Rosario Córdoba, Presidenta del Consejo Privado de Competitividad

Entrevista a:

Rosario Córdoba

El Consejo Privado de Competitividad -CPC- es una organización cuyo objetivo es contribuir, con una perspectiva de sector privado de largo plazo, a mejorar significativamente la competitividad y productividad del país. Creado en el año 2006 por un grupo de empresarios y universidades interesadas en los temas de innovación y productividad, el CPC se enfoca en liderar y participar en procesos de gran impacto en la agenda económica y social del país.

Mediante el diseño, la promoción y la formulación de políticas públicas en un marco de alianzas público-privadas que involucren al Gobierno, empresas, universidades, gremios y otras organizaciones de la sociedad, el CPC trabaja por mejorar las condiciones de competitividad y productividad del país, que aumenten el nivel de riqueza y de bienestar de la población.

Rosario Córdoba Garcés, su presidenta, conversó con el Observatorio acerca de los PDET, su impacto en la competitividad de Colombia y las posibilidades del sector privado en estas regiones para aportar al país en materia de productividad y crecimiento.

Todos tenemos una definición y visión diferente de lo que son los PDET, para el CPC, ¿qué es un PDET?

Los PDET son producto del Acuerdo de Paz, en particular del punto uno del mismo,  que busca mediante  una Reforma Rural Integral avanzar en el cierre de brechas entre la Colombia rural y la Colombia urbana. Los PDET (Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) permiten ejecutar de manera rápida una serie de iniciativas identificadas en algunos territorios priorizados, en 170 municipios agrupados en 16 subregiones. Su principal característica es haber sido elaborados por los habitantes de estos municipios y no por el gobierno nacional.

Es curiosa la pregunta ya que los PDET hay que verlos objetivamente, también es curioso que haya diferentes visiones. Independientemente de cómo se entienda un PDET, se necesitan dos partes: la construcción de un plan de desarrollo de abajo hacia arriba, y la participación de un gobierno nacional que jalone y lidere el proceso de implementación.

¿Qué peso tienen estas regiones en el Informe Nacional de Competitividad?

El objetivo principal del Informe Nacional de Competitividad es ver cómo está Colombia en materia de competitividad en el mundo. En particular hacemos un zoom en Latinoamérica y, ahora que somos parte de la OCDE, con los países que hacen parte de la organización. Hacemos un seguimiento en 16 frentes donde analizamos diferentes variables que componen la competitividad en términos de estructura, macroeconomía, mercados y capital humano, entre otros. El diagnóstico detallado se acompaña con recomendaciones de política pública concretas y se especifica qué entidad del orden nacional podría hacer la diferencia en su implementación.

Adicionalmente, para entender qué está pasando a nivel regional, elaboramos cada año, junto con la Universidad del Rosario, el Índice Departamental de Competitividad, así como el Índice de competitividad de ciudades. Desafortunadamente, aunque mediante estos se tiene una idea de qué es lo que está pasando en las regiones, la dificultad para conseguir datos puntuales y específicos no permite un análisis específico de los PDET.

Recientemente el CPC, en la entrega del Informe 2020-2021, propuso una serie de recomendaciones en materia fiscal, laboral y pensional, ¿cómo podrían esas propuestas impactar al sector privado en las regiones?

El CPC recomienda en el INC que acaba de presentar priorizar el trabajo en ocho frentes, entre los cuales están el fiscal, laboral y el pensional. Buena parte de lo que pasa en Colombia en términos de desigualdad e inequidad, es resultado de la regulación, que muchas veces, sin que esta sea la intención, termina produciendo el efecto contrario. Es el caso de la legislación en materia tributaria, laboral y fiscal.

Colombia  es un país con una informalidad excesivamente alta, tanto en las zonas rurales como las urbanas. Esto se debe a que como bien lo mostró Santiago Levy -nuestro invitado en el lanzamiento del INC 2020-2021 y director de la Misión de Empleo-, la  alta informalidad no resulta de la falta de inversión o educación, sino de los incentivos que genera el marco regulatorio.  

Las regulaciones tributarias, de mercado y laborales -y particularmente, la relacionada con la protección social– han generado  un esquema que termina subsidiando a la informalidad y gravando a las empresas formales, premiando al sector menos productivo y castigando al más productivo de la economía. 

Solucionar este problema exige reconocer que la baja productuvidad es producto de los incentivos que genera el marco regulatorio. Repensar y llegar a un nuevo acuerdo social alrededor de temas como salario mínimo, pensiones, parafiscales y protección contra el desempleo es un requisito indispensable para que Colombia avance en productividad y reduzca la informalidad.

Si las reformas propuestas se llevan a buen término, abrirán muchas oportunidades en las regiones ya generarían los incentivos adecuados para la inversión del sector privado en las mismas.

¿Cuáles serían los factores que más impiden el acceso al trabajo formal o a crear una empresa formal?

Para construir país, toda la población  tiene que sentirse parte del territorio y tiene que haber confianza. Es algo que aprendí de la intervención que hizo la Fundación Semana en El Salado.  No  hay que perder de vista que lo que se está haciendo actualmente es la reconstrucción de las regiones que quedaron marginadas por cuenta del conflicto. Esto exige generar condiciones básicas necesarias para que la gente vuelva a confiar, vuelva a creer y se sienta que son ciudadanos de Colombia. Prestando servicios tan básicos como el acceso a justicia; educación, preparación y capacitación; seguridad, se puede empezar a hablar de las posibilidades en actividades económicas. Son estas también condiciones esenciales para que el sector privado y en particular las empresas más grandes, se  acerquen a las regiones.

Para las empresas, involucrarse con el PDET es una opción, para el Estado la implementación es una obligación, ¿cómo podrían las iniciativas en territorio ser más atractivas para que las empresas se vincularan?

Habría que empezar por decir que en Colombia hay pocas empresas grandes y, sin embargo, muchas de ellas sí se están involucrando con los PDET. Cada vez hay una mayor conciencia en las empresas por jalonar las cadenas de valor en las regiones, apoyando a las empresas pequeñas y medianas  para que se puedan organizar. Creo que hay que insistir en un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado, una alianza público-privada en la que el Estado esté convencido de cumplir con el Acuerdo en el largo plazo, y un sector empresarial consciente de la necesidad de integrar al territorio.

 Un ejemplo que ilustra la participación de las empresas es el de las Obras por Impuestos. A través de este mecanismo, se ha demostrado  la eficiencia del sector privado en la ejecución de las obras, además de su intención de vincularse con la oferta de bienes públicos en las regiones. Es una garantía también del uso adecuado de los impuestos que pagan las empresas, en beneficio de las comunidades. Cuando esto ocurre en el contexto del PDET, todos se benefician.

Retomando el término de ‘reconstrucción del territorio’, es una coincidencia que lo mencione ahora que se habla de reactivación económica o de recuperación sostenible, ¿cómo se relacionan esos conceptos?

Son actividades que coinciden entre sí, y que hay que tomar como una oportunidad. Nuestros índices de competitividad departamentales y de ciudades dejan ver unas brechas enormes entre las regiones y entre las ciudades. La pandemia las volvió aún más manifiestas. En las regiones el trabajo de reactivación, reconstrucción o recuperación debería empezar por hacer sentir a la gente, al territorio, que es parte de Colombia,  que las medidas tomadas para que las cosas vuelvan a funcionar también son para ellos. En principio, solo hasta que haya las  condiciones mínimas ya mencionadas, volverá a haber iniciativas productivas que, aunque arranquen incipientes, podrán hacer el proceso de consolidarse.

La propuesta, no solo para los PDET, sino para todo el país,  es facilitar el acceso de la gente a la formalidad para que pueda emplearse, cotizar a pensión y que el régimen tributario permita el emprendimiento en un contexto de recuperación de la actividad económica. Es el momento de tomar acciones que permitan retomar el rumbo en la postpandemia y que quienes más provecho puedan sacar en ese escenario sean las regiones.

¿Algún día vamos a ver un capitulo PDET en los informes de competitividad?

Pues cada vez nos estamos metiendo más en las regiones. Si tuviéramos la información adecuada, y confiable, lo haríamos. Cuando empezamos con los índices departamentales, ni siquiera teníamos información para los 32 departamentos. Hay variables que no se medían en todos los departamentos, pero, poco a poco se fueron construyendo para obtener la información y poder hacer la evaluación.

Puede que algún día, dependiendo de la gestión de la información en las regiones, lo podamos hacer.

Se nos está quedando por fuera de esta ecuación un actor que cada vez está migrando a una lógica como la del sector privado, la cooperación internacional. ¿Esto podría ser parte de un aporte real a la competitividad de las regiones PDET?

Cuando se tienen socios como la comunidad internacional y el sector privado, se tiene lo necesario para que se den esfuerzos de largo aliento, que trascienden  gobiernos que cambian cada cierto tiempo. Cuando las cosas funcionan, el sector privado y los actores internacionales que están ahí para el largo plazo pueden incentivan a los gobiernos a mantener procesos que son valiosos, que están construyendo una mejor situación de país.

Quisiera agregar que a quien también hay que involucrar es a la sociedad civil, a las personas. No ve a la gente conversando sobre los PDET. Aunque muchos los conocen, en la conversación del día a día no son parte de la agenda. En beneficio del país, debería haber una mayor preocupación por las regiones más vulnerables dentro del territorio. También, una mayor consciencia de las brechas existentes  que a todas luces son intolerables.

Al gobierno de Iván Duque le quedan menos de dos años… ¿Cree que el sector privado va a abogar por hacer de los PDET una prioridad de inversión para el gobierno que venga?

Yo creo que sí. Insistiría en que falta conocimiento, hace falta que las personas tengan información. Hay gente muy involucrada y comprometida con las regiones, pero hace falta alcanzar una masa crítica.

La razón de ser del Consejo Privado de Competitividad es precisamente esta, que este tipo de agendas trasciendan gobiernos y avancen cumpliendo metas. La competitividad es un tema de largo plazo y hay que estar siempre construyendo y definiendo metas más ambiciosas, independientemente del gobierno de turno. Si queremos desarrollar al país, particularmente a las regiones PDET, no se puede volver a empezar cada cuatro años. La competitividad y la agenda de desarrollo no pueden parar, cuando esto pasa, empezamos a echar para atrás.