiones en un marco de 15 años, se pueda realmente cerrar la brecha entre esos municipios y el resto del país.

Para mi los PDET son ante todo una garantía de no repetición del conflicto armado. Esto entendiendo que el conflicto armado no ha sido solamente el conflicto entre partes, sino que ha habido condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe durante muchos años. Que las condiciones de pobreza y de falta de acceso a bienes y servicios públicos básicos en estos territorios ha permitido que independientemente del actor que surja, surjan nuevos conflictos en esos territorios.

A este Gobierno le quedan ya menos de dos años para implementar el PDET, ¿Qué cree que hay en la agenda el tiempo que queda de esta administración?

Considero que el consejero Emilio Archila ha hecho un ejercicio importante de planeación, de estructuración de proyectos de mediano y largo plazo, de ordenar un poco la casa en términos de lo que la gente quería se traduzca en proyectos concretos. Por ejemplo, en eliminar esa duplicidad perversa entre lo que son ZOMAC y lo que es PDET, realmente concentrarse en la inversión de recursos públicos y privados focalizados en los PDET. 

Desafortunadamente creo que esa visión afectó lo que en efecto es a largo plazo, son 15 años de transformación territorial. Por la manera en la cual este gobierno maneja su agenda, a pesar de los esfuerzos del consejero Archila, no lo han puesto en el top 3 de lo más importante. Sin duda, desde un punto de vista de desarrollo y de seguridad nacional, los PDET deberían estar entre las prioridades de cualquier gobierno que lea cuál ha sido la historia de este país. Tristemente el gran problema es que se nos van a ir estos cuatro años en planeación, en anunciar números, en anunciar proyectos y la gente va sintiendo que eso fue mentira, que nada de eso está transformando la realidad territorial. Al tiempo, en muchos de estos lugares la seguridad territorial se deteriora.

 Ahora, lo que nosotros hemos hecho es seguimiento a la implementación del acuerdo, que demuestra que, a pesar de los esfuerzos, la inversión real en el territorio ha sido muy baja. Lo que las comunidades han visto prácticamente de manera exclusiva son las pequeñas obras de infraestructura comunitaria, las llamadas Obras PDET, que no representan ni el 2% de lo que tendríamos que invertir al año en esos territorios para poderlos transformar en 15 años.

Yo creo que este Gobierno se fue en un ejercicio de planeación, que ojalá nos permita que apenas inicie el próximo Gobierno sí empiece esa ejecución. En todo caso el próximo Gobierno tendrá el reto inmenso de recuperar la confianza y promover con hechos la estabilización, sobre todo en términos de seguridad en esos territorios para poder empezar a ejecutar.

O sea que definitivamente el Gobierno que venga, sin importar donde se ubique en el espectro político, debería mantener la priorización estos 170 municipios…

Sin duda, para mí es clarísimo. Creo que hay sectores, sobre todo de derecha que todavía atacan el Acuerdo de Paz y se reúsan a que haya una priorización. También hay algunos sectores del petrismo que atacan la priorización e insisten en que se debería hacer todo al mismo tiempo, en todo el territorio nacional, desconociendo que hay diferencias territoriales y que hay unos municipios mucho más pobres que requieren atención antes. En general, el resto del espectro político a pesar de sus diferencias defienden que tiene que existir esa focalización.

Desde el surgimiento de la política de Paz con Legalidad no ha sido claro el rol del sector privado y cómo se puede involucrar en la implementación del PDET, ¿cuál debería ser la vinculación del sector privado con estas regiones?

Si bien no soy experta, creo que en general ha venido evolucionando una visión de la responsabilidad social empresarial ortodoxa, de un par de obras de bienestar a una un poco más compleja, que entiende que la mejor y única manera de tener una empresa exitosa en un municipio donde ha habido históricamente alta conflictividad, es generar confianza y bienestar de las comunidades. Así se asume una responsabilidad social más grande, alineada con la transformación de sus territorios, pasando por los principios de los derechos humanos y reconocimiento de sus territorios.

La precaria presencia del Estado llevó a que empresas estuvieran “solas” en el territorio, en conversaciones directas con la comunidad, en ausencia de capacidad institucional, y que pareciera que llegaron a brindar oferta social que no había. Digamos que, en ese escenario de evolución, insisto y celebro, el cambio en temas como que las Obras por Impuestos sí se focalicen en PDET demuestran avances. Hay que hacer un ejercicio aún mas robusto de compromiso, dar a entender que hay una responsabilidad de la empresa en cerrar las brechas de esos territorios con el resto del país.

No solo por lo que eso implica en términos de bienestar económico, sino realmente como una corresponsabilidad, pues en muchos de estos sitios en donde, poniendo de presente que las empresas generaron bienestar y empleo, contribuyen a hacer presencia cuando el Estado no estaba. Y, en cuanto a las relaciones con las comunidades, que pueden ser complicadas, transformar esa relación no solamente debería ser entendida en clave de eso cómo es bueno económicamente para la empresa, sino que debería ser leído en clave de cuál es la responsabilidad de esas empresas en esos territorios, para transformalos positivamente. Asumirse como parte de los responsables en cumplir efectivamente con las metas del acuerdo de paz para la transformación de sus territorios en reducción de pobreza o acceso a tierras, entre otros.

Ante los compromisos que ya han hecho los gobiernos, los empresarios no quieren correr el riesgo de asumir los compromisos del Estado ante las comunidades.

Yo comparto plenamente la crítica al Estado, y eso no es un Gobierno en particular sino de muchos. Justamente no genera confianza porque se prometen a hacer cosas que no van a cumplir porque no las pueden cumplir. Hay que trabajar sobre la base de compromisos realistas, capacidades y recursos, cómo se van a distribuir, cómo se priorizarían.  No es una cosa de pedir lo divino y lo humano, sino que se tenga una visión realista de lo que es posible.

Dicho eso, yo sí creo que los empresarios tienen que entender que tienen una corresponsabilidad, que no es simplemente algo que le correspondió al Estado y que no se van a comprometer porque qué tal que incumpla. Digamos que tuvieran una óptica distinta de cómo cumplimos esto entre todos, con una visión de corresponsabilidad, en la que no es simplemente decir yo me meto así eso sea obligación del Estado. Es entender que sí están ahí, tienen que ser capaces de entender que, si son capaces de hacer empresas, pueden asumir un rol en la transformación del territorio. En los mismos términos, los empresarios pueden responder siendo realistas en qué, cómo y dónde pueden aportar, con compromisos concretos y no abstractos. El cambio es reconocer que se tiene una responsabilidad como colombianos y que el sector privado está llamado a ser partícipe de ese proceso de transformación territorial.

Eso además va a tener beneficios económicos para ellos en el futuro. Pero esa no debería ser la motivación. La motivación debería ser asumir una corresponsabilidad, partiendo de que, si no transformamos estos territorios, este país no se va a estabilizar y no vamos a superar la violencia nunca.

¿Dónde queda el tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas y el emprendimiento en los PDET? Finalmente son más del 90% de las empresas en estas regiones

Creo que es fundamental para la generación de un mercado contar con ciertos bienes y servicios públicos básicos. Un emprendedor en un municipio PDET, que quiere inventarse una aplicación para que exista la posibilidad de comprar mercados directos que vienen de estos municipios, puede tener toda la iniciativa, pero sin vías terciarias no va a sacar los productos de manera competitiva y no va a tener cómo competir en un mercado más amplio.

Ahí hay una posibilidad de que las empresas grandes y las más pequeñas trabajen con el Estado, para que haya un ambiente adecuado que permita la inversión pública que facilite esos negocios o facilite cualquier otro. Por ejemplo, para el ecoturismo en estos territorios, necesitaríamos programas mucho más fuertes de bilingüismo para que los guías realmente puedan acceder a tener un negocio que sea serio en términos y ofertas más globales.

Esas decisiones mucho más costosas, en términos también de política pública, suponen alianzas entre un sector privado más grande, el Estado y por supuesto pequeños empresarios que puedan insertarse también dentro de esta dinámica para que se genere ese clima de innovación y de generación de empresa y de mercado.

A finales del 2020, el Observatorio llevó a cabo una serie de eventos en los que los micro, pequeños y medianos empresarios expresaron su interés por ser tenidos en cuenta en procesos de implementación del Acuerdo, de la estabilización y sobre todo en la construcción y reparación de sus regiones, ¿qué podrían esperar en el futuro estos empresarios?

Me parece fundamental, comparto plenamente la afirmación de esos empresarios. El rol del sector privado no hay que leerlo desde una lógica de qué me va a dar el Estado a cambio de que yo haga el inmenso esfuerzo y sacrificio de ir a estos territorios. Es más, desde una lógica de corresponsabilidad, “aquí estoy y quiero aportar a la construcción de paz, involúcrenme en este proceso más amplio”. Eso deja ver unos microempresarios mucho más comprometidos con su rol como actor fundamental en la transformación de estos territorios.

Insisto, no es fácil. Por ejemplo, en términos de política pública, refiriéndome a las hojas de ruta, creo que en términos de diseño es razonable es interesante poder coger lo que dijo la ciudadanía, cruzarlo con la oferta institucional, planeando responsables y presupuestos razonables. ¿Cómo se involucran los empresarios, que no participaron suficiente, en la elaboración de los PATR y sus iniciativas no quedaron ahí?

Cómo trabaja uno con empresarios grandes y pequeños para poder articular qué va a aportar cada uno, qué necesitan con más urgencia en términos de inversión del Estado para que se puedan aportar y hacer negocios y que, además, se articule con los campesinos a nivel local.