El sector privado: motor de transformación y desarrollo territorial

El pasado 6 de diciembre, con el apoyo de la Dirección de Sustitución de Cultivos ilícitos de la Agencia para la Renovación del Territorio -ART- y del Observatorio de Inversión Privada, la Consejería para la Estabilización y Consolidación realizó el evento El sector privado como motor de transformación y desarrollo territorial. Esta sesión, a la que asistieron de manera presencial y virtual: agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, academia, cooperación internacional e invitados destacados del sector privado, giró en torno al involucramiento y los aportes del sector privado en la transformación de las regiones PDET.

El evento propició un espacio para conversar sobre los avances de la implementación de la política de Paz con Legalidad, resaltar la vinculación del sector privado en los PDET y transmitir que el proceso de Paz es un esfuerzo de largo aliento. En este encuentro también se destacó la importancia de construir sobre lo ya construido (uno de los mensajes principales del Consejero Emilio Archila) y del papel que juega el sector privado en la transformación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.

La agenda de este evento inició con un balance, por parte del Observatorio de Inversión Privada, sobre cómo las conversaciones y procesos de Paz que ha vivido Colombia desde 1998 han impactado positivamente indicadores de inversión privada en el país y la convicción del sector privado en los PDET que se traduce en los $449 mil millones de pesos de Inversión Social Privada.

“No es tanto lo que el sector privado puede hacer por la Paz, si no lo que la Paz hace para el sector privado. (…) En menos de cuatro años, se ha casi duplicado el número de empresas nuevas en municipios PDET”, señaló Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga & Asociados.

Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy, durante su intervención enfatizó la importancia de las alianzas y el trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local, para generar oportunidades y desarrollo sostenible en las comunidades más vulnerables. De igual forma, Manuel señaló que los esfuerzos para la construcción de Paz son de largo aliento y requieren de una ejecución juiciosa y planeada que respete los Derechos Humanos.

Posteriormente, hubo conversaciones entre agencias del gobierno y representantes del sector privado. La primera de estas intervenciones fue por parte de Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, y Camilo Pinzón, director de inversión privada de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Ambos expusieron el valor de territorialización de la Paz con Legalidad, la importancia de incluir a los productores en las regiones y la necesidad de realizar una planeación de largo plazo. Muñoz señaló que, incluso, los productos con sellos de posconflicto o derivados de sustitución de cultivos ilícitos (Sellos Paissana y Sustitución) ya cuentan con valor agregado, por lo menos en los mercados internacionales.

En el siguiente punto de la agenda, conversaron Samira Fadul, vicepresidente de asuntos corporativos de Bavaria, y Vladimir Martin, jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas. Martin aseguró que las víctimas son el eje transversal de la política de Paz con Legalidad, ya que representan 9 millones de colombianos. Esta conversación giró en torno a cómo cumplirle a las comunidades y las posibilidades de ofrecer oportunidades para la productividad y la formalización en grupos vulnerables. Bavaria destacó sus programas que desde 2017 están enfocados en las mujeres, como el programa de Emprendedoras Bavaria que para 2021 atendió a 7.000 mujeres víctimas de todo el país.

Carlos Campo, director técnico de la ART y Rafael Pinto, vicepresidente de Parex Resources conservaron sobre el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, que es el vehículo de Paz con Legalidad para materializar la visión de desarrollo de los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Tanto Campo como Pinto señalaron la importancia de cumplirle a las comunidades, sobre todo cuando las iniciativas están orientadas a la oferta de bienes y servicios públicos que la misma comunidad solicitó. En este sentido, desde la ART se resaltaron avances en la ejecución de iniciativas en las 16 regiones PDET en cumplimiento de su mandato y la necesidad de hacer irreversible al PDET. Por su parte, Pinto destacó cómo las empresas pueden vincularse en ese proceso, desde programas de responsabilidad social hasta la ejecución por parte de las empresas de proyectos ambiciosos haciendo uso de mecanismos como el de Obras por Impuestos para mejorar las condiciones básicas de las poblaciones en las áreas de influencia del sector privado.

Posteriormente, Orto Zurique, asesor de la Dirección de sustitución de cultivos de la ART, y Oscar Darío Ramírez, director de Fedecacao, plantearon cómo el cambio en las regiones está dado por la posibilidad de ofrecer oportunidades en el marco de la legalidad y del mercado. Ejemplo de esto es el cacao como sustituto de los cultivos de coca, que ha permitido a pequeños productores y campesinos formalizar sus actividades, acceder a mercados legales e insertarse en cadenas de valor más amplias, que les permiten generar ingresos y no tener que abandonar sus predios.

La última conversación siguió la línea de la producción agrícola como vehículo para la transición. Andrés Stapper, director de Agencia para la Reincorporación y la Normalización y Aura Libia Espinosa, gerente socioempresarial de Tecnicafé usaron como ejemplo la caficultura. Por una parte, el gobierno ha hecho esfuerzos considerables para la regularización de los derechos civiles de los excombatientes y su capacitación para insertarse en dinámicas productivas. Por su parte, el sector privado ha hecho lo propio y por la vía de los proyectos productivos, muchos de ellos en actividades agropecuarias como la cafetera, ha promovido la inserción de los excombatientes en economías formales.

Conversaciones sobre cómo el sector privado se está vinculando con la construcción de Paz en Colombia y la importancia de que estos esfuerzos se mantengan, y ojalá crezcan, durante los próximos años son determinantes porque afectan al país en su conjunto. Existen muchos ejemplos de inversión privada responsable alineada con una visión de largo plazo para el mejoramiento y la sostenibilidad de las regiones en Colombia y el Observatorio de Inversión Privada los acompañará para que sus historias se conozcan y se repliquen sus exitosas experiencias.

“Hemos hecho un balance de cómo ha sido la vinculación del sector privado a la Paz con Legalidad. En todos los frentes hemos obtenido respaldo para que lo logrado perdure en el tiempo”, concluyó Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

El Observatorio de Inversión Privada, y su apoyo para destacar al sector privado como vehículo de estabilización, es una iniciativa del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) y Jaime Arteaga & Asociados. El Observatorio es apoyado por una subvención de la oficina del CIPE en Washington, D.C.