El rol del sector privado en la implementación integral del Acuerdo Final. Mas allá de las obras por impuestos.
Por: Daniel Cano | Coordinador de Relacionamiento Político, Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP, ha sido catalogado por el Instituto Kroc no solo como uno de los más innovadores, también el más comprensivo de los 34 acuerdos de paz monitoreados por este instituto a nivel mundial.
Este reconocimiento se debe a aspectos tales como la inclusión de manera robusta de los enfoques transversales de género, étnico y territorial, con el objetivo de beneficiar a las poblaciones más afectadas por el conflicto; así como al hecho de que más del 80% de los compromisos contenidos en el Acuerdo se enfocan a la creación de programas de desarrollo económico y social que le apuntan al cierre de brechas sociales.
Estos elementos diferenciales del Acuerdo colombiano representan un importante reto para el cumplimiento integral del mismo, ya que más allá de los procesos específicos de cese al fuego, dejación del armas y reincorporación del excombatientes, contenidos en el punto 3 sobre fin del conflicto, el acuerdo plantea un horizonte de transformación que va desde la reforma rural hasta la apertura democrática, pasando por la reparación integral a las víctimas y la solución al problema de las drogas ilícitas.
Una de las claves fundamentales para afrontar con éxito este desafiante panorama que plantea la implementación integral de un acuerdo tan ambicioso, tiene que ver con la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Si bien es cierto que tanto el Gobierno colombiano como las antiguas FARC-EP tienen la principal responsabilidad de adelantar las acciones necesarias para cumplir con lo acordado, también lo es el hecho que sin el concurso y corresponsabilidad de todos los actores sociales no es posible garantizar la sostenibilidad y legitimidad del proceso.
Es en este contexto en el que la vinculación del sector privado a la implementación del Acuerdo adquiere una relevancia crucial. Sin embargo, esta vinculación no puede ser entendida meramente desde la perspectiva económica de financiación de proyectos a partir de instrumentos tales como el de Obras por impuestos, que si bien representan un gran aporte en materia de recursos para apalancar la ejecución de un importante compromiso del Acuerdo como lo son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), resulta insuficiente para responder tanto las expectativas de los empresarios como a la complejidad del Acuerdo.
Históricamente sectores importantes del empresariado en Colombia han demostrado su interés por contribuir de diferentes maneras a la construcción de paz. Un ejemplo de esto ha sido su participación activa durante el proceso de negociación con las FARC-EP en La Habana, a través del envío de delegaciones e insumos para enriquecer los diálogos con la antigua guerrilla, o también los esfuerzos de diversos grupos empresariales para apoyar la reintegración socio económica de excombatientes, no solo a través de la financiación de proyectos productivos, sino también abriendo las puertas de sus empresas para facilitar la vinculación de laboral de hombres y mujeres que participaron en el conflicto armado. Muestra de ello es el trabajo de la Alianza Soluciones, una iniciativa que surgió en 2006 como un proyecto para generar oportunidades de empleo para desmovilizados de las autodefensas y que hoy 15 años después se ha convertido en un esfuerzo multisectorial para promover la generación de ingresos a través del emprendimiento, la empleabilidad y la formación del talento humano, tanto de excombatientes como de población víctima, impactando a más de 1.200 personas y promoviendo a su vez escenarios de reconciliación social.
Lo anterior deja en evidencia la necesidad de aproximarse a la vinculación del sector privado a la implementación del Acuerdo final desde una perspectiva más comprensiva, que integre tanto las potencialidades como las necesidades de las empresas y los territorios, en especial de aquellos municipios más afectados por el conflicto armado.
Para aportar a este análisis, en el marco del monitoreo de la implementación de los 578 compromisos del Acuerdo Final que realiza el Instituto Kroc por mandato de las partes firmantes, se han venido identificando una serie de iniciativas y procesos a nivel territorial que buscan impulsar diferentes compromisos del Acuerdo de Paz, a las cuales hemos denominado Factores de transformación. Se trata de procesos liderados por organizaciones de la sociedad civil, excombatientes y numerosas empresas a nivel local; que ofrecen luces y lecciones aprendidas sobre formas diversas de participación del sector privado en la implementación.
Un ejemplo de estos procesos es el que se viene adelantando entre la Comisión para el Esclarecimiento la Verdad (CEV) y algunos empresarios en Antioquia con el objetivo de fortalecer el trabajo de la comisión, así como mejorar la participación del sector privado en la recolección de información sobre las dinámicas del conflicto armado en la región. Como parte de este proceso, a finales de 2020, en el marco de un evento denominado “La voz de los empresarios en el esclarecimiento de la verdad”, el Padre Francisco de Roux presidente de la CEV y el reconocido empresario David Bojanini dialogaron públicamente sobre los retos del proceso y analizaron estrategias para superarlos con el ánimo de avanzar en uno de los aspectos claves para la reconciliación nacional como es el esclarecimiento de la verdad.
Otra iniciativa a destacar es el trabajo que vienen adelantando Proantioquia y Comfama para fortalecer al proceso de reincorporación de excombatientes en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación de Llano Grande, en el municipio de Dabeiba. Allí se ha avanzado en la compra de predios por parte de las empresas vinculadas a la iniciativa para lograr el desarrollo de proyectos productivos en los que no solo participan excombatientes sino también personas de la comunidad. Por su parte Comfama se encuentra desarrollando una investigación sobre imaginarios culturales de la población excombatiente cuyo resultado se traducirá en agendas culturales de múltiples formatos para socializar con las empresas vinculadas a esta caja de compensación familiar
Estos procesos resultan particularmente relevantes ya que evidencian el interés de muchos empresarios por asumir un rol más activo en la implementación integral del Acuerdo.
Si a esta disposición del sector privado de la que hemos dado solo algunos ejemplos, le sumamos el hecho de que las empresas tienen un profundo conocimiento de las necesidades de los territorios en los que operan y además cuentan con la capacidad técnica y operativa para gestionar de manera eficiente cualquier tipo de proyecto, veremos que el sector privado tiene el potencial de convertirse no solo en un actor importante para la implementación del Acuerdo Final, sino en el agente catalizador de los procesos transformacionales contenidos en cada uno de sus seis puntos.
Compromisos como la implementación del fondo de tierras y catastro multipropósito, los 16 planes sectoriales de la reforma rural, la reincorporación socioeconómica de excombatientes, las estrategias de encadenamiento productivo para familias vinculadas el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), e incluso los procesos de reparación colectiva a víctimas, no solo representan campos propicios para la vinculación activa del sector privado, sino que además constituyen el verdadero corazón del Acuerdo Final de Paz colombiano.
La comprensión del rol del sector privado en la implementación del Acuerdo a partir del principio de integralidad es un paso importante, pero su concreción dependerá de un esfuerzo articulado y sostenido en el tiempo entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, la sociedad civil y el tejido empresarial a lo largo y ancho del país.
