Recursos del sector privado para los PDET

Los 170 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, además de ser priorizados por el Gobierno Nacional por ser los más afectados por la violencia y la pobreza, también han sido foco de interés por parte del sector privado por ser espacios de oportunidad. El 2020 dejó ver que estos territorios, si bien son especialmente vulnerables, tienen prelación para actores que apuestan por la competitividad y sostenibilidad de los entornos PDET.

Desde la perspectiva de las empresas más grandes del país, los resultados del Índice de Inversión Social Privada -IISP en 2020, reflejados en el indicador de inversión social privada del Observatorio dejan ver que 77 empresas (el 55% de la muestra de empresas del IISP) destinaron $449 mil millones de pesos para las regiones PDET. Esta cifra no solo refleja un aumento del 295% con respecto a los esfuerzos privados en 2019, también es 4.5 veces más que el presupuesto general de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, entidad encargada de la implementación de los PDET.

El IISP destacó que los sectores más involucrados con las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza son: alimentos y bebidas, minero-energético y de servicios. Así mismo se muestra que los esfuerzos de inversión privada estuvieron orientados hacia la reactivación económica y producción agropecuaria, educación rural y primera infancia, y salud (pilares PDET 6, 4 y 3 respectivamente).

Ahora bien, la pandemia exacerbó las condiciones de vulnerabilidad de estos territorios. Para las empresas, mejorando la posibilidad de que sus inversiones tengan mayor impacto teniendo en cuenta las brechas y retos evidentes en estas regiones. Sin embargo, para el gobierno, esto ha complicado el cumplimiento de los compromisos suscritos en cada una de estas 16 regiones y que están plasmados en los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR-. En otras palabras, para las empresas los PDET son espacios de oportunidad para aumentar el impacto social de los recursos de inversión social, mientras para el Gobierno, hay una planeación y compromisos con las comunidades que hay que cumplir, cada vez con mayor dificultad.

En este sentido, el gobierno cuenta con alternativas para un mejor aprovechamiento de la disposición del sector privado para acelerar la transformación de estos 170 municipios y hacerlos más competitivos. Ejemplo de esto es el mecanismo de Obras por Impuestos que, si bien ha sido exitoso para llevar la oferta de servicios y bienes públicos a las regiones mediante la ejecución de un porcentaje de su impuesto de renta, cada vez se aprueban más proyectos en municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto) y no en PDET. Si bien el cupo CONFIS aprobado para Obras por Impuestos se ha mantenido cerca de los 250.000 millones cada año, y se usa, desde 2019 no sólo se aprueban menos proyectos en PDET, sino que son de menor valor. Desde la entrada en vigencia de Obras por Impuesto, se han aprobado 77 proyectos por un valor de $613.852 millones sólo en municipios PDET.

Teniendo en cuenta que las empresas trascienden los periodos de los gobernantes, y que Colombia está ad-portas de un cambio de gobierno, es determinante mantener estos esfuerzos por parte del sector privado. Tanto los compromisos suscritos por el Gobierno de Colombia, como las apuestas por la competitividad y sostenibilidad desde el sector privado, van a permitir el cambio de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza. Del interés y prioridad dada por el sector privado depende en gran medida que quien llegue a  la Casa de Nariño en 2022 mantenga la priorización de los PDET, cumplir los compromisos suscritos y, por qué no, impulsar el trabajo conjunto con el sector privado en estas regiones.