Es lo que hay
Por: Simón Mejía | Subdirector de Asuntos Públicos en JA&A
Tras casi cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la discusión que hubo en torno al plebiscito para refrendar al acuerdo sigue latente. El país sigue con discusiones polarizadas sobre la implementación de lo que se negoció en La Habana. Más allá del proceso que surtió este acuerdo, y que aún existan las discusiones acaloradas entre los del sí y los del no, hay elementos de su implementación que responden a necesidades que con o sin acuerdo hay que atender.
El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) surge como vehículo de implementación del primer punto del acuerdo sobre reforma rural integral. Es además un proceso ambicioso de planeación en el que las comunidades en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza plantearon su visión de desarrollo y que tipo de oferta de bienes y servicios públicos requieren para materializarla. Sin desconocer que surge a partir del Acuerdo de Paz, y sin querer establecer una posición a favor o en contra, hace años el Estado colombiano estaba en mora de hacer una propuesta como la del PDET.
Estos 170 municipios, agrupados en 16 subregiones, fueron seleccionados a partir de criterios como el nivel de afectación por el conflicto, la presencia de cultivos y economías ilícitas, los niveles de pobreza y la presencia institucional. Además, muchos de estos territorios cuentan con geografías accidentadas, que dificultan su conexión ya sea por redes de telecomunicaciones o con infraestructura, situación que se ve exacerbada por la presencia de grupos armados al margen de la ley. ¿Hace falta un acuerdo para priorizar la focalización de esfuerzos y recursos públicos en estas regiones? De ninguna manera.
La deuda histórica del Estado con estas regiones trasciende cualquier tipo de acuerdo independientemente quienes negocien, firmen y cómo se refrende. Precisamente, porque además de ser su obligación, es de interés nacional que el Estado llegue a todo el territorio, la focalización en las regiones PDET debió haber ocurrido habiendo o no un acuerdo. No se trata de encontrar culpables o de validar los puntos negociados por quienes se encargaron de victimizar estas regiones y de mantenerlas marginadas. La discusión hoy debería ser sobre lo que hay y cómo cumplir con la planeación, en la que por cierto este gobierno ha mostrado importantes avances.
Ahora, si bien las iniciativas consignadas en el PDET y su cumplimiento son un compromiso de este gobierno y de los que se elijan en 2022 y en 2026, hay otros actores que pueden tener una visión mucho más holística de estas regiones y de esta forma vincularse con el proceso de desarrollo y construcción de paz en estas regiones. Desde el sector privado, por ejemplo, se ha evidenciado el interés y disposición por movilizar recursos e involucrarse con estas regiones. El mecanismo de Obras por Impuestos ha facilitado que las empresas que hacen uso de él ejecuten más de $945.000 millones, de los cuales más o menos el 70% ha sido en 82 municipios PDET desde 2018.
Así mismo, la cooperación internacional también se ha alineado con la priorización de estas regiones. Sólo la misión en Colombia de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) ha han invertido 140 millones de dólares para fortalecer la presencia del Estado y robustecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil. El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz en Colombia ha hecho lo propio, con recursos comprometidos por 126 millones de dólares.
Para el sector privado y lo que han llamado el “tercer sector” (cooperación y ONG) no son discusiones políticas. En la medida en que haya estabilización en estas regiones y dejen de ser marginadas de los procesos de desarrollo del resto del país, Colombia será un país más competitivo. Si se alinea o no con los compromisos suscritos en el acuerdo de paz, como nación hay que atender la incapacidad del Estado y de los mercados por hacer presencia en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza.
Ahora, si bien es algo que hay que hacer, porque toca y porque hay un acuerdo que obliga a llegar a las regiones PDET, éstas también han sido especialmente afectadas por la pandemia, lo que agregaría que también deberían ser focalizadas en la implementación de medidas de reactivación económica y auxilios para la población.
Aún sin Acuerdo de Paz había que definir cómo el Estado iba a hacer presencia en todo el territorio Nacional, que tipo de iniciativa podría alinear en torno a un territorio los intereses de las empresas y del tercer sector. El PDET, a pesar de su carga de ser producto del acuerdo y los defectos que tiene cualquier política pública, permite articular diversos actores, de diferentes sectores entorno a un territorio. Por una parte, con los compromisos del Gobierno por llevar una oferta de bienes públicos en un plazo de quince años. Por otro lado, con la posibilidad de convertir regiones apartadas en espacios de oportunidad y parte del mercado por parte de las empresas. Si bien podría ser más rápido, hay avances en el PDET por parte de los actores mencionados anteriormente, es lo que tenemos hoy como priorización de las regiones y es la senda que se debe recorrer para equilibrar la cancha para las regiones. Con o sin acuerdo, se necesitaba.
