Una propuesta para la formalización empresarial
Por: Hernando José Gómez | Presidente de Asobancaria
Las perspectivas económicas para 2022 lucen muy positivas, pero en el horizonte más allá de este año, tenemos aún muchos retos para fortalecer y consolidar el crecimiento económico en al menos 4% anual, para impulsar la creación de empleo y combatir la pobreza y la desigualdad. La formalización empresarial es una gran aliada en estas metas, pero todavía hay mucho que hacer para impulsarla.
El informe de la Misión de Empleo mostró los grandes retos en esta materia, pues reportó que tan solo 1,3 millones de empresas de las 7,2 millones que se estima existen en Colombia cuenta con un Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio.
Con esta medida, el 82% de las empresas son informales y cuentan con trabajadores que no acceden en plenitud a los mecanismos de protección social.
Para las empresas, la formalización otorga ventajas bien conocidas que impulsan su crecimiento y productividad, a la vez que les permiten generar empleo de calidad. Entre estas se destacan el acceso al crédito del sector financiero privado, la posibilidad de recibir recursos de la banca de segundo piso y entidades estatales, y la participación en ruedas de negocios en todo el mundo. Además, la formalización empresarial favorece las finanzas públicas al incrementar el recaudo tributario y las contribuciones a seguridad social, pero igualmente demanda una mayor productividad de las empresas para financiarlo.
En los últimos años el país ha implementado diferentes estrategias en este frente, como la Ley 1014 del 2006 que buscaba fomentar las redes de emprendimiento, Colombia se formaliza entre 2012 y 2014, y más recientemente tanto el Conpes 3956 de formalización de empresarial, como la Ley de Inversión Social aprobada el año anterior, que facilita el acceso de más MiPymes al régimen Simple de tributación.
A pesar de esos esfuerzos, todavía hay un largo camino por recorrer en la formalización empresarial, y se requieren acciones para impulsarla como mejorar la calidad de la información empresarial, reducir la carga regulatoria y facilitar los procesos de registro, disminuir los costos no salariales que obstaculizan la generación de empleo formal y balancear las cargas tributarias entre personas naturales y jurídicas, además de prevenir tratos diferenciales en materia impositiva que promueven el arbitraje.
En este último punto, en concreto, una propuesta que ayudaría a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, consiste en que la exención en 4x1000 que actualmente aplica para las personas naturales se extienda a las personas jurídicas. Esto permitirá que los micro y pequeños empresarios puedan contar con una cuenta empresarial marcada como exenta, lo que contribuiría a mejorar los niveles de formalización, bancarización, incrementar la trazabilidad y reducir la evasión tributaria.
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