Visiones de país disonantes: los riesgos de invertir en los territorios PDET
Por: Sergio Guzmán y Katherin Galindo | Equipo de Colombia Risk Analysis
Los municipios PDET son clave para la reactivación económica del país. Según el Observatorio de Inversión Privada, de estos municipios proviene cerca del 58% del carbón, el 65,3% del oro y el 8,3% de los materiales de construcción que impulsan la economía nacional. De estos municipios también proviene el 2,7% de la producción de gas y el 9,3% del crudo del país. Además de esto, los municipios son una fuente importante de productos agrícolas como aguacate, cacao, café, caucho, aceite de palma y arroz.
Estas cifras evidencian el potencial que tienen estos municipios. No obstante, para incentivar las inversiones en estos lugares, el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que los negocios puedan hacerse. Estas condiciones incluyen seguridad, estabilidad jurídica y una comunión sobre la visión de desarrollo territorial entre las comunidades y las empresas.
No hay duda de que el fin de la guerra con las FARC despertó el interés de inversionistas internacionales por Colombia y la promesa que representaba un país que estaba dejando atrás décadas de violencia y abría numerosas oportunidades en distintos sectores incluidos infraestructura, minería, petróleo y gas, tecnología, agricultura, y servicios – una gran parte de ellos ubicados en municipios PDET. Sin embargo, pese a los avances que se han logrado en estos municipios priorizados, las condiciones de seguridad es un factor en el cual el Estado debe seguir trabajando para consolidar condiciones óptimas que permitan no solo el desarrollo social y económico de estos territorios por sí solos, sino también que garanticen la ejecución de las inversiones del sector privado en estas zonas.
La expansión del control territorial por diversos grupos armados en los municipios PDET, ha derivado en un aumento en el número de homicidios de excombatientes y líderes sociales (más de 200 y 900 asesinatos correspondientemente desde la firma del Acuerdo de Paz), lo que debilita el objetivo del programa al no poder garantizar el cese de violencia en estos municipios.
Si bien, las empresas no son el objetivo principal de estos grupos, si son un factor contraproducente para el desarrollo ininterrumpido de ciertas industrias, puesto que las explosiones en los oleoductos, los secuestros exprés, la quema de maquinaria, entre otras cosas, involucran costos y riesgos que podrían desincentivar la inversión privada -nacional e internacional- en el país. Ante este panorama, para hacer atractivo invertir en los municipios PDET es necesario que el Gobierno deje de utilizar la estrategia del retrovisor y empiece a implementar planes de consolidación institucional en estos territorios, que vayan más allá del despliegue de la fuerza pública. Es necesario que el gobierno aterrice en los territorios PDET de la mano de infraestructura vial, infraestructura energética, el ministerio de salud, el ministerio de educación, el ministerio de justicia y la fiscalía, la registraduría nacional, y una larga lista de etcéteras estatales que se toman por sentadas en las ciudades y se vuelven escasas en los municipios PDET.
El país depende en gran medida de la industria extractiva (que según en DANE representan el 37,4 % del valor FOB total de las ventas externas) que se lleva a cabo en muchos de los municipios PDET, y el Gobierno considera que estos recursos y proyectos son un activo estratégico que, en el corto plazo, serán fundamentales para la reactivación económica y generación de empleo y, en el mediano plazo, seguirán proporcionan ingresos al país en los mercados internacionales. No obstante, la industria se enfrenta a ciertos riesgos jurídicos que obstaculizan las actividades de exploración y producción, en gran medida debido al deterioro, en algunos lugares, de la relación entre las comunidades locales -campesinos, indígenas y/o comunidades afro- y las empresas extractivas.
Para lograr disminuir el riesgo de inestabilidad jurídica, dadas las complejidades y particularidades de los municipios PDET, es necesario que se implemente una reglamentación donde se establezca un acompañamiento constante por parte de la entidades correspondientes, de forma que se garantice que el actuar de estas empresas no va en contra de los derechos de las comunidades, y de llegarse a presentar un conflicto sean estas entidades la primera instancia para resolverlo de forma negociada entre las parte con el fin de evitar llegar a las cortes, donde las empresas tienen mayor riesgo de verse perjudicadas con las sentencias.
Con relación a lo anterior, uno de los principales obstáculos para lograr una buena convivencia entre las comunidades y las empresas es la visión que cada una tiene sobre el rol que cumplen para el desarrollo socioeconómico del territorio. El olvido del Estado ha hecho que las comunidades vean a las empresas como las responsables de suplir sus necesidades básicas insatisfechas. En consecuencia, cuando las empresas no cumplen con las demandas de las comunidades, se ven afectadas por bloqueos, marchas y plantones que evitan el desarrollo de las actividades. Para este esfuerzo, podrá también ser necesaria la mediación de terceros cuya actividad principal sea lograr direccionar las negociaciones y los diálogos sobre construcción territorial para disipar la desconfianza existente entre ambas orillas.
El Gobierno juega un papel fundamental en este punto, puesto que la correcta implementación y desarrollo de los PDET, permitirá mejorar las condiciones de estas comunidades. Sin embargo, la pobre gestión territorial de los gobiernos locales, su falta de capacidad gerencial y la falta de recursos dificulta que los gobiernos locales juegan este papel de mediación imparcial, lo cual a menudo los pone como lo denominan algunas comunidades “del lado del poder.” Esto quiere decir que a menudo las empresas que trabajan en los PDET son vistas como un estado dentro del estado, sobre el cual la presión comunitaria es rentable ya que obliga a que la empresas hagan inversiones y ejecuten recursos como única forma de que sus actividades continúen.
Es importante que las empresas dejen de ser vistas como “los toderos” y puedan basar su relación con las comunidades en resultados más palpables, como lo son: la contratación de mano de obra local, las obras por impuestos y las inversiones que hagan para apoyar el mejoramiento de las condiciones sociales en los territorios.
Es claro que los PDET podrán ser el motor del desarrollo en Colombia, pero para ello será fundamental no solo que el Estado haga presencia integral en estos territorios, sea el garante de la seguridad en los territorios y que también de mayor seguridad jurídica a las empresas que allí operan. Sin embargo, nada de esto será rentable de no existir visiones conjuntas de desarrollo que integren las visiones y cosmologías locales, no como un elemento arancelario o decorativo, sino como un elemento central de los proyectos.
