De la observación a la materialización de oportunidades para el desarrollo regional
Por: Ángela María Vélez | Directora de Programa de CIPE para Colombia
El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE, por su nombre en inglés)[1] , trabaja con líderes empresariales alrededor del mundo para expandir las posibilidades de crecimiento sostenible e inclusivo, a partir del apoyo al emprendimiento, la apertura del comercio internacional y la lucha contra la corrupción, promoviendo un sistema basado en reglas que enfatizan los principios de la gobernanza democrática.
En desarrollo de su misión, CIPE y su red global de socios crean herramientas prácticas y generan conocimiento para impulsar el cambio local en no menos de 60 países, como lo ha hecho por más de 20 años en Colombia, donde en 2020 estableció una oficina regional.
Entre las iniciativas en el país que el CIPE ha impulsado con su socio local Jaime Arteaga & Asociados, se encuentra el Observatorio de Inversión Privada, un instrumento útil para conocer a través de 17 indicadores la evolución empresarial en las zonas afectadas por el conflicto armado interno, en términos de creación de nuevos negocios, actividad económica y articulación del sector privado con su entorno.
La apuesta no es menor. Se trata de establecer cómo el sector empresarial se fortalece al tiempo que contribuye a dinamizar las economías de 16 regiones del país, compuestas por 170 municipios, objeto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET[2]. Esta aspiración, alineada con los pilares de las políticas gubernamentales, resulta indispensable para materializar el crecimiento de las regiones en distintas perspectivas, que van más allá de contar con nuevos recursos económicos. La presencia empresarial en las regiones conlleva la creación de empleos, el aprovechamiento de recursos locales (insumos y cadenas de abastecimiento), la introducción de nuevas prácticas, tanto de los negocios mismos como de su responsabilidad con sus zonas de influencia; la generación de tributos para la inversión regional y, derivado de estos elementos, el fortalecimiento institucional, indispensable para la vida en democracia.
En los tres años de vida del Observatorio de Inversión Privada, los resultados de sus indicadores arrojan un balance ambivalente que sugiere la continuidad de los esfuerzos: muestran algunas regiones donde la inversión ha llegado con apuestas interesantes, y otras donde, pese a las oportunidades e incentivos gubernamentales, la actividad empresarial resulta más baja de la esperada. A ese escenario hay que adicionarle el generado por el COVID-19, que, como en todas las dimensiones, ha impactado dramáticamente al sector empresarial.
Por otra parte, los análisis del Observatorio han propiciado la oportunidad para entablar diálogos entre casi 500 empresarios con distintas capacidades de inversión y de diversos sectores, presentes en las 16 regiones PDET. Estos empresarios han sido reiterativos en reconocer sus responsabilidades y al señalar expectativas. De una parte, han expresado la importancia de impulsar la diversidad de los negocios, de llevarlos a cabo en el marco de la legalidad y de trabajar en los distintos sectores y de acuerdo con sus capacidades para adoptar las tendencias mundiales de vanguardia, según las cuales las empresas van más allá de su vocación de negocio y los desarrollan en forma responsable con sus entornos. En este empeño, los empresarios de las 16 regiones han hecho un llamado al sector bancario para que defina políticas de crédito acordes con las realidades regionales.
También, han reiterado la relevancia del papel del gobierno como impulsor de líneas productivas y orientador de la tarea del empresariado responsable, para que iniciativas como obras por impuestos[3] cumplan su misión; pero, además, como gestor de los instrumentos necesarios para asegurar la competitividad de sus negocios (conectividad, formación, etc.) y como garante de la seguridad, aún esquiva en varias regiones del país.
Estas conversaciones han relevado, además, el papel fundamental que pueden jugar las Cámaras de Comercio por su conocimiento y trayectoria en las regiones y por la información empresarial relevante con la que cuentan. Estos atributos, han expresado los empresarios, permiten a las Cámaras ser identificadoras de líneas productivas regionales, orientadoras de los inversionistas que llegan a las regiones y promotoras de la articulación de éstos con los empresarios locales. Pueden fungir como espacios de concertación y trabajo conjunto con los gobiernos locales y como gestores y veedores de las iniciativas que redunden en beneficios no sólo para los empresarios, sino para los ciudadanos en general. Los empresarios parecen no siempre conocer la amplia oferta de servicios de las Cámaras y los beneficios que su rol puede llegar a representar a la hora de hacer negocios en las zonas de Colombia más afectadas por el conflicto donde, más que tramitadores, las Cámaras están llamadas a ser agentes de transformación empresarial.
Frente a este escenario, el Observatorio está listo y disponible para trabajar con el gobierno, las Cámaras de Comercio, los empresarios y organizaciones relevantes, después del análisis riguroso y socialización de la información producida a partir de los datos que han provisto las propias Cámaras de Comercio y distintas entidades del Estado, en la siguiente fase de exploración y concreción de oportunidades empresariales que se materialicen vinculando alianzas estratégicas y que se traduzcan en iniciativas regionales de desarrollo, bienestar para sus comunidades y fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
[2] https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
[3] https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/obras_por_impuestos/abc_obras_por_impuestos-oxi#:~:text=Obras%20por%20Impuestos%20es%20un,la%20violencia%20y%20la%20pobreza.
