Obras por Impuestos: El costo del éxito en PDET
Las regiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- tienen en común, además de su afectación por la violencia y la pobreza, la carencia de bienes públicos. Las deficiencias en infraestructura para saneamiento básico, educación, infraestructura de transporte, escenarios deportivos, pagos por servicios ambientales, conservación natural, tecnología de la información, medio ambiente, entre otras, las han mantenido marginadas y poco competitivas, así como desinstitucionalizadas, por décadas.
Para promover la inversión efectiva de recursos en el corto o mediano plazo en estas regiones, desde 2018 se planteó un mecanismo prometedor, que ha promovido la movilización del sector privado para invertir en bienes y servicios públicos: Obras por Impuestos. El mecanismo en el que las personas (naturales y jurídicas) ejecuten directamente un porcentaje de su impuesto de renta surgió en Perú en 2008 y fue adoptado, con mejores resultados, en Colombia una década después. Así, por ejemplo, durante el primer año de Obras por Impuestos en Perú, sólo se financiaron dos proyectos por un monto de aproximadamente $1,8 millones de dólares, mientras que en Colombia, sólo en la primera vigencia, se aprobaron 23 proyectos por un valor de alrededor de $70 millones de dólares. Aunque se ha mantenido el cupo del mecanismo en $250 mil millones de pesos por parte del Consejo de Superior de Política Fiscal -CONFIS-, éste cupo se ha utilizado en su gran mayoría cada año, incluso en 2020 durante la pandemia.
Para las empresas, el modelo ha facilitado su vinculación con proyectos del Estado, agilizando procesos, brindando desarrollo económico y social a las regiones, y fortaleciendo su reputación como actor comprometido con el territorio, permitiendo que desde 2018 se hayan invertido $943.114 millones de pesos en regiones ZOMAC y PDET.
Si bien es un mecanismo exitoso para la movilización de recursos hacia los PDET, la acogida de Obras por Impuestos está por salirle caro a las regiones que más lo necesitan.
Originalmente, Obras por Impuestos en Colombia se incluyó como parte de la Ley ZOMAC, acotando su alcance a las regiones más afectadas por el conflicto y, particularmente, para proyectos que fortalecieran la oferta de bienes públicos e hicieran más competitivos a estos territorios. Sin embargo, el éxito ha sido tal, que municipios que no cumplen con estas categorías han aspirado a ser incluidos dentro de quienes pueden formular proyectos para ser financiados y ejecutados a través de este mecanismo.
Actualmente se discute un ajuste a la reglamentación para ampliar el mecanismo a zonas diferentes que reactiven a los municipios ZOMAC y/o PDET y aquellos territorios con altos índices de pobreza, proyectos de importancia nacional estratégica y áreas de desarrollo naranja. Su acogida parece ser lo que determinará que otros municipios, mucho menos necesitados, atraigan proyectos y recursos por esta vía, en detrimento de la priorización que motivó la creación del mecanismo, pero además, de la confianza depositada por los empresarios que le apostaron y le apuestan al desarrollo de los municipios PDET por esta vía.
En este sentido, el Observatorio de Inversión Privada hace un llamado para defender la priorización y focalización de los PDET como receptores de los proyectos, así como a diversificar y acelerar el flujo de recursos de inversión en bienes públicos hacia las zonas más necesitadas. Este propósito, inclusive, debería considerar una revisión a la paradoja sobre el sector minero-energético, pues aunque es el mayor usuario de Obras por Impuestos, la reglamentación Obras por Regalías (ideado para aplicarse de la misma manera pero ejecutando vigencias de regalías) del mecanismo no ha permitido acelerar el flujo de recursos de inversión hacia los municipios donde están operando.
En materia de Obras por Impuestos, no se trata solo de mantener la priorización de los PDET en la oferta del banco de proyectos del mecanismo, es también focalizar proyectos orientados a bienes que fortalezcan la competitividad y condiciones de vida en estas regiones Es preciso defender una mayor inversión en bienes públicos específicos, pero no debería por esta vía desnaturalizarse un mecanismo creado para alcanzar los compromisos del Acuerdo de Paz y contribuir al cierre de brechas en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza.
