En veremos la justicia para la inversión
En la editorial Justicia para la inversión del pasado primero de junio, se abordó la importancia del proyecto de ley de especialidad agraria y rural – proyecto enfocado en resolver las brechas históricas de las regiones más alejadas y los municipios que conforman el PDET en asuntos judiciales del uso, tenencia y propiedad de la tierra – el cual se encontraba sorteando el proceso legislativo en su tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
Al culminar el mes de julio se conoció que el proyecto de ley número 134 del 2020 no culminó los debates requeridos en el Senado y por ende “se hundió”, aún con el apoyo de distintos sectores y partidos políticos. Inmediatamente se reintrodujo el proyecto de ley que se espera pueda, nuevamente, ser debatido en el Congreso y se convierta en ley durante la actual legislatura.
Como se mencionó en la editorial de junio, este proyecto de ley es fundamental para ampliar la presencia institucional –dimensión fundamental en la priorización del PDET- en el campo colombiano. En este caso, la presencia de instituciones de justicia que provean mejores garantías en la resolución de conflictos sobre la propiedad rural es fundamental para los empresarios agropecuarios. En esta línea, los datos del Observatorio de Inversión Privada dejan ver que la creación de nuevas empresas del sector agropecuario en PDET crece constantemente aproximadamente al 5% desde el 2014, esta tasa "estancada" podría tener un mejor desempeño, toda vez que se ofrezcan garantías legales que mitiguen riesgos jurídicos.
Un sistema de justicia robusto y eficiente, que permita crear mecanismos efectivos de resolución de conflictos sobre la propiedad rural en Colombia, es un elemento clave para que inversores, grandes empresas y otros actores se involucren de manera real en el crecimiento y creación de las empresas agropecuarias en los territorios PDET, generando inversión privada, empleos formales y mejores en la producción agropecuaria del país.
Desde el Observatorio, se resalta que es fundamental que la iniciativa de ley surta el proceso legislativo y sea sancionada como ley de la República de manera prioritaria. La presencia del Estado y la especialización de la resolución de conflictos es fundamental para ofrecer seguridad jurídica y estabilidad para inversiones en territorios PDET. Así mismo, permitirá a los empresarios del campo acercarse a la formalidad que trae consigo beneficios inherentes como lo son: contar con el título de su tierra, acceso a distintas fuentes de financiación y contribuir así al desarrollo legal de la ruralidad en zonas con importante potencial agropecuario para Colombia
