Colombia, país de regiones, con una paz por regiones
Por: Katherin Galindo @GalindoKatherin | Analista de riesgos en Colombia Risk Analysis
Construir la paz en Colombia requiere de una relación tripartita, entre las comunidades, las autoridades locales y nacionales, y el sector privado, de forma que se impulse el desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto. Pero, para lograr esto, es fundamental conocer los posibles riesgos que las empresas pueden enfrentar y que pueden desincentivar la inversión.
Construir la paz en Colombia debe ser una tarea en conjunto entre las comunidades más afectadas por el conflicto, las autoridades locales y nacionales, y el sector privado. El empresariado, en especial, cumple un rol fundamental aportando al desarrollo socioeconómico a nivel local que, en consecuencia, permite la consolidación de la paz. Así, el diálogo, la inversión y la creación de empleo son claves para que las empresas logren alinear su propuesta de valor con las necesidades de las comunidades y forjen relaciones de confianza que se traduzcan en una situación de “gana-gana”.
Esto necesariamente pone sobre la cuerda el centralismo que ha caracterizado al país. Razón por la cual, desde Colombia Risk Analysis, mediante nuestro Índice de Riesgos Subnacional, buscamos mostrar las complejidades y realidades de Colombia. Entendiéndola no como una unidad -donde los análisis se enfocan comúnmente en los principales centros económicos-, sino haciendo un zoom que permita entender los contextos departamentales, analizando los lugares más propicios para invertir con base en los riesgos potenciales y existentes que una empresa puede enfrentar.
Hasta el momento la relación entre el Gobierno de Gustavo Petro y el sector empresarial ha sido antagónica y de desconfianza por los diferentes ataques del Presidente hacia el empresariado. Sin embargo, en pro de lograr su agenda de Paz Total, será necesario que se reconfigure esta relación, con el fin de lograr alianzas y lograr nuevas cadenas productivas y de valor agregado en las zonas más afectados por la violencia. De igual forma, será necesaria una moderación hacia sectores claves para la economía nacional y de muchos departamentos, como lo es el sector extractivo. De los municipios PDET sale cerca del 58% del carbón, el 65,3% del oro y el 8,3% de los materiales de construcción que impulsan la economía nacional. De estos municipios también proviene el 2,7% de la producción de gas y el 9,3% del crudo del país. Además de esto, los municipios son una fuente importante de productos agrícolas como aguacate, cacao, café, caucho, aceite de palma y arroz.
Por otro lado, el Gobierno necesita trabajar e invertir en mejorar las condiciones de estas regiones, para volverlas más atractivas ante el sector empresarial a nivel nacional e internacional. Es entonces esencial entender las particularidades de cada departamento -incluso si nos vamos más profundo a nivel municipal, se pueden encontrar enormes diferencias-, de forma tal que las autoridades den respuestas efectivas a esos problemas, y las empresas tengan la ventaja de planificar, diseñar e implementar medidas de prevención y mitigación que permitan que sus inversiones sean rentables y sostenibles.
Según nuestro Índice, en su versión de 2021, los departamentos menos riesgosos para invertir fueron Cundinamarca (1), Boyacá (2) y Quindío (3). No obstante, en estos departamentos no hay presencia de municipios PDET. Al contrario, los departamentos más riesgosos fueron Caquetá (31), Guaviare (32) y Chocó (33), lo que desincentiva la inversión y, por ende, el desarrollo de 32 municipios PDET que están distribuidos entre los tres departamentos. Este resultado no se aleja de la realidad del conflicto, donde las zonas más alejadas y olvidadas son aquellas donde las categorías evaluadas tuvieron el peor rendimiento. Asimismo, como lo menciona el Ranking de Inversión Privada, del Observatorio de Inversión Privada, entre los mismos municipios PDET existe una brecha de desarrollo. Esto, entre otras cosas, está relacionado a su cercanía a cabeceras municipales que proporciona ciertas condiciones (como infraestructura y centros económicos un poco más desarrollados), que vuelven más atractiva y menos obstaculizada la inversión en esos lugares.
Lo anterior, pone en evidencia que Colombia sigue siendo un país de regiones, con profundas divisiones y grandes desafíos en términos de centro-periferia en cuanto a capacidad estatal, presencia de la fuerza pública, actores armados, desarrollo económico e infraestructura que dan muestra del desarrollo disímil entre los distintos departamentos. Las relaciones centro-periferia que se presentan en el país, como lo son departamento-municipio y cabecera municipal-zona rural, también dan cuenta de las diferencias territoriales en términos de desarrollo. Esto influye en los niveles de riesgo percibidos que pueden encontrar las empresas en sus análisis de mercado.
Esto no quiere decir que no sea posible o no se deba invertir en estas regiones. Por el contrario, es un llamado de atención al Gobierno para que dé las garantías necesarias que permitan la participación del sector privado en la construcción de paz en esas zonas, sin que el empresariado entre a sustituir al Estado; como ha pasado históricamente y hace proclive los choques entre las comunidades y las empresas, cuando las primeras no ven resueltas sus necesidades básicas insatisfechas.
Por último, como se mencionó en un principio, se necesita de esa relación tripartita entre los actores para la construcción de paz. Aunque, para potencializar el rol del sector privado y su impacto en las comunidades, será necesario que las inversiones que promuevan las empresas estén relacionadas con su esencia. De forma que puedan explotar su know-how, trabajando en conjunto con las comunidades para promover un desarrollo socioeconómico, que incluya no solo a las grandes empresas sino también emprendimientos, pequeñas y medianas empresas.
