Inversión Social Privada en el marco de la Paz total

El pasado 13 de julio el Observatorio de Inversión Privado organizó el panel “Inversión Social Privada en el marco de la Paz total” en el marco de la II Cumbre de Inversión Social Privada en el Hotel Radisson en Bogotá.

La Cumbre, un evento que congrega a las principales compañías que operan en el país para dialogar sobre la inversión social privada, aprender de experiencias exitosas y, especialmente, establecer alianzas con diversos actores en pro del desarrollo del país, fue el escenario para convocar entidades de gobierno, fondos de inversión, empresas lideres en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, empresarios y lideres, agencias de cooperación internacional y otros grupos de interés para el Observatorio.

El panel “Inversión Social Privada en el marco de la Paz total” contó con la participación de destacadas figuras como María Victoria Llorente, Directora de la Fundación Ideas para la Paz, y Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas[1]. El debate fue moderado por Ernesto Borda, director ejecutivo de Trust. La presencia de estos expertos en el panel aseguró un enfoque integral y enriquecedor sobre el tema.

Ernesto Borda inició la conversación manifestando que la gobernanza juega un papel esencial en el impacto social y en la implementación del pacto de inversión. “Hoy en día, se observa un enfoque en cómo se aborda este tema en los territorios. ¿Cómo podemos analizar y mejorar la gobernanza en dichos territorios para potenciar el impacto positivo en la sociedad y garantizar el éxito del pacto de inversión?”

Ante esta pregunta, María Victoria Llorente destacó la importancia de la implementación de políticas integrales para lograr la paz total en Colombia, e hizo hincapié en la ambiciosa apuesta del gobierno en este aspecto. Pero, también, señaló que esta estrategia conlleva riesgos significativos.

Por ejemplo, mencionó que, inicialmente, la paz total se entendía como una política integral que abarcaba la implementación del Acuerdo de Paz y, en particular, el compromiso del gobierno en la Reforma Rural Integral, centrándose en la cuestión de la tierra. Sin embargo, ha observado que en la actualidad la paz total se ha circunscrito específicamente a las negociaciones con múltiples grupos armados, lo que ha generado una situación compleja de gobernanza criminal a nivel territorial. Esta situación ha complicado aún más la implementación del acuerdo y la transformación de las condiciones sociales en las zonas más afectadas.

Llorente destacó que la seguridad en estas áreas ya era compleja antes de la implementación del acuerdo, pero la visibilidad y el control ejercido por los grupos armados han aumentado considerablemente en los últimos tiempos, lo que dificulta aún más las acciones gubernamentales. En este sentido, mencionó los desafíos existentes en temas como la inversión social, la implementación de programas de tierras y la sustitución de cultivos, que han experimentado graves problemas de rezago. Además, resaltó la importancia de abordar la transformación de las relaciones en estas zonas, generando confianza y transparencia. Enfatizó que los grupos armados están construyendo una presencia cada vez más visible en la sociedad, lo que crea un entorno opaco y complejo para llevar a cabo una transformación real.

Con ocasión de esta intervención, Ernesto Borda mencionó la preocupación sobre si la paz total está generando los estímulos adecuados, si preocupa a muchas personas, especialmente cuando observan cómo ciertas organizaciones se sienten empoderadas en los territorios. “La incertidumbre gira en torno a si el camino hacia la paz total implica la dejación de armas y el cese de la violencia por parte de estos grupos, así como la desestructuración de sus aparatos armados. ¿Cuál es el norte de esta situación y cómo se encuentra la seguridad en relación con la paz? Además, con la aparición de nuevos grupos insurgentes como contrapartes en las negociaciones, ¿qué impacto tendrá esto en los acuerdos de paz existentes con las FARC y el ELN, y cuál será el destino de esos acuerdos, especialmente en temas de desarrollo rural y participación política?”

Para abordar este interrogante, Patricia Tobón abordó la tragedia que enfrenta el país debido a la violencia y el conflicto armado que ha perdurado durante muchos años, indicando que este problema no es exclusivo de los últimos cuatro años, sino que es una cuestión histórica y compleja que involucra múltiples acuerdos de búsqueda de paz, como los de Betancourt, la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz de La Habana.

También resaltó que la falta de acuerdo con todos los grupos armados ha llevado al rearme de algunos, lo que ha fortalecido su presencia en los territorios. Indicó que el conflicto armado en Colombia no solo es una cuestión política o ideológica, sino que también tiene fuertes componentes económicos, especialmente relacionados con el narcotráfico en los territorios fronterizos. Esta economía ilegal ha permitido el rearme de grupos armados y la presencia de armas desde una edad temprana en muchos individuos.

Para la panelista, el Estado debe abordar el problema no solo con presencia militar, sino también con intervenciones sociales y de desarrollo en los territorios afectados, pues Colombia necesita esfuerzos de todas las partes para enfrentar esta tragedia, incluyendo transiciones económicas que permitan la paz y el desarrollo sostenible. La directora fue enfática en que la participación del sector privado y el compromiso de los empresarios son fundamentales para lograr un cambio positivo en la situación del país.

En la segunda sección del panel, Ernesto Borda se refiere a la relación entre el mercado, el estado y el territorio. Para Borda, existen problemas económicos en Colombia y la tarea principal es la inclusión social, superar las brechas de desigualdad y generar opciones de desarrollo en los territorios. El sector empresarial juega un papel importante en este proceso al invertir en negocios, eslabonar la cadena de valor, generar empleo y dinamizar la economía de los territorios. Además, realiza inversiones sociales en infraestructura, salud, educación, vivienda, entre otros.

Sin embargo, surgen preguntas sobre la regulación y el rol del Estado en los territorios. ¿Quién dicta y aplica la ley?, ¿Quién administra la justicia y protege a los ciudadanos?, ¿Quién regula las relaciones entre los ciudadanos y quién recauda los impuestos en los territorios?. En otras palabras, ¿cómo aseguramos que la inversión social privada del sector empresarial no termine subsidiando para-Estados en los territorios liderados por criminales?,¿Qué papel debería tener el sector privado y en qué condiciones para que su inversión social voluntaria realmente contribuya a la construcción de un estado fuerte en el territorio, en lugar de fomentar la existencia de para estados controlados por actores ilegales?

Como respuesta, María Victoria Llorente abordó la situación del conflicto armado en Colombia, reconociendo que es una tragedia nacional que ha afectado al país durante décadas. Sin embargo, aclaró que no se puede comparar la situación actual con la de años pasados, ya que ha habido evoluciones y cambios en el conflicto.

Llorente destacó los actores involucrados han experimentado transformaciones significativas. Por ejemplo, mencionó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su apogeo en los años 90, contaban con un ejército de aproximadamente 20,000 combatientes. Sin embargo, en la actualidad, el número de disidentes de las FARC es mucho menor, de alrededor de 1200 a 1500. De manera similar, los grupos paramilitares, que tuvieron una fuerte presencia en el pasado, se desmovilizaron en mayor cantidad.

La ponente también hizo énfasis en el programa de reincorporación de excombatientes en Colombia, que ha sido un esfuerzo importante para reintegrar a la sociedad a aquellos que han dejado las armas. Con alrededor de 70,000 personas que han pasado por este programa en las últimas dos décadas, Llorente destacó que hay poblaciones resilientes que están buscando una vida alejada de la violencia y el conflicto.

De igual forma, se planteó que cada territorio presenta desafíos únicos y complejos, y es fundamental tener una visión más contextualizada para abordar las problemáticas específicas de cada lugar. La ponente hizo hincapié en la necesidad de crear confianza entre todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo el sector público y privado, trabajando en alianzas públicas y privadas para lograr un enfoque más integral en el desarrollo de las regiones afectadas. Para ella, la cooperación efectiva y la generación de confianza son esenciales para lograr una transformación social y económica duradera.

Seguidamente, Ernesto borda hizo referencia a sector minero energético, mencionando que no está incluido en las cuentas del desarrollo rural del Acuerdo de Paz con las FARC, a pesar de ser una industria que tiene un gran impacto en el desarrollo rural del país. Esto plantea la pregunta de ¿por qué se ha excluido esta industria y cómo se puede promover una conversación para abordar este tema?.

Para Borda, es importante crear escenarios en los que los empresarios puedan participar y contribuir a estas apuestas de desarrollo rural. Estas apuestas ya no se limitan a simples inversiones sociales, sino que implican un enfoque en negocios competitivos orientados hacia el futuro. La participación del sector privado en la planificación y ejecución de estrategias de desarrollo rural puede generar un impacto significativo y sostenible en las comunidades.

Sobre este punto, Patricia Tobón abordó la compleja realidad política y social de Colombia, señalando que es un país con una historia marcada por la polarización, conflictos armados y profundas divisiones. Reconoció que el país ha enfrentado problemas históricos durante décadas y que la situación actual es el resultado de acumulados y heridas que han dejado una profunda huella en la sociedad.

También señaló que la sociedad colombiana está fragmentada y estratificada, dividida por sectores que tienen intereses y perspectivas divergentes, haciendo que sea más fácil identificar y llamar a cada sector por separado, en lugar de unirlos como una nación cohesionada. Para ella, esta fragmentación ha llevado a una falta de diálogo y entendimiento entre los diferentes grupos, lo que dificulta la construcción de una visión común para el país.

Tobón aseguró que es crucial abrir espacios de diálogo y sanación, para permitir que las voces de todos sean escuchadas y se puedan encontrar puntos de encuentro, desde el dolor compartido, lo que permitirá generar confianza y empatía entre los diferentes sectores de la sociedad. Considera que es fundamental que los colombianos puedan expresar sus puntos de vista y experiencias, sin importar si son víctimas, responsables o ciudadanos comunes, para que puedan construir una comprensión más profunda de la realidad nacional y avanzar hacia la resolución de los conflictos.

Además, destacó la importancia de reconocer que el conflicto armado ha mutado y ha adquirido nuevas dimensiones.

Mencionó que, en el caso de las comunidades indígenas, se reúnen a buscar acuerdos y avanzar en temas en los que hay consenso. Considera que este enfoque puede servir como un ejemplo para otros ámbitos de la sociedad, como la discusión sobre desarrollo sostenible donde, por ejemplo, el país depende del petróleo como fuente de ingresos, pero es importante también buscar alternativas para proteger el medio ambiente y fomentar un crecimiento sostenible.

Para finalizar, Ernesto Borda, pregunta al panel ¿qué medidas debemos tomar para que la gobernanza se convierta en un hábito de construcción del desarrollo territorial?, ¿debería este proceso ser liderado por el gobierno nacional o es más efectivo permitir que cada territorio tome las riendas de su propio desarrollo, evitando enredos de polarización y enfocándonos en las oportunidades que convocan al diálogo y la cooperación?

En respuesta a lo anterior, María Victoria Llorente destaca la importancia de combinar ambas perspectivas: trabajar en pequeño y de manera acumulativa, y al mismo tiempo, promover el Gran Diálogo en momentos o situaciones específicas. Reconoce que convocar a todos en una gran mesa de diálogo no siempre es viable o efectivo, y sugiere que abordar desafíos concretos a nivel local puede ser más práctico y efectivo para generar cambios positivos. La ponente mencionó una paradoja que se presenta en el país, donde las mediciones de empresas indican una alta confianza y ética por parte de la población, pero en la realidad local, se encuentran dificultades y falta de transparencia. Resaltó también la importancia de trabajar en habilidades blandas y la empatía para abordar estos problemas y construir relaciones sólidas con las comunidades.

[1] Aunque el panel original estaba también integrado por Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), la doctora se disculpó por no poder asistir al panel debido a compromisos indelegables e impostergables con Presidencia.